En los años 2023 y 2024, se establecieron los presupuestos más altos en la historia de la Asamblea Nacional, ascendiendo a un total de $150 millones para cada periodo. Sin embargo, tras modificarse el presupuesto en noviembre de 2023, los traslados de partidas elevaron el gasto a $188.9 millones, es decir, $38.9 millones por encima de la cantidad inicialmente autorizada. En 2021, la cifra entregada a la Asamblea superó los $200 millones, casi el doble de los $107 millones aprobados inicialmente en el presupuesto de ese año. En 2022, se destinaron $230.5 millones, superando los $143.9 millones autorizados originalmente.
Cada diputado recibe $7 mil mensuales, que incluyen salario y gastos de representación. Multiplicado por los 12 meses y los 71 diputados, suma casi $6 millones anuales en salarios. Además, cada uno dispone de una asignación máxima de $20 mil mensuales. Si los 71 diputados aprovechan este beneficio, el costo anual asciende a $17 millones. Sumando salarios y asignaciones máximas, el costo total anual sería cercano a los $23 millones.
Aparte de la asignación de hasta $20 mil por diputado, la Asamblea cuenta con una estructura permanente de funcionarios. Según la última actualización del nodo de transparencia de la Asamblea Nacional al 28 de diciembre de 2021, el número de funcionarios, excluyendo las asignaciones personales de $20 mil mensuales por diputado, es de 2,247 personas. Pero, ¿cuál sería el costo de esta parte excesiva de personal?
En 2022, por ejemplo, aunque el presupuesto aprobado para el Legislativo fue de $143.9 millones, como se mencionó, se terminaron destinando $230.5 millones mediante traslados de partidas. La porción total destinada a servicios personales (planillas) se elevó a $147.1 millones, es decir, $3 millones más de lo aprobado inicialmente. Si los salarios mensuales de los 71 diputados ($7 mil cada uno) y los $20 mil adicionales para sus planillas suman $23 millones, el gasto restante para otras planillas (permanentes, contratos, personal transitorio, etc.) sería de $124.1 millones al año.
En plena pandemia, en noviembre de 2020, había 1,415 empleados contratados por los diputados con los $20 mil mensuales asignados a cada uno, lo que da un promedio de casi 20 trabajadores por diputado. Además, se pagaron contratos a 2,097 trabajadores eventuales. Si se suman estas cifras a los 2,247 funcionarios permanentes registrados en diciembre de 2021, el promedio de empleados en la Asamblea Nacional es de 5,759 servidores públicos. Todo esto para atender a 71 diputados, con un promedio aproximado de 81 funcionarios por diputado.
Para 2024, la Asamblea solicitó un presupuesto de $206 millones, el monto más alto en su historia (recordemos que lo gastado en 2021 y 2022 fue producto de traslados de partidas y no del presupuesto originalmente aprobado). Sin embargo, este presupuesto fue “recortado” en $56 millones, según el segundo proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, ya convertido en ley de la República, quedando en $150 millones. Pero en realidad no fue un recorte, sino que simplemente se entregó la cantidad autorizada en 2023, aunque esta ya se ha elevado en $38.9 millones (y es probable que aumente en los próximos seis meses, antes del cambio de gobierno).
Durante el quinquenio 2019-2023, entre el presupuesto originalmente aprobado para la Asamblea Nacional cada año y lo finalmente otorgado, mediante modificaciones de traslados de partida, se superó la cifra de $314 millones adicionales. Es preocupante que a presupuestos inicialmente inflados se les sumaran más fondos a lo largo de cada año. La gestión del Legislativo es solo un ejemplo entre muchos de derroche inconsecuente con la realidad nacional. Algunos se preguntan cómo es posible tener presupuestos generales del Estado que superan los $30 mil millones, mientras que la deuda aumenta en estos cinco años, rebasando los $26 mil millones. La respuesta parece ser la apuesta de la Asamblea por el clientelismo, mediante un control absoluto sobre la Comisión de Presupuesto, la sumisión del Órgano Ejecutivo, la incapacidad del ministro del MEF y la ineptitud del presidente de la República.
El autor es abogado
