La geografía, en la geopolítica del siglo XXI, vuelve a ser destino (H. Mackinder, et al.). Groenlandia, esa vasta masa terrestre integrada físicamente en la placa tectónica norteamericana, y Panamá, el istmo que articula el comercio global, se encuentran hoy en el epicentro de una redefinición de poder.
En 2025, el surgimiento del denominado Corolario Trump ha transformado la Doctrina Monroe (diciembre de 1823) de una reliquia histórica en una herramienta de control activo y transaccional. Este “Corolario” implica que Estados Unidos interviene no solo por ideología (como la Doctrina Monroe per se), sino por el control de activos económicos y tecnológicos en su visión global de política exterior conocida como ‘America First’. Para Panamá, que continúa con perseverancia defendiendo su derecho soberano frente a nuevos desafíos externos y presiones geopolíticas globales, la neutralidad no es opcional.
Bajo esta nueva visión, Washington ha dejado de percibir a sus vecinos y aliados como socios autónomos para considerarlos bajo una “jurisdicción de seguridad nacional”, ligada a la economía como fuente generadora de poder, prosperidad y riqueza. El lema decimonónico de “América para los americanos” ha mutado en una política de aseguramiento de activos críticos. En este tablero, la soberanía de terceros países se vuelve secundaria frente a los imperativos de seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente ante el avance de China y Rusia en el hemisferio.
El caso de Groenlandia es el síntoma más agudo. La presión de la administración Trump sobre Dinamarca para incrementar el gasto militar o aceptar una mayor integración económica no es un capricho inmobiliario; es la construcción de un ‘Muro del Norte’ contra las potencias extrarregionales. Este giro ha llevado a que el gobierno danés, en su reciente Perspectiva de Inteligencia 2025 (Intelligence Outlook 2025 Report, the Danish Defence Intelligence Service – FE/DDIS), identifique por primera vez a Estados Unidos como un riesgo potencial para su seguridad nacional, evidenciando una fractura sin precedentes en la confianza transatlántica, ya de por sí bastante vulnerada por las acciones de Washington en su relación con sus aliados de la OTAN (entre ellos, Dinamarca y Canadá).
Esa tensión quedó evidenciada el lunes 22 de diciembre de 2025, cuando la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, emitieron una declaración conjunta en respuesta al nombramiento por parte de Estados Unidos de un enviado especial a Groenlandia. En el comunicado, ambos líderes subrayaron que “las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional” y advirtieron que ningún país puede ser anexado, “ni siquiera bajo el argumento de la seguridad internacional”. La declaración rechazó explícitamente cualquier intento de apropiación territorial y afirmó que “Groenlandia pertenece a los groenlandeses”, dejando claro que, aunque existe apertura a la cooperación, el futuro del territorio será decidido exclusivamente por su población.
Para Panamá, este desplazamiento doctrinal debe encender las alarmas. Si el Corolario Trump dicta que el Hemisferio Occidental debe estar libre de “influencias malignas”, la infraestructura del Canal y el sistema portuario nacional entran directamente en el radar operacional del Pentágono. La presión hoy no se limita a la seguridad fronteriza, los flujos migratorios irregulares, el crimen organizado transnacional o el narcotráfico (amenazas y desafíos a la “seguridad multidimensional” hemisférica), sino a la exclusión total de capitales estratégicos chinos en las riberas de la vía interoceánica o en el país.
Ante esta realidad, surge una respuesta diplomática inesperada. El pasado 24 de marzo de 2025, en la sede de la ONU, los cancilleres de Panamá y Dinamarca protagonizaron un acto de coordinación estratégica. Esta “extraña alianza” entre dos naciones pequeñas que custodian los pasos marítimos más importantes del continente —el Canal y la ruta del Ártico— representa una “resistencia pragmática” no confrontacional. Ambos Estados han comprendido que, ante el unilateralismo, el sistema multilateral es el único escudo legal capaz de elevar el costo político de cualquier intervención.
A esta dinámica se suma Canadá, que observa con cautela cómo el concepto de “socio estratégico” se desvanece hacia el de dominio operacional entre el Comando Norte y el Comando Sur de Estados Unidos, además de la pretensión de que sea el Estado No. 51 de la Unión. La idea de un eje de bajo perfil de consultas permanentes Ottawa–Panama City–Copenhague, basado en cooperación mediante el intercambio de protocolos de defensa cibernética para proteger el Canal (ACP) y las instalaciones de alta tecnología en Groenlandia ante ataques que buscan desestabilizar el comercio mundial afectando las cadenas de suministro global (una especie de “Escudo Nórdico-Istmeño”).
Adicionalmente, con creatividad e ingenio se pueden generar otras acciones o iniciativas que busquen la defensa de la gestión nacional de activos estratégicos (“resiliencia de infraestructuras”). La acción coordinada de los tres países ya ha logrado que la Unión Europea emitiera una declaración de respaldo explícito a la soberanía danesa sobre Groenlandia y a la panameña sobre el Canal, elevando el costo diplomático de cualquier acción punitiva externa.
La acción coordinada en el Consejo de Seguridad de la ONU también es un valioso activo político-diplomático para que ambos Estados forjen una mini-alianza en el ámbito multilateral como miembros no permanentes electos del Consejo (2025-2026).
El reto para la política exterior panameña es mayúsculo. Desde la transferencia del Canal en 1999, el país no enfrentaba una presión de tal magnitud sobre su vocación de neutralidad. El dilema es claro: ¿cómo gestionar la relación con nuestro “socio mayor” cuando su prisma transaccional choca frontalmente con nuestra propiedad jurídica y administrativa del Canal? En esta dinámica conductual de la política exterior de Washington, el desafío de seguridad para las naciones soberanas del continente es cómo navegar con pragmatismo en un hemisferio donde el ejercicio y mantenimiento de la neutralidad es cada vez más difícil.
Panamá debe navegar estas aguas con una diplomacia de “precisión quirúrgica”. En un mundo donde la neutralidad estratégica se vuelve un lujo costoso, el uso de la institucionalidad internacional y la asociación con actores en situaciones análogas son las herramientas para preservar nuestra soberanía. Esta no se negocia en términos transaccionales; se ejerce a través de la coherencia diplomática. ¡Panamá no puede continuar siendo un simple espectador de su fatalismo geográfico-transitista, sino ser el gestor de su destino!
El autor es analista de relaciones internacionales y asuntos de seguridad internacional, política exterior, diplomacia y economía política.
