Con la designación del Tren de Aragua (TdA) como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos dio los primeros indicios sobre las posibles maniobras que marcarían su política exterior en el hemisferio.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos desplegó una operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro; sin embargo, esto no implica la erradicación total del régimen chavista. Actualmente, de acuerdo con una orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría la jefatura del gobierno, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos “controlaría” Venezuela hasta que se produzca una transición.
Incertidumbre sobre lo que sigue para Venezuela
Pese a la captura de Nicolás Maduro, las estructuras del régimen chavista permanecen activas. Es previsible que las distintas ramas de control que el régimen mantiene en el país sudamericano intenten conservar sus posiciones de poder. Sin embargo, tanto el gobierno de facto venezolano como el gobierno estadounidense se contradicen respecto al siguiente paso. La vicepresidenta venezolana afirmó en cadena nacional que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela, mientras que Trump declaró que ella trabajaría con Estados Unidos; no obstante, el escenario sigue siendo incierto.
Por otro lado, Trump sostuvo que veía “muy difícil” que la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asumiera las riendas del país. Aquí emerge uno de los problemas centrales tras la captura de Maduro: ¿quién tiene realmente la legitimidad para decidir el futuro político de Venezuela?
El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que los militares involucrados en la operación en Venezuela dedicaron sus vidas a “defender” a su país. Esta retórica se sustenta en la designación del TdA como organización terrorista y en la caracterización de Maduro —junto con otros miembros del llamado círculo cero del régimen— como líderes de dichas organizaciones, lo que habilitaría el uso de mecanismos legales como el Patriot Act, oficialmente denominado Ley para unir y fortalecer a Estados Unidos proporcionando las herramientas adecuadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo. Esta legislación amplía las facultades de vigilancia, el uso de la fuerza y el poder militar, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Conservadurismo estadounidense y fortalecimiento de la Doctrina Monroe
Mientras no exista una ruta clara —o, en su defecto, una transición con la toma de posesión del presidente electo, Edmundo González Urrutia— se combinan temores y expectativas sobre lo que puede ocurrir en los próximos días. No hay dudas sobre el poderío militar de Estados Unidos; sin embargo, sus acciones armadas en Sudamérica han despertado profundas inquietudes regionales. Tras la captura de Maduro, Trump advirtió al presidente colombiano, Gustavo Petro, acusándolo de “enviar” cocaína a Estados Unidos y señalando que debería tener cuidado.
La Doctrina Monroe, surgida en el siglo XIX como advertencia a las potencias europeas frente a intervenciones en América, terminó convirtiéndose en un instrumento de hegemonía estadounidense. Bajo la consigna de “América para los americanos”, Estados Unidos se autoproclamó policía del continente, justificando intervenciones que profundizaron la inestabilidad política de una región marcada por desequilibrios económicos, crisis recurrentes, dictaduras y Estados fallidos.
Contexto de las relaciones internacionales
Resulta imposible excluir del análisis los límites legales de la política interna estadounidense y del derecho internacional, este último pilar del equilibrio entre los Estados. En el plano interno, las disputas entre Republicanos y Demócratas, altamente polarizados, en torno a la ausencia de consultas al Congreso, podrían profundizar la fragmentación política del país norteamericano, con miras a las elecciones de medio término de noviembre de 2026.
En el plano externo, las operaciones militares en Venezuela ya han impactado de manera significativa las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, reforzando tanto los bloques alineados con Washington como aquellos que representan a la izquierda regional. Las preocupaciones por la violación de la soberanía nacional podrían derivar en riesgos de escalada más allá de Venezuela, especialmente en países como Cuba y Colombia, sobre los cuales Trump ha sido particularmente enfático.
Lo cierto es que, sin acciones concretas y una transición hacia un gobierno con legitimidad popular, esta intervención militar podría agravar la crisis venezolana, especialmente en el ámbito de la geopolítica petrolera, atrayendo a otras superpotencias y reinsertando a América Latina en conflictos de escala global.
El autor es internacionalista.
