Cuando se vislumbra la obtención o alcance de objetivos determinados, se le denomina planificación. Ahora cabe la interrogante: ¿tiene este país objetivos claros o se vive respondiendo al día a día? ¿Acaso sabemos o tenemos idea de qué país queremos ser en el futuro cercano o mediato?
Es válido y comprensible que algunas personas, dado su tiempo de vida, mantengan un estilo de vivir el día a día. Sin embargo, a un país, sus municipios y ciudades, ese estilo no les corresponde. Estos deben desafiar al tiempo, y para ello es necesario prepararlos a través de un proceso llamado planificación; así es como actúan los países y sociedades con visión de futuro positivo.
En mayo pasado, fueron electos desde el presidente del Ejecutivo hasta representantes de corregimientos. Escuché a algunos candidatos decir durante la campaña: “Tengo mi plan de país, de ciudad, de municipio o corregimiento”. Muchos aún lo esgrimen a viva voz: “Mi plan”, como si su concepción fuera una revelación o una panacea para resolver las necesidades reales del país, municipio o corregimiento. Nada más alejado de la realidad.
En 1998, el entonces MIPPE (Ministerio de Planificación y Política Económica) se convirtió en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), y hasta la fecha, algunos creen que el desarrollo ocurre sólo con dinero, en la banca y en el aire. Hay que entender que todo lo que hacemos ocurre para la población y sobre el suelo. Por lo tanto, hay que conocer las fortalezas y debilidades del territorio del Estado, y planificar en función de ello. La planificación es la base donde todo ocurre y de donde se sustenta el desarrollo. Conociendo bien el territorio, planificando y utilizando sus recursos, desde su ubicación hasta el subsuelo, y con la participación de la población, se fundamentan el poder, la economía y el desarrollo. Las finanzas son un resultado de ello, no lo contrario.
Sin embargo, como dice el refrán: “A falta de pan, buenas son tortas”. Pareciera que no existen planes de desarrollo a ningún nivel político-administrativo en esta República. Cada funcionario electo llega al cargo con ideas propias, tal vez escritas en una hoja de papel, sobre la cosa pública, y ejecuta sus propuestas durante cinco años con los recursos del erario, sin consultar a las comunidades ni escuchar sus opiniones o los problemas que las aquejan. Puede que lleguen con buena fe, pero sin conocer a ciencia cierta el territorio del Estado ni a su población. Es como recetar un medicamento a un paciente por un malestar que el médico imagina.
Los nuevos funcionarios esperan que el anterior haya dejado todo en orden, y cuando no es así, se quejan. Pero esto nunca cambiará si no se les proporcionan directrices ni herramientas, es decir, sin planes, programas ni proyectos. El resultado es siempre el mismo: desgreño de los recursos del Estado, continuidad del subdesarrollo, falta de transparencia y, por ende, corrupción.
El autor es abogado y urbanista
