En 2022, Panamá intentó dar un paso ejemplar al aprobar la Ley 315, que prohibía la importación y venta de cigarrillos electrónicos. En mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró esta ley inconstitucional por vicios de forma en su aprobación legislativa, dejando al país sin un marco legal efectivo. Mientras tanto, la realidad golpea con fuerza: el vapeo se ha convertido en una epidemia silenciosa que avanza en nuestros colegios, camuflada entre mochilas y pasillos. El dulce olor a chicle y frutas ya no es anecdótico; es la señal de una amenaza sanitaria que prospera a plena vista.
Lo que la industria vende como “vapor inofensivo” o supuesta herramienta de cesación para adultos es un mecanismo de adicción diseñado para capturar a los más jóvenes. La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes 2023, aplicada en Panamá a 5,761 estudiantes de séptimo a noveno grado, reveló un incremento del 2% en el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes. No es una cifra más: es evidencia de que el marketing predatorio con sabores de postre, empaques llamativos y dispositivos que parecen lápices o memorias USB ha encontrado un mercado negro en las escuelas y apunta directamente a cerebros en formación.
El vapeo es una amenaza química y neurotóxica. El aerosol inhalado está lejos de ser un “vapor inocente”: contiene nicotina altamente concentrada, formaldehído (carcinógeno reconocido), metales pesados como níquel y plomo, y compuestos orgánicos volátiles capaces de dañar tejidos. Estos químicos no solo irritan: deterioran.
La nicotina es una droga poderosa que altera el cerebro adolescente hasta los 25 años. Afecta regiones clave para la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de impulsos. El consumo de vapeadores expone a los jóvenes a enfermedades graves, como la lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos (EVALI), y sabotea su desempeño académico y potencial cognitivo. Al normalizar esta adicción en entornos escolares, hipotecamos el desarrollo y las oportunidades de toda una generación.
Tras la inconstitucionalidad de la Ley 315, Panamá quedó sin herramientas legales para controlar esta crisis. Sin un marco normativo vigente, los dispositivos circulan libremente en redes sociales, tiendas no reguladas y ventas clandestinas que ponen vapeadores en manos de menores. La falta de coordinación entre el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Aduanas y los estamentos de seguridad agrava el panorama. ¿De qué sirve la retórica política sin vigilancia efectiva, incautaciones significativas ni sanciones que disuadan a quienes lucran con esta adicción? De nada.
Educadores y directores enfrentan solos el vapeo stealth, cuando su labor es enseñar, no actuar como inspectores de contrabando. Esta lucha no puede recaer únicamente en las escuelas: es una responsabilidad colectiva que exige acciones inmediatas y coordinadas de todos los sectores.
Los centros educativos deben implementar un protocolo de cero tolerancia no solo para el uso, sino también para la posesión de estos dispositivos. Este protocolo debe incluir programas obligatorios de cesación y apoyo psicológico, entendiendo que tratamos con adicciones y no únicamente con indisciplina. Es vital que las campañas educativas enfoquen el daño al cerebro y no solo al pulmón. Los padres deben ser los primeros guardianes: informarse, reconocer los dispositivos disfrazados y vigilar con firmeza el contenido y las compras en línea de sus hijos.
Panamá no puede darse el lujo de perder a una generación ante una adicción evitable y agresivamente mercadeada. La salud de nuestros jóvenes no se negocia. Urge aprobar un nuevo marco legal constitucionalmente sólido. Más urgente aún es la voluntad política y social para enfrentar esta crisis con la determinación que exige.
La autora es estudiante de farmacia y egresada del LLAC 2025.
