El martes 2 de octubre la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 98, que destina el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e investigación. Este acto representa un importante paso en la consolidación del desarrollo científico del país y nos invita a reflexionar sobre un derecho fundamental que a menudo pasa desapercibido: el derecho a la ciencia.
El derecho a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones” es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reiterado en el Protocolo de San Salvador.
Este derecho garantiza que todos los individuos puedan obtener provecho de los resultados, productos, bienes y servicios derivados de la investigación científica. Esto incluye el acceso social al conocimiento científico, la participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con la ciencia, y la protección contra los posibles efectos adversos del desarrollo científico. Además, está vinculado a otros derechos, como la libertad académica, el derecho a la educación y el derecho a la información.
Para promover el derecho a la ciencia, además de invertir en investigación, los estados deben implementar una serie de acciones concretas que incluyen fomentar la colaboración científica internacional, promover la educación científica en todos los niveles y la formación de investigadores, asegurar la difusión de información científica de manera accesible, proteger la libertad de investigación, desarrollar políticas que aseguren la aplicación ética de los avances científicos, garantizar la igualdad de género en la formación y contratación del personal científico, y garantizar que los resultados de las investigaciones beneficien con prioridad a grupos en condiciones de vulnerabilidad.
La planeación estratégica es vital. Por ello hay que destacar que el proyecto especifica que la mitad de los recursos se utilizarán para financiar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que Senacyt lleva adelante hace años con escaso presupuesto. Se trata de una labor perseverante que merece el reconocimiento público.
Una sociedad que valora y promueve la ciencia es una sociedad innovadora, con mayores capacidades para resolver problemas complejos y preparada para enfrentar desafíos globales como la crisis climática, las pandemias o la seguridad alimentaria. Además, el desarrollo científico impulsa el crecimiento económico, mejora la calidad de vida y fortalece la posición del país en el escenario internacional.
Es necesario enfatizar que el concepto de ciencia no se refiere únicamente a las ciencias naturales o exactas. Las ciencias sociales desempeñan un papel igualmente importante en el desarrollo sostenible. Disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, la economía, la ciencia política, la historia o la demografía, entre otras, proporcionan herramientas indispensables para comprender y abordar los desafíos sociales, culturales y económicos de nuestro tiempo. Por lo tanto, cualquier política o estrategia que busque garantizar el derecho a la ciencia debe incluir a las ciencias sociales, así como a los estudios e investigaciones interdisciplinarias.
La aprobación del proyecto de Ley No. 98 es un paso en la dirección correcta. Seguir avanzando en el desarrollo científico democrático e incluyente requiere un compromiso permanente y una gobernanza que involucre al gobierno, a la academia, el sector privado y la sociedad civil. Es una inversión en nuestro futuro colectivo, un reconocimiento de que el conocimiento es un bien común que debe ser accesible y provechoso para todas y todos.
El autor es abogado, docente universitario y gestor cultural.
