El reciente escándalo de la liquidación por mutuo acuerdo de algunos funcionarios del saliente gobierno en Empresa de Transmisión Eléctrica S. A (Etesa) ha despertado un debate entre lo ético y lo legal. De ello se desprende un tema de fondo: el desprecio por la ética.
Para que una sociedad funcione correctamente se necesita ética; sin ella, estamos condenados a la barbarie. También es necesario incluir la formación ética en el sistema educativo, entendida como una disciplina filosófica o la filosofía primera, como diría Emmanuel Levinas. Además, se requiere contar con personas formadas en ética en los comités y departamentos de ética y bioética en instituciones públicas y privadas.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, fue bastante claro en su posición respecto a las liquidaciones: señaló que la ley es la ley, pero no todo lo contenido en ella es correcto y, más aún, “como funcionario no solo hay que tener en cuenta la ley, sino un mínimo de principios”. Además, según él, es preocupante la instrumentalización de las leyes para beneficio propio. Es precisamente la centralidad de la ética -y no se trata de moralismo- la que potencia el funcionamiento correcto de una sociedad. Se trata de hacer lo ético en la gestión pública, y ello implica la autorregulación. Es decir, aunque se pueda dar la vuelta a una ley para beneficio propio, autónomamente tendría que cumplirse el imperativo de hacer lo correcto y no beneficiarse instrumentalizando una ley, aunque esto se haya hecho consuetudinariamente.
Por su parte, el contralor, Gerardo Solís, planteó en respuesta al criterio del procurador que “los temas de la moralidad dependen de la ética individual”. Sea lo que esto signifique para él, nos está queriendo decir, suponemos, que eso está en un segundo plano, porque su argumento sería la primacía de la legalidad por encima de la ética. Es importante recordar la existencia del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, el cual no es un asunto individual, sino de “obligatorio cumplimiento”.
La primera vez que cuestioné lo legal fue cuando leí a Walter Benjamin en Para una crítica de la violencia, donde planteó el vínculo entre la “licitud” y el poder como “principio de toda instauración mítica del derecho”. La historia está llena de ejemplos de legalidades que fueron barbaridades ejercidas desde el poder. El falso dilema entre lo legal y lo justo no se resuelve mediante una guerra de egos entre funcionarios públicos. Si queremos un país diferente, necesitamos leyes justas y, aquellas que no lo son, reformularlas.
El autor es doctor en filosofía y profesor universitario.
