Hoy se ha vuelto habitual señalar a los contratistas como los responsables naturales de obras retrasadas o inconclusas. Estos suelen guardar silencio por miedo a represalias. Y aunque esa narrativa resulta conveniente, no siempre es cierta, especialmente cuando los hechos se repiten y las consecuencias son previsibles. Bajo esa particular circunstancia, callar ya no es prudencia: es complicidad.
Por eso hablo ahora sobre el proyecto de construcción de la nueva sede del Comisariato “El Paco”, que no es solo una obra pública más, sino una instalación pensada para abastecer a las unidades de la Policía Nacional que están en la calle, las mismas que enfrentan a diario la inseguridad y la presión del servicio.
Esta obra, administrada por la Policía Nacional, atraviesa una crisis que merece ser explicada desde sus antecedentes. No se trata de un conflicto reciente ni de un desacuerdo técnico puntual, sino de la reaparición de un problema institucional que el propio Estado ya conoció, litigó y decidió cerrar formalmente.
El proyecto tiene historia, una historia incómoda. En 2019, las actuaciones de la Policía Nacional censuradas por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas trascendieron a la esfera judicial, escalando durante más de cinco años. Solo pudieron cerrarse mediante un acuerdo de transacción judicial, aprobado por todas las instancias del Estado. No fue favor ni concesión: fue el reconocimiento de que el conflicto no era atribuible al contratista, sino a errores estructurales, vicios ocultos y decisiones administrativas deficientes.
Hoy, bajo la dirección de Jaime Fernández, la Policía Nacional parece decidida a repetir el mismo libreto, como si nada de lo narrado hubiera ocurrido, intentando romper el acuerdo judicial y rescindir el contrato por situaciones y conductas exactamente iguales a las censuradas en 2019. Se omiten hechos documentados, como una línea eléctrica soterrada, y se minimizan antecedentes jurídicos incómodos para construir una narrativa artificial de incumplimiento del contratista, con el fin de encubrir errores propios.
Esto no es control; es, más bien, el uso instrumental y errático de potestades públicas. Y cuando una institución encargada de hacer cumplir la ley actúa bajo una lógica inquisidora —primero acusar y luego buscar cómo sostener la acusación—, el problema deja de ser contractual y pasa a ser institucional.
Lo más grave es que esta conducta no perjudica únicamente a un contratista. Los perjudicados directos son las propias unidades de la Policía Nacional, que siguen sin contar con una infraestructura esencial para su operación, y los contribuyentes, que ya financiaron una obra con un avance significativo cercano al 75%, y que ahora enfrentan el riesgo real de volver a pagar las consecuencias de otro conflicto mal gestionado.
Conviene decirlo sin rodeos: si el Estado vuelve a perder, el costo no será retórico. Será económico, patrimonial y reputacional. Ya existe un monto reconocido que quedó latente tras la transacción anterior, de cerca de $3 millones en daños y perjuicios. A ello se sumarían nuevos daños, mayores costos, litigios adicionales y controversias accesorias. Todo perfectamente evitable; todo innecesario. Persistir en esta ruta no protege el interés público; lo expone.
Desde mi posición, la situación resulta difícil de ignorar. Los criterios aplicados no parecen haber sido uniformes, y existen precedentes cercanos en los que, ante incumplimientos evidentes, se tramitaron cesiones, montos adicionales considerablemente onerosos y se concedieron plazos y tratamientos significativamente más amplios. En este caso, con una obra casi terminada y frente a circunstancias distintas y debidamente documentadas, la respuesta ha sido otra, lo que inevitablemente genera la percepción de un trato desigual que merece ser explicado.
Escribo estas líneas no solo como parte interesada, sino como contratista que ha vivido desde dentro las consecuencias de este conflicto. Las describo para dejar constancia histórica de que, aun cuando el curso de los acontecimientos pudiera eventualmente beneficiarme, intenté hasta el último recurso evitar un daño mayor al patrimonio de mi país. Advertí, documenté, propuse salidas institucionales. Insistí en soluciones que cerrarían el conflicto de manera ordenada y conforme a derecho, y que habrían permitido la terminación y entrega del proyecto.
Si lo que venga después termina nuevamente en tribunales, no será por falta de opciones ni advertencias. Será porque alguien decidió que era preferible insistir en una narrativa artificial antes que corregir una realidad incómoda. Y cuando eso ocurra —como ya ocurrió antes—, el costo no recaerá en quienes toman esas decisiones, sino en las unidades policiales que siguen esperando su infraestructura y en los ciudadanos que, una vez más, pagarán los efectos de una obstinación que pudo evitarse.
El autor es contratista.
