En el contexto de una economía globalizada, la inversión extranjera directa (IED) se ha vuelto crucial para el crecimiento económico de las naciones. Atraer capital del extranjero se considera una estrategia fundamental para estimular el desarrollo, crear empleo y fomentar la transferencia tecnológica. No obstante, persiste un debate sobre la eficacia de los incentivos otorgados para atraer dichas inversiones. En mi acostumbrado artículo semanal, examino la importancia de evaluar minuciosamente estos incentivos destinados a la IED y garantizar que generen un rendimiento adecuado para el país receptor.
Los países en vías de desarrollo y emergentes suelen implementar políticas de incentivos con el fin de estimular su crecimiento económico atrayendo a inversores extranjeros. Estos estímulos pueden abarcar desde exenciones fiscales hasta subsidios, facilidades en acceso al mercado y respaldo en infraestructura, entre otros aspectos. La premisa subyacente es que la IED no solo aporta capital, sino también innovación, capacidades directivas y acceso a mercados internacionales.
No obstante, otorgar incentivos sin una evaluación adecuada podría acarrear consecuencias contraproducentes. Los costos asociados a estos estímulos podrían superar los beneficios si no se administran debidamente.
Por ejemplo, las exenciones fiscales extendidas podrían reducir los ingresos del Estado, impactando la capacidad de financiar servicios públicos esenciales. Además, la competencia entre países por atraer Inversión Extranjera Directa (IED) podría desencadenar una competencia negativa, donde los incentivos se vuelven cada vez más generosos, dañando el bienestar económico a largo plazo.
La clave para una política de incentivos exitosa radica en su capacidad para generar un retorno adecuado. Esto implica no solo un aumento en la producción y el empleo, sino también mejoras en la cadena de valor local, avances tecnológicos y un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Los gobiernos deben establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto real de la IED y garantizar que los beneficios prometidos se hagan realidad.
Cuando los incentivos no producen los resultados esperados, es fundamental tener la voluntad política para revisar y posiblemente finalizar dichos programas. Esto no implica rechazar la inversión extranjera, sino ajustar las políticas para que estén más alineadas con los objetivos de desarrollo nacional. Los acuerdos deben ser transparentes y mutuamente beneficiosos, y las empresas que reciben incentivos deben cumplir con compromisos claros y medibles.
Los estímulos deben ser ajustados con cuidado y sometidos a una evaluación exhaustiva para asegurar que generen un rendimiento adecuado. Los países deben estar dispuestos a modificar sus estrategias según los resultados y garantizar que la Inversión Extranjera Directa contribuya verdaderamente al bienestar a largo plazo de sus ciudadanos. En última instancia, la sostenibilidad y la reciprocidad deben guiar la búsqueda de prosperidad compartida a través de la inversión extranjera.
El desarrollo de la Iniciativa del Impuesto Mínimo Global en Panamá, así como la adopción de estándares tributarios internacionales y mejores prácticas, implica primero analizar cada uno de los regímenes especiales vigentes para determinar si deben mantenerse tal como están concebidos, evaluando si las circunstancias que llevaron a su adopción aún se mantienen; luego de este paso crucial, se busca armonizar los regímenes para evitar competencia entre ellos, y finalmente, establecer mecanismos de supervisión por parte de las autoridades que permitan identificar cuándo es necesario modificar o eliminar los regímenes, si es el caso que el sacrificio fiscal decidido por el país ha obtenido el retorno esperado al otorgar incentivos. Los primeros cien días del gobierno bajo la administración Mulino son fundamentales para impulsar esta recomendación.
El autor es consultor tributario y country managing partner de EY
