El desgaste de los partidos políticos tradicionales en América Latina se ha intensificado en las últimas décadas y refleja una crisis profunda de representación y legitimidad democrática. Esta erosión de confianza no responde a una única causa, sino a una combinación de factores estructurales y coyunturales que han debilitado la capacidad de los partidos para canalizar las demandas ciudadanas, articular proyectos de país y mantener vínculos estables con sus bases sociales. En muchos casos, los partidos han dejado de funcionar como puentes de representación y se han convertido en maquinarias electorales centradas en la conquista del poder, relegando el bienestar colectivo y utilizando recursos partidistas con fines personales.
Norberto Bobbio advertía que la democracia representativa solo se sostiene si los partidos actúan como intermediarios entre el poder y la sociedad civil, y no como fines en sí mismos. Sin embargo, la corrupción sistémica ha impactado a partidos de diversas ideologías, debilitando esa función. Ejemplos como el caso Lava Jato en Brasil, los escándalos de financiamiento ilegal en Perú y las redes clientelares en distintos países han socavado la confianza ciudadana. El caso Odebrecht es emblemático: se estima que la empresa distribuyó millones de dólares en sobornos en al menos doce países de la región, incluyendo Panamá, lo que puso en evidencia la magnitud del problema.
A ello se suma la creciente desconexión entre las élites políticas y las demandas sociales, en un contexto marcado por una desigualdad persistente, informalidad laboral y servicios públicos deficientes. Steven Levitsky y Lucan Way han señalado que esta desconexión abre espacio para liderazgos personalistas que, al margen de los partidos tradicionales, prometen una nueva política basada en la cercanía directa con el pueblo y la ruptura con las élites. Hannah Arendt, en su crítica al totalitarismo, advertía que la pérdida de confianza en las instituciones representativas y la atomización social constituyen un caldo de cultivo para formas autoritarias de poder.
Los efectos de este desgaste son múltiples: fragmentación del sistema político, proliferación de partidos sin ideología clara ni estructuras sólidas, dificultades para la gobernabilidad, auge del populismo de derecha e izquierda con discursos polarizantes, incremento del abstencionismo y del voto nulo, y una percepción generalizada de que todos los políticos son iguales. Además, la debilidad institucional ha facilitado la penetración del crimen organizado en la política, especialmente en países como México, Honduras o Venezuela. Desde la perspectiva de John Rawls, la legitimidad de las instituciones depende de su capacidad para garantizar condiciones equitativas de participación y justicia distributiva; cuando estas se erosionan, el contrato social se debilita y la ciudadanía se repliega en el escepticismo.
Panamá ofrece un ejemplo claro de esta dinámica. Durante las últimas décadas, el sistema político ha estado dominado por partidos, pero estos han sido objeto de múltiples escándalos de corrupción, nepotismo y clientelismo, generando un profundo desencanto ciudadano. La alternancia en el poder no ha significado mejoras sustantivas en la gestión pública ni en la transparencia institucional. En la práctica, el éxito económico se ha traducido en control político por parte de élites que mantienen continuidad familiar y redes de influencia, sin ofrecer soluciones reales a la sociedad. Este fenómeno ha reforzado la percepción de que la política está subordinada a intereses económicos y de clase.
Ante este panorama, han surgido candidaturas independientes y nuevos movimientos que apelan a la ética pública, la transparencia y la participación ciudadana. Luigi Ferrajoli advierte sobre la degeneración oligárquica de la democracia, señalando que sin garantías institucionales y sin una ciudadanía activa, los partidos se convierten en instrumentos de reproducción del poder. En Panamá, los independientes enfrentan el reto de evitar los errores del pasado: deben caminar unidos para traducir su fuerza en votos y cambios reales, superando el ego, el protagonismo y la fragmentación. Lo fundamental es el cambio social, no la visibilidad individual.
Frente a esta crisis, es urgente pensar en soluciones que permitan regenerar la vida democrática y reconstruir la confianza en los partidos. Entre las medidas más relevantes destacan la reforma del financiamiento político, estableciendo mecanismos de control y transparencia que impidan la captura de los partidos por intereses económicos o criminales; el fortalecimiento de la democracia interna, promoviendo procesos participativos, meritocráticos y transparentes en la selección de candidaturas y en la toma de decisiones; la inversión en educación cívica y formación política, especialmente entre los jóvenes, para fomentar una ciudadanía crítica, informada y comprometida; la aprobación de normas claras contra el transfuguismo y el clientelismo, que erosionan la coherencia ideológica y la confianza institucional; y la apertura del sistema político a nuevas formas de representación, incluyendo candidaturas independientes, mecanismos de democracia directa y el reconocimiento de los movimientos sociales como actores legítimos del proceso democrático. Estas propuestas pueden inspirarse en el pensamiento de Jürgen Habermas, quien defiende una democracia deliberativa basada en la participación de los ciudadanos en el espacio público, donde el diálogo racional sustituya al cálculo estratégico y al marketing electoral.
El desgaste de los partidos tradicionales no es un fenómeno pasajero, sino la manifestación de una crisis estructural de representación, legitimidad y eficacia institucional. Superarla exige no solo reformas legales, sino también una transformación cultural y ética de la política. La calidad de la democracia depende en gran medida de la calidad de sus partidos políticos. Solo mediante una renovación profunda de las estructuras partidarias, basada en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, será posible reconstruir el vínculo entre ciudadanía y representación y fortalecer las bases de una democracia más inclusiva y resiliente. Como recordaba Ronald Dworkin, el derecho y la política deben estar al servicio de la integridad moral de la comunidad, y no de los intereses particulares de quienes detentan el poder.
El autor es abogado, docente y doctor en derecho.
