Según una publicación del portal de la Presidencia de la República, del pasado 28 de marzo de 2022 (hace 8 meses), ya se tenía el proyecto del contrato ley que sería presentado a la empresa Minera Panamá y que, una vez firmado, sería enviado a la Asamblea Nacional.
Y es que, en un mensaje a la nación en vivo, el presidente Laurentino Cortizo había dicho en enero de 2022 que recibió de dicha empresa la aceptación de los términos negociados. Agregó que correspondería ahora cumplir los trámites y procedimientos pertinentes, que incluyen la redacción del nuevo contrato, la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General de la República y la aprobación por la Asamblea Nacional. Y para terminar con broche de oro, concluyó que los intereses de la nación quedaban de esta manera protegidos, para beneficio de los panameños.
Señaló el presidente en aquel llamativo mensaje de enero de 2022 que, de acuerdo con lo planteado, el país debe recibir ingresos superiores a los 400 millones de dólares por año, considerando el precio actual de la libra de cobre. Y agregó que el planteamiento económico de Panamá también garantiza que el país reciba un ingreso mínimo de 375 millones de dólares al año, cifra que supera según Cortizo, 10 veces lo recibido anteriormente por el Estado (esto último lo repitió dos veces). Pero resulta que, después de todo este cuento, han pasado 10 meses.
La mina, según reconocidos economistas, supuestamente vendió en 2021 alrededor de $3 mil millones con una utilidad de $1,400 millones. Desde el mensaje de Cortizo, se han vendido $2,200 millones adicionales que, de un total que supera los $5 mil millones en ventas, Panamá no ha recibido un solo centavo al día de hoy. No creo que el presidente se haya tirado sin paracaídas en aquellas conferencias de prensa de enero y marzo de este año. Pero si se supone que el gobierno había alcanzado un acuerdo con la minera, ¿por qué el mismo no se ha dado a conocer a la opinión pública? No se trata de creer que todo el gobierno es mentiroso, inepto y corrupto y que es la minera la que tiene la razón. Se trata de generar la credibilidad y la confianza en la ciudadanía, en el medio de un permanente y continuo cuestionamiento a un gobierno, cuya transparencia y rendición de cuentas son prácticamente nulas.
Pero no desechemos el previsible elemento clientelar desde la propia cabeza del Ejecutivo. El 28 de marzo pasado, en aquel mensaje a la nación, como la gran cosa, Cortizo reiteró que los intereses panameños están plenamente garantizados (esto lo difunde dos meses después de supuestamente haberse llegado a un acuerdo con la Minera). Pero como el factor demagógico era necesario para paliar las críticas ciudadanas ante su inacción frente a la crisis de la Caja de Seguro Social, agregó que $190 millones de los ingresos que otorgará la mina serán remitidos anualmente al IVM para fortalecerlo; un 20% de los ingresos serán adicionados para que ningún jubilado gane menos de$350 mensuales y un 25% de esos ingresos serían destinados a los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera y áreas colindantes con el proyecto. Pero resulta que no existe un documento que defina responsabilidades ni ganancias. Tanto así que esos intereses y bienestar de la nación que aseguraba Cortizo, dependen hoy de las onerosas firmas de abogados internacionales Squire Patton Boggs y Allen & Overy, mucho más que de la minera.
No critico que el Estado panameño tenga ahora que usar sus recursos, sapiencia y tiempo para salir de este embrollo. Critico nuevamente lo que parece ser una permanente actuación candorosa, irreflexiva, inconsciente e imprudente, como para tratar de quedar bien y salir del paso, del presidente de la República.
Queda entonces la hoja de ruta delineada hasta el 14 de diciembre, según el ministro de Comercio, para tomarse la decisión. Será cuando veremos a un gobierno empinarse para hacer cumplir lo que a principios de este año nos vendió el jefe del Ejecutivo como un hecho consumado o, si en lugar de los millones prometidos, tendrán que utilizarse nuestros propios millones de los fondos públicos para confrontar a la minera.
El autor es abogado
