Panamá tiene un problema crónico que nadie quiere nombrar con claridad: la Contraloría General de la República actúa como un portero burocrático que decide, antes de que se gaste un solo centavo del Estado panameño, si este gasto merece o no su bendición. Se llama control previo y es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país.
El mecanismo es simple en teoría: ningún pago del Estado puede ejecutarse sin el refrendo previo de la Contraloría. En la práctica, eso significa que proveedores, contratistas y empresas que trabajan con el Gobierno nacional esperan semanas o meses para cobrar servicios ya prestados, obras ya ejecutadas o bienes ya entregados. El Estado panameño recibe, pero no paga; o paga tarde. Y la Contraloría, lejos de agilizar, fiscaliza uno por uno cada acto administrativo antes de que ocurra, convirtiendo cada pago público en una carrera de obstáculos.
El resultado es devastador: proyectos paralizados, proveedores ahogados financieramente, empresas que abandonan licitaciones públicas porque no pueden asumir el riesgo de impago prolongado, y una administración pública convertida en un laberinto kafkiano donde el control se confunde con la coadministración.
Panamá no está sola en la región, pero sí está en minoría. Y esa minoría cada vez se reduce más.
Nuestro país vecino, Colombia, eliminó el control previo en 1991. La propia Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución lo calificó de “funesto para la administración pública”, porque había convertido su actuación en lo mismo que está ocurriendo en Panamá: una Contraloría que se convierte en coadministradora —arbitraria a veces— del Estado, bloqueando decisiones que no le corresponden por ser exclusivas de las autoridades. Desde entonces, Colombia aplica el control posterior y selectivo: primero se ejecuta, luego se audita. El resultado ha sido una administración pública más ágil y una Contraloría que recuperó su verdadero rol: ser fiscalizador independiente, no obstaculizador preventivo.
Países como Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, México y Perú adoptaron modelos similares basados en auditoría posterior. Perú, en particular, ha demostrado que el control puede ser preventivo sin ser previo, lo que se conoce como control concurrente, pues entre 2024 y 2025 su Contraloría reactivó cientos de obras públicas paralizadas, movilizó más de mil millones de dólares y generó miles de empleos, acompañando la gestión pública en lugar de bloquearla, como también ocurre en Chile, el Reino Unido y Corea del Sur.
¿Qué países mantienen aún el control previo en la región? Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Panamá. Una compañía poco envidiable.
Los defensores del sistema actual dirán que nada pueden hacer porque el control previo está en la Constitución. Esto es cierto, pero no es toda la verdad, porque el artículo 280 de la Constitución panameña faculta a la Contraloría a determinar ella misma los casos en los que ejercerá control previo o posterior. De forma sencilla, su misma ley permite reducir el control previo sin necesidad de reformar la Constitución. Falta voluntad política.
Y mientras esa voluntad no llega, la Contraloría anuncia que ampliará el control previo a las universidades nacionales y al Tribunal Electoral. Puede que la intención sea loable, pero al final tendremos más burocracia y retrasos, y más sectores de Panamá paralizados.
Sus defensores sostienen que el principal argumento para mantener el control previo es que sin él se dispara la corrupción. Este es un argumento falso. Colombia lleva más de treinta años sin control previo y no por eso es más corrupta que Panamá. La corrupción no se combate revisando papeles antes de firmar cheques: se combate con fiscalías independientes, tribunales que condenan y auditorías posteriores que detectan el daño y exigen responsabilidades. El control previo no previene la corrupción; solo la retrasa y complica —cuando no la aumenta— añadiendo capas de trámite que, irónicamente, también pueden ser capturadas.
Panamá necesita una Contraloría moderna, ágil e independiente que audite resultados, no una oficina de sellos que bloquea pagos. El modelo ya existe, funciona en la mayoría de los países de la región y tiene nombre: el control posterior, selectivo y basado en riesgos.
Mientras en países como España, al igual que en los países de la Unión Europea, la ley obliga a la Administración a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días, bajo supervisión pública del período medio de pago y con sanciones financieras si se incumple, en Panamá el problema sigue siendo anterior: los proyectos se paralizan antes siquiera de poder ejecutarse.
Seguir defendiendo el control previo como escudo anticorrupción, a estas alturas del primer cuarto del siglo XXI —cuando la inteligencia artificial ya se utiliza en la administración pública—, es una excusa para mantener un poder burocrático que no beneficia al ciudadano. Solo lo perjudica.
El autor es doctor en derecho y profesor de la Universidad de Panamá.
