La política tributaria moderna debe trascender su función tradicional de recaudar ingresos para convertirse en un instrumento que promueva el desarrollo económico y el bienestar social. En ese contexto, los créditos fiscales representan una herramienta valiosa, siempre que su diseño responda al interés público y no exclusivamente a la disminución de la carga tributaria de quienes generan mayores utilidades.
El crédito fiscal no debe convertirse en un mecanismo para reducir impuestos sin generar beneficios tangibles para la sociedad. Su verdadera finalidad debe ser incentivar inversiones privadas que fortalezcan la infraestructura pública estratégica, particularmente en escuelas, hospitales y centros de salud, donde el retorno social supera ampliamente el costo fiscal asumido por el Estado.
Cuando una empresa contribuye a rehabilitar una escuela, modernizar un hospital o construir infraestructura educativa y sanitaria, no solo está realizando una inversión física. Está fortaleciendo el capital humano, mejorando la productividad futura del país y creando condiciones para un crecimiento económico más sólido y equitativo. Estos proyectos generan beneficios que alcanzan a toda la sociedad y justifican plenamente la existencia de incentivos tributarios cuidadosamente diseñados.
La experiencia internacional demuestra que los incentivos fiscales vinculados a infraestructura pública pueden ser exitosos cuando se sustentan en principios de transparencia, adicionalidad y rendición de cuentas.
En Perú, el programa Obras por Impuestos, vigente desde 2008, permite que las empresas financien proyectos públicos priorizados por gobiernos regionales y municipales, recuperando posteriormente su inversión mediante certificados aplicables al pago del impuesto sobre la renta. Este mecanismo ha permitido acelerar la construcción y rehabilitación de colegios, hospitales, sistemas de agua potable y carreteras en zonas donde la inversión pública tradicional enfrentaba importantes retrasos. Su principal fortaleza radica en que las obras deben ser previamente aprobadas por las autoridades competentes y responder a necesidades públicas claramente identificadas.
En Brasil, diversos estados han desarrollado programas de incentivos fiscales dirigidos a proyectos sociales, culturales y de salud, permitiendo que empresas destinen parte de su obligación tributaria al financiamiento de iniciativas de interés público. Aunque los esquemas varían entre estados, el principio común consiste en canalizar recursos privados hacia inversiones con impacto social medible.
En Estados Unidos, el gobierno federal y numerosos estados han utilizado durante décadas créditos fiscales para incentivar inversiones privadas en comunidades vulnerables mediante programas como el New Markets Tax Credit, orientado a financiar infraestructura comunitaria, centros de salud, escuelas y proyectos de desarrollo económico en áreas de bajos ingresos. Estos incentivos están condicionados al cumplimiento de objetivos sociales específicos y a estrictos mecanismos de supervisión.
En el Reino Unido, las alianzas entre el sector público y privado para infraestructura educativa y hospitalaria han incorporado incentivos económicos que buscan movilizar inversión privada sin perder el control público sobre la calidad, la ejecución y el uso de los recursos. La participación empresarial se entiende como una herramienta para acelerar proyectos prioritarios y no como un simple beneficio tributario.
Estas experiencias evidencian que el éxito de los créditos fiscales depende menos del incentivo mismo que de su diseño institucional. Cuando existen criterios claros de elegibilidad, supervisión independiente, evaluación de resultados y límites razonables al beneficio fiscal, el mecanismo puede convertirse en un poderoso catalizador de inversión pública.
Por ello, la participación de la empresa privada debe enmarcarse dentro de un verdadero esquema de corresponsabilidad con el Estado. No se trata únicamente de compensar impuestos, sino de contribuir activamente al desarrollo nacional mediante inversiones que eleven la calidad de la educación, fortalezcan los servicios de salud y mejoren la infraestructura que sostiene el crecimiento económico.
Una política fiscal moderna debe priorizar la inversión productiva sobre los beneficios tributarios de corto plazo. Debe fortalecer el capital humano, reducir las brechas de infraestructura y generar condiciones para una mayor competitividad del país. Los incentivos fiscales deben ser un medio para alcanzar esos objetivos y no un fin en sí mismos.
Cuando el sector privado invierte en escuelas donde se forman los futuros trabajadores o en hospitales que preservan la salud de la población, el beneficio trasciende a la empresa y alcanza a toda la economía. Esa es la verdadera esencia del crédito fiscal: transformar recursos tributarios en activos públicos que impulsen el desarrollo sostenible.
El desafío consiste en construir un modelo donde el Estado mantenga la rectoría de las prioridades nacionales, el sector privado aporte eficiencia y capacidad de inversión, y la ciudadanía reciba infraestructura pública de calidad. Solo así el crédito fiscal dejará de verse como un privilegio tributario para convertirse en una auténtica política de desarrollo.
Ese es el camino hacia un crecimiento económico sostenible, inclusivo y basado en una alianza estratégica entre el Estado y la empresa privada al servicio del interés nacional.
El autor es abogado.
