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El desafío de las personas con discapacidades auditivas en la educación

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de promover la sana convivencia y priorizar el bienestar de cada individuo. Sin embargo, muchas veces estas responsabilidades no las asumimos en debida forma, dejando en una posición de desamparo a aquellos necesitados de apoyo básico, como lo son las personas con discapacidades auditivas, quienes normalmente requieren para comunicarse el uso de la lengua de señas panameña (LSP).

Es difícil imaginar vivir en un mundo en el que la capacidad primaria de comunicación se ve limitada por factores exógenos a nuestro control. Es la realidad de muchas personas que tienen que enfrentarla en su diario vivir. Se trata de personas que tienen derecho a acceder a una mejor calidad de vida. Para ello, tienen derecho a una educación que sea pertinente y de impacto, a fin de tener el perfil necesario para optar por un empleo digno o tener la oportunidad de integrarse a la sociedad.

Es un segmento de la población que, aunque se despierta en medio del bullicio y de los sonidos de sus casas y de sus comunidades, no pueden integrarse al entorno como consecuencia de las disparidades en nuestra forma de comunicarnos.

Aunque somos ciudadanos de un país con más de 4 millones de habitantes, según la Asociación Nacional de Sordos de Panamá (Anspa), como resultado de las investigaciones del Summer Institute of Linguistics (SIL) International Publications y de Cultura Sorda, menos de 6,000 personas son capaces de utilizar la lengua de señas como medio de comunicación en Panamá. Este número choca con otra realidad.

Se estima que la cifra de personas con dificultades auditivas sobrepasa las 100 mil. La realidad es que hay un grupo humano significativo cuyas necesidades primarias no están siendo satisfechas.

Si bien el acceso a educación de calidad es un derecho humano, en realidad se encuentra condicionado a la capacidad del sistema educativo panameño de asistir a los estudiantes con necesidades educativas especiales. La situación es aún más difícil cuando estos estudiantes están ubicados en comunidades aisladas o de difícil acceso y son de escasos recursos. Dos tercios de la población con dificultades auditivas y de comunicación vive en áreas rurales del país, lo que les dificulta acceder a comunidades de personas quienes conocen la lengua de señas y que pueden enseñarles a comunicarse, utilizándolo.

Todos tenemos derecho a poder expresar nuestras ideas a través de diferentes alternativas de comunicación. En Panamá, hay programas, instituciones, organizaciones y leyes que se encargan de apoyar a ciudadanos con condiciones especiales. El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) es una de estas instituciones.

Las bases del desarrollo integral de una persona se fundamentan en su niñez. Es una obligación del Estado crear un ambiente adecuado que promueva la consolidación de estas bases.

En las aulas de clases se pueden lograr importantes transformaciones. Se estima que en Panamá sólo hay 10 escuelas oficiales para atender a personas con discapacidad auditiva. Proponemos que se implementen proyectos para que, desde primaria, todos los estudiantes sin distinción, tengan contacto con la lengua de señas. Así se lograría ofrecer una alternativa de comunicación no sólo al estudiante, sino a todo su entorno familiar y a su contexto social y comunitario. Además, se estaría brindando la oportunidad a más estudiantes de acceder a una educación con equiparación de oportunidades.

Estamos a tiempo de lograr una mayor inclusión. Como personas, debemos ser empáticos y solidarios. Si tenemos la oportunidad de aprender lengua de señas o enfatizar esta alternativa de comunicación, hagámoslo. El IPHE cuenta con cursos online segmentados en distintos niveles. El Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) ofrece, en su página web, el Libro de lengua de señas panameño. La buena noticia es que aún si no tuviéramos la oportunidad de aprender directamente de un especialista, estamos a sólo un click de contribuir a hacer de Panamá un país más inclusivo.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2021


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