El empleo informal suele asociarse con vendedores ambulantes o trabajadores sin contrato. Sin embargo, en Panamá la informalidad también alcanza a los profesionales idóneos: aquellos que han cumplido con estudios y certificaciones, pero deben enfrentarse a un sistema diseñado para limitar su independencia. La paradoja es evidente: ¿de qué sirve la idoneidad si, a pesar de cumplir con la ley, se imponen trabas adicionales que empujan a los profesionales hacia la informalidad o hacia la absorción por grandes empresas?
Los poderes formales —como instituciones, gremios y juntas técnicas— y los poderes invisibles —como redes de influencia, intereses económicos y monopolios profesionales— han construido un entramado que dificulta el ejercicio autónomo. Arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, valuadores y otros profesionales idóneos se encuentran con requisitos adicionales, cursos obligatorios, pagos recurrentes y trámites interminables que, más que garantizar calidad, funcionan como barreras de entrada. La idoneidad pierde su sentido y se transforma en un trámite más dentro de un sistema que termina privilegiando a unos pocos.
Por un lado, profesionales idóneos terminan ejerciendo de manera informal, ofreciendo servicios sin respaldo institucional porque el sistema les niega acceso. Por otro, la mano de obra calificada es absorbida por grandes empresas que concentran el mercado. El mensaje es claro: “por sí solo no lo lograrás; necesitas entrar en la estructura”. La independencia profesional se convierte en excepción y la regla pasa a ser la subordinación a corporaciones que imponen condiciones.
En Panamá esta realidad se refleja en múltiples sectores. Los valuadores enfrentan un círculo cerrado donde los bancos solo aceptan informes de quienes ya están certificados por gremios específicos, dejando fuera a profesionales igualmente capacitados. Los ingenieros y arquitectos deben pasar por juntas técnicas que, en lugar de facilitar, muchas veces complican el acceso al ejercicio profesional. Los abogados jóvenes descubren que, aunque tengan idoneidad, los grandes bufetes concentran clientes y oportunidades. Así, la idoneidad, en lugar de abrir puertas, termina siendo un requisito insuficiente frente a un sistema que preserva privilegios.
El impacto es profundo. La falta de oportunidades para ejercer de manera independiente empuja a los profesionales hacia la informalidad, donde trabajan sin respaldo legal, sin acceso a beneficios y con menor capacidad de crecimiento. Al mismo tiempo, la absorción por grandes empresas limita la diversidad del mercado, reduce la competencia y concentra el poder económico. La sociedad pierde: se desaprovecha talento, se desincentiva la innovación y se perpetúan desigualdades.
Romper este círculo exige voluntad política y cultural. La idoneidad debe ser reconocida como suficiente y los trámites deben simplificarse. Los gremios deben abrirse y dejar de funcionar como círculos cerrados. El Estado debe apoyar el emprendimiento profesional mediante crédito, capacitación y acompañamiento, para que los profesionales puedan establecer sus propios proyectos sin depender de grandes empresas. También se requiere regular las prácticas monopólicas que concentran la mano de obra calificada y reconocer el trabajo independiente como valioso y digno.
El empleo informal, visto desde la falta de oportunidades para profesionales idóneos, nos recuerda que la informalidad no es solo un problema de los sectores populares, sino también de quienes han cumplido con la ley y aun así terminan siendo excluidos. La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿queremos seguir siendo un país donde la idoneidad no basta, o queremos construir un sistema que reconozca y dignifique a todos los profesionales? La respuesta marcará el futuro de Panamá y de su ciudadanía.
El autor es escritor y consultor ambiental.
