Aunque tomará tiempo por la envergadura, hay que leer el contenido completo de un fallo que debe ser, para efectos de un posible arbitraje, jurídicamente sólido. Que, si lo es, tampoco tenemos que felicitar a la Corte Suprema de Justicia. Ella está para hacer su trabajo, no para recibir aplausos ni complacer movimientos, por más justos que sean. Una cosa es el tema legal y constitucional y otra cosa es que, independientemente de la legalidad, estemos o no de acuerdo con algo que puede o no ser inconstitucional.
Algunos dirán que cerrar calles, secuestrar pueblos enteros, violentar derechos de terceros o destruir la economía de los panameños que no podían movilizarse, no es protestar sino violentar la Constitución y estoy de acuerdo. Pero recordemos que esos protagonistas fueron la minoría, esa que no llega ni al 1% de los votos electorales y que tiene una agenda determinada y anarquista. Pero todavía peor, su comportamiento anárquico fue permitido por una autoridad complaciente. Porque la gran mayoría salió a la calle con orden, con civismo y respetando el derecho ajeno, porque se hartó de la corrupción, la descentralización paralela, los auxilios económicos, el clientelismo, la impunidad, la ineptitud, el derroche de fondos públicos, las botellas, las planillas infladas, las asesorías brujas... en fin, toda la politiquería institucional de este gobierno, que coloca al contrato minero como la punta del témpano. Y al no saber medir el gobierno el mensaje ciudadano, sencillamente fracasó.
Que parecía mejor mantener la mina para, según cifras del Conep, recibir $770 millones retroactivos, $375 millones anuales como “mínimo garantizado” y $899 millones en compras de insumos locales, y mantener a 7,300 panameños trabajando, un 4.8% del PIB, $120 millones de cuotas al Seguro Social y más de $40 mil colaboradores de los proveedores, entre otras variables económicas positivas, por supuesto que sí. Sobre todo, si evitábamos la posibilidad de ser demandados, según la mina, por $100 mil millones y lo que gastemos en costos y abogados, aunque ganemos. Pero privó en el panameño su vena soberanista y ambientalista, por encima del vil metal. Además de que el ciudadano se hartó y la mina, para bien o para mal, se convirtió en el mensaje, el detonante o hasta el chivo expiatorio de un gobierno fracasado, corrupto e inútil. Tanto así que un asesor de alto rango dijera hace un par de años, que ya era tarde para resolver el problema del IVM, por falta de capital político. Y eso fue todo para el que elevó a la fama la leche condensada, el que a pesar de su disminuido 33%, tenía todo a su favor, desde los gobiernos locales hasta la Asamblea Nacional (AN), incluyendo haber nombrado a seis magistrados de la Corte. Pero el taburete le quedó tan grande que hace tiempo desapareció.
Tampoco voy a felicitar a quienes se aprovecharon del movimiento, para seguir cobrando fondos públicos sin trabajar. O los que pretendían torcer la norma jurídica para lograr el propósito. Los vicios de inconstitucionalidad no solo se informan, sino que se demuestran. Y a pesar de que caminé y escribí en contra de este contrato, no quedaré tranquilo con un fallo “wichi wachi”, porque nos puede perjudicar en un posible arbitraje. Así que la lectura atenta y profunda de todos es una tarea pendiente.
En algo considero que la Corte, de acuerdo a nuestro avance pausado en la lectura (entre otras cosas), sí estuvo a la altura de su responsabilidad y no para resolver una coyuntura política o complacer a la masa. Se trata de la violación que establece la Corte y estoy de acuerdo, al artículo 159, numeral 15 de la Constitución. No es un vicio sustancial, sino procesal. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la AN no podía suspender la discusión de un contrato ley y recomendar al Ejecutivo el retiro del proyecto. La AN solo podía aprobar o improbar, pero como los diputados son o se creen los dueños del país, hicieron lo que les dio la gana. Y esta inconstitucionalidad es producto de sus nefastas actuaciones, según se lee de la página 170 a la 173 de esta decisión. Esta sola situación mataba todo el contrato de raíz y en su totalidad. Lo que me preocupa es que por ser un tema de procedimiento y que, además, se realizó después de haberse enviado el contrato a la AN, la empresa pretenda perjudicarnos en el arbitraje, porque al tratarse de una falta procesal (de forma) y no sustancial (de fondo), quiera achacarla al Estado panameño, en este caso mal representado desde la Comisión de Comercio. Para eso debemos contar con un excelente equipo legal para defendernos como país, aún en contra de estas acciones negativas de los diputados contra el Estado, casi delincuenciales por traición a la patria.
El pueblo puede salir, presionar y pedir; es el privilegio que nos da la Constitución para exigir con respeto la defensa de nuestros derechos. Pero la justicia tiene que ser ciega y fundamentar su alegato en la ley y la Constitución y no en nuestra pasión ciudadana.
Leamos el fallo con la pupila limpia del sabio y el ánimo desprevenido del docto. No fue solo protestar, sino saber por qué lo hicimos.
El autor es abogado
