Panamá atraviesa una coyuntura crítica que exige decisión, claridad institucional y sentido de responsabilidad histórica. Los bloqueos sostenidos de vías y espacios públicos han pasado de ser expresiones legítimas de protesta a convertirse en acciones de fuerza que paralizan el país, vulneran el orden público y atentan contra derechos fundamentales como la libre circulación, el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Nos encontramos ante un dilema que no admite ambigüedades: ¿puede una democracia permitir que el desorden imponga su voluntad sobre el interés general? Mi respuesta es clara: no. El Estado tiene la obligación constitucional y ética de actuar con firmeza y proporcionalidad para restablecer la normalidad y proteger a la mayoría silenciosa que, sin marchas ni pancartas, padece en hospitales sin insumos, en negocios quebrados y en hogares angustiados por la incertidumbre.
La protesta pacífica es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Pero cuando se convierte en bloqueo, coerción o impedimento sistemático al funcionamiento de la vida nacional, ya no estamos ante el ejercicio de una libertad, sino frente a una transgresión del marco legal y social que nos rige a todos. El derecho a protestar no puede estar por encima del derecho a vivir en paz.
Panamá no puede ceder al caos como forma de negociación. Ceder ante la imposición de medidas de hecho envía un mensaje devastador: que el orden institucional es débil y negociable, que quien grita más fuerte o paraliza más vías tiene ventaja sobre quienes respetan las reglas. Ese no es el país que debemos construir. Ese no es el futuro que merecen las próximas generaciones.
El artículo 310 de la Constitución es claro en su mandato: la Fuerza Pública existe para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y para mantener el orden público. Este no es un llamado a la represión ni a la violencia institucional. Es, por el contrario, un llamado a que el Estado ejerza su autoridad con legitimidad, respeto a los derechos humanos y claridad estratégica, pero sin titubeos frente a quienes vulneran la convivencia y ponen en riesgo la estabilidad del país.
Actuar con firmeza no significa cerrar el diálogo. Pero para que el diálogo tenga sentido, debe construirse sobre un mínimo de respeto al orden constitucional. El Estado debe despejar las vías, aplicar las sanciones que correspondan a los responsables de actos ilícitos y, al mismo tiempo, abrir espacios reales para la deliberación social, pero sin aceptar el chantaje como método.
El país requiere señales inequívocas de liderazgo. Requiere instituciones que se hagan respetar sin arrogancia, pero con determinación. Requiere que el bien común vuelva a ser el centro de nuestras decisiones. No podemos permitir que la indignación legítima de algunos sectores derive en la debilitación permanente del Estado.
Hoy más que nunca, Panamá necesita serenidad con firmeza, diálogo con autoridad y legalidad con sentido de urgencia. La verdadera democracia no es solo la que garantiza derechos, sino la que también hace respetar los límites que protegen la convivencia entre todos.
Es hora de que el Estado recupere su lugar. No para imponerse, sino para proteger. No para castigar, sino para garantizar. No para dividir, sino para unirnos nuevamente bajo el principio más básico de una nación funcional: que todos —sin excepción— estamos sujetos a la ley y protegidos por ella.
El autor es empresario y exdirector de ‘La Prensa’.
