Lo verdaderamente triste para Panamá es la idea generalizada que se le transmite a la juventud: que se puede acceder a la riqueza no como resultado del esfuerzo, la educación y el trabajo honesto, sino a partir de la obtención de un cargo público para hacer negocios desde el poder. Ese mensaje es profundamente dañino para el futuro del país.
Escándalo tras escándalo se repite sin que exista una regulación seria y efectiva de los partidos políticos, que deberían ser la base de la democracia. El contraste es enorme entre el discurso que se promueve durante las campañas y lo que realmente ocurre una vez que se llega a administrar la cosa pública.
Por otro lado, seguimos financiando con recursos del Estado a partidos políticos señalados por corrupción. Algunos de ellos, incluso, han convertido el subsidio electoral y preelectoral en una forma permanente de subsistencia, sin una rendición de cuentas real ni consecuencias políticas.
El resultado es un sistema que se reproduce a sí mismo, sin correctivos estructurales, sin reformas profundas y sin un mensaje claro de ética y responsabilidad. Mientras tanto, todo sigue igual, y el costo lo pagan la democracia, la institucionalidad y, sobre todo, las futuras generaciones de Panamá.
Hasta cierto punto, todos somos parte de este problema. De una u otra forma, promovemos y validamos el comportamiento de los partidos políticos cuando les otorgamos nuestro voto, aun conociendo —o al menos sospechando— sus prácticas y antecedentes. Con cada elección, legitimamos un sistema que se resiste a corregirse.
Al mismo tiempo, seguimos empantanados en la falsa esperanza del control mediático y del descrédito público como supuestos mecanismos de sanción, en lugar de exigir una verdadera y efectiva administración de justicia. Se confunde el escándalo con la justicia, la exposición mediática con la rendición de cuentas y la indignación momentánea con las reformas estructurales que el país realmente necesita.
Mientras no cambiemos esa lógica, mientras no exijamos consecuencias legales reales y un sistema judicial independiente, firme y creíble, seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso. Y así, lamentablemente, todo seguirá igual.
El autor es abogado.
