Hay pérdidas que no ocupan titulares, pero están a plena vista: patios institucionales con vehículos oxidados, oficinas con mobiliario en desuso, equipos sin reparar, depósitos desorganizados y edificios deteriorados.
El país no necesita un escándalo para perder recursos. Basta con omitir el mantenimiento, descuidar los inventarios o permitir que un bien llegue al abandono antes de cumplir su vida útil. Aunque parezca no tener dueño, lo pagó la ciudadanía con impuestos y sacrificio.
Un vehículo abandonado no es solo un automóvil viejo. Representa una adquisición realizada con fondos públicos, además de gastos en combustible, seguros, repuestos y mantenimiento. Lo mismo ocurre con computadoras, herramientas, mobiliario, equipos e instalaciones deteriorados por falta de cuidado.
Las cifras revelan la magnitud del problema. En 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas recolectó 4,185.41 toneladas de excedentes estatales y reportó ingresos por B/.293,730. MiAmbiente informó en marzo de 2025 que había recibido cerca de 700 vehículos dañados: 292 destinados al descarte y 388 que requerían reparación. Estas acciones permiten recuperar espacios, pero obligan a preguntar por qué tantos bienes llegaron a ese estado.
Comprar bienes nuevos puede ser necesario, pero no debe ocultar la falta de planificación. Reparar a tiempo suele costar menos que reemplazar tarde. Prevenir ahorra; cuidar dignifica; dejar perder empobrece al país.
Toda entidad necesita inventarios confiables, custodios identificados, mantenimiento preventivo y procedimientos transparentes para reparar, reasignar o dar de baja un bien. Un inventario digital debe mostrar la ubicación, el estado, el responsable, las reparaciones traslados y el destino final de cada activo. El descarte tampoco debe impedir conocer cuánto costó el bien, cuánto tiempo prestó servicio, qué mantenimiento recibió y por qué dejó de funcionar. Sin trazabilidad, la responsabilidad se diluye.
La chatarra visible también puede revelar una “chatarra administrativa”: combustible sin control, viáticos mal sustentados, compras repetidas, contrataciones de emergencia convertidas en costumbre y expedientes incompletos ante una auditoría. Cada falla resta recursos a escuelas, hospitales, caminos y servicios esenciales.
El cuidado de los fondos públicos también comprende el tiempo pagado por el Estado. En abril de 2026, la Contraloría General de la República registró 265,164 funcionarios y una planilla bruta mensual de B/.451 millones. Ante esa dimensión, la asistencia y el cumplimiento laboral no son asuntos secundarios.
Las vacaciones, los permisos y las licencias deben solicitarse, autorizarse y registrarse antes de hacerse efectivos. Ninguna institución puede tolerar que una persona se ausente y, al regresar, complete o firme registros de asistencia como si hubiera trabajado durante ese período. De comprobarse, no se trataría de una formalidad pendiente, sino de una irregularidad grave que comprometería la veracidad de los registros y el sustento de pagos realizados con fondos públicos.
La responsabilidad no recae únicamente en quien firma. También alcanza a quien debía revisar y no actuó, permitió completar documentos después de los hechos o guardó silencio. La omisión del control también genera responsabilidades y le cuesta al país.
Recursos Humanos, las jefaturas y las auditorías internas deben confrontar los registros de asistencia con las vacaciones, los permisos y las licencias autorizados. Toda corrección posterior debe quedar fechada, sustentada e identificada. Un control que solo funciona cuando alguien denuncia no es efectivo.
Cuando la responsabilidad se diluye entre oficinas, trámites y silencios, se transmite la idea de que abandonar un bien, omitir un control o registrar una asistencia que no corresponde con la realidad puede quedar sin consecuencias. Determinar quién actuó, quién autorizó, quién debía supervisar y quién omitió intervenir no es persecución: es proteger los recursos públicos y evitar que la falta se repita.
Quien ocupa un cargo público debe comprender que su jornada, sus funciones y los bienes bajo su cuidado forman parte del mismo compromiso. No basta con estar nombrado: hay que servir. No basta con marcar: hay que cumplir. No basta con recibir recursos: hay que responder.
El ciudadano paga por el vehículo abandonado, el equipo sin mantenimiento, la hora no trabajada, el registro que no corresponde con la realidad y el silencio de quienes debían actuar.
Cuidar lo que pertenece a la nación debe ser una norma ética permanente. La pregunta queda sobre la mesa: ¿cuánto pierde Panamá no solo por lo que le quitan, sino por todo aquello que simplemente se deja perder?
La autora es educadora.
