La decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de recuperar los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, ha sido un balazo en la polvorienta tranquilidad del statu quo. Respaldado por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión por otorgar beneficios excesivos y desproporcionados que perjudicaban los intereses del país, el gobierno ejecutó la toma de posesión de las terminales por motivos de interés social urgente.
Sin embargo, si se observa con lupa el desarrollo de los acontecimientos, la escena se asemeja más al duelo final de un pueblo sin ley que a una operación de Estado meticulosamente planeada.
La aparente e inexplicable improvisación
La versión oficial, encabezada por el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, sostiene que la recuperación de los puertos no fue un acto de improvisación, sino la conclusión de un trabajo titánico de meses. Con asesoría de consultores externos en materia portuaria internacional, el gobierno se preparó para cualquier escenario jurídico proveniente de la CSJ, siempre con la brújula puesta en no perjudicar los intereses de Panamá.
Bajo esa premisa, las recientes ruedas de prensa y la designación de operadores temporales —APM Terminals para Balboa y Terminal Investment Limited (TiL) para Cristóbal, por hasta 18 meses— son la puesta en escena de ese plan. Aunque la coreografía pueda parecer ensayada sobre la marcha, responde a la necesidad urgente de garantizar la operación de ambos puertos con socios de calidad mundial, mientras se estructura la licitación internacional definitiva.
El primer gran nubarrón en el horizonte es el factor humano. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que no habrá despidos para los cerca de 1,200 trabajadores. Sin embargo, la promesa de garantizar el empleo no borra la deuda pendiente. La ley laboral panameña exige liquidaciones formales en casos de cambio de patrono, y el silencio administrativo sobre este punto, mientras se aplaude la estabilidad, es una deuda que el gobierno aún no ha saldado.
Custodios con los pantalones abajo
Pero si hay un equipo que está más perdido que un vaquero en la niebla es el de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La imagen de su administrador, Luis A. Roquebert, y del director de Puertos, Max Flores, tratando de explicar los detalles operativos de la toma, refleja a unos funcionarios sorprendidos por la tormenta.
De repente, les ha caído el peso de la realidad como una tonelada de contenedores: 26 años de una concesión que se renovó en 2021 sin el debido escrutinio. Durante todo ese tiempo, la AMP, con personal no profesional al frente de cargos clave, brilló por su ausencia en las labores de fiscalización. Ahora, con la Corte Suprema señalando que el contrato perjudicaba a la nación, la falta de supervisión histórica los ha pillado con los pantalones abajo.
Y en este punto no podemos olvidar a los que sembraron el viento. El fallo judicial es una condena tácita a los políticos de turno que durante décadas permitieron este desaguisado. La empresa, según se desprende de la lógica del fallo, hizo lo que el entorno le pedía: satisfacer las aspiraciones de políticos inescrupulosos, obtener contratos leoninos y evitar cualquier fiscalización real.
Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo... todos los que ocuparon el trono del poder y permitieron que la AMP se convirtiera en una oficina al servicio de los intereses de PPC deben pasar ahora al banquillo de los acusados por su responsabilidad legal y moral en este desfalco institucional.
La lección no aprendida
Esta crisis portuaria, sin embargo, encierra una oportunidad histórica que no podemos volver a desperdiciar. La jugada de Mulino es un correctivo, pero no es una solución estructural. Llegó el día de implementar la Estrategia Logística de Panamá 2030 mediante la creación de un Ministerio del Mar, un ente rector donde sean los profesionales marítimos, logísticos, portuarios y de la cibernética quienes administren los destinos de nuestro principal recurso.
Porque la realidad es tozuda; hoy día el país con más instalaciones portuarias en la región no tiene un ministerio del sector marítimo. Pretendemos administrar el recurso más estratégico de la nación sin el sustento jurídico indispensable para hacerlo. Es como querer construir un barco sin un arquitecto naval. No sabemos administrar ni un mercado de mariscos y pretendemos gestionar puertos de clase mundial.
Veintiséis años de administración del Canal han debido enseñarnos que el éxito se basa en la meritocracia, el profesionalismo y la autonomía administrativa y financiera. Pero en lugar de avanzar, vamos para atrás. Nuestras instituciones marítimas han sido secuestradas por la politiquería. La creación de un ministerio marítimo, con personal calificado y alejado de los vaivenes políticos, es la única manera de garantizar que acciones como la toma de estos puertos no sean un hecho heroico aislado, sino el resultado de una política de Estado coherente. De lo contrario, seguiremos condenados a improvisar, esperando que otro sheriff venga a limpiar el pueblo.
El autor es práctico del Canal.
