Daría risa, si no fuera tan atroz, la pretendida esfera de aplicación “nacional e internacional” del anteproyecto de ley 119 que buscaba reglamentar la profesión del politólogo y dictaba otras disposiciones, prohijado la semana pasada por la Comisión de Salud Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y rechazado esta misma semana por la propia comisión. De lo contrario, habría que haber notificado a Twitter, Tiktok, The New York Times et al, que estaban en ilegalidad…
El pretendido proyecto no resistía el más mínimo análisis, ni legal ni de sentido común, por ser violatorio de la libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, las leyes y las convenciones internacionales de las que somos Estado-Parte. Establecía un listado absurdo de actividades en la esfera de la libertad de pensamiento, opinión, expresión, investigación, docencia, periodismo, encuestas, académicas y otras, que monopolizaba para los politólogos y prohibía y penalizaba su ejercicio a otros profesionales del periodismo, la enseñanza, las matemáticas, la estadística, la sociología, la ingeniería, las ciencias actuariales, la historia, la filosofía, la economía, las relaciones internacionales, la cooperación internacional y otros.
Aunque fue rechazado, cosa que debemos celebrar todos los que en redes y medios hicimos eco de su peligro e inconveniencia, no deja de ser un campanazo de atención, un síntoma de problemas graves en el sistema de educación superior, el mercado laboral, la estructura política clientelar y la xenofobia populista. Algunas motivaciones de los proponentes eran obvias, pues se desprendían del propio texto: asegurarse chambas (hasta con salarios pre-ordenados), metiéndose a la fuerza en esa “casta” de ungidos de la planilla estatal, con la ñapa adicional de discriminar a las personas sin nacionalidad panameña.
En la exposición de motivos del rechazado proyecto hay una radiografía de los feudos internos de la Universidad de Panamá y qué tipo de profesionales gradúa en la disciplina de Ciencias Políticas. Digo “graduar” y no “formar” porque si el proyecto 119 es la muestra, pues han fracasado en transmitir una comprensión básica del pensamiento social y político de la humanidad. Si el propio Estado enseña y promueve el clientelismo y mediocridad académica, no sorprenda que tal iniciativa saliera de estudiantes activistas del partido en el poder, según se reportó en medios. ¿O se nos olvidó la turbamulta delante de la sede PRD exigiendo nombramientos en medio de la pandemia? ¿O la planilla estatal que crece y crece sin justificación real? Si el propio gobierno actúa como agencia de empleo… ¿cómo y de quién van a aprender algo distinto?
No podemos desestimar en el año pre-electoral, frente a crisis global de gobernabilidad democrática, otras consideraciones sobre el peligro más perverso que conllevan iniciativas de este tipo: el cierre del espacio de acción cívica de la población. Consiste en la criminalización por parte del gobierno, y a menudo de los partidos políticos afiliados al poder, del ejercicio de las libertades fundamentales, para socavar y hasta destruir la institucionalidad democrática. En un país donde los límites al poder son casi inexistentes, los contrapesos vienen de los medios de comunicación, tradicionales y digitales, el periodismo de investigación y el análisis y crítica de actores no gubernamentales, incluyendo al sector privado, a los medios, a los gremios, a organizaciones de sociedad civil, a las universidades, entre otros. Recordemos que estamos en un país donde el judicial sigue garantizando la impunidad de diputados bajo la falta de “prueba idónea”, y que la nueva Ley 351 de la Contraloría, sancionada el 22 de diciembre pasado por el Ejecutivo, permitió al Contralor declarar que la gestión gubernamental de ese órgano a la fecha se ha hecho “sin corrupción”.
En el manual de todos los autoritarismos y populismos que han atacado a la democracia en esta última década, están leyes parecidas y/o variaciones como el hostigamiento judicial a periodistas y activistas, que se práctica ferozmente en el país. Los reportes anuales de organizaciones internacionales como Freedom House y CIVICUS Monitor, recopilan y evidencian datos duros sobre este patrón de represión a libertades, escudado en una simulada legalidad. La delgada piel de muchos políticos y funcionarios que no toleran la crítica ni la exigencia de rendición de cuentas, alimenta la práctica nefasta de utilizar a fiscales y jueces, con débiles conocimientos de derechos humanos, como armas de intimidación y mordaza.
En múltiples países, además, hay una correlación entre la criminalización del análisis político, sociológico y científico, por ejemplo, con las creencias fundamentalistas religiosas y/o anticiencias que pretenden imponer los autoritarismos. Así, activistas cívicos que defienden los derechos humanos de grupos vulnerables o los derechos ambientales, por ejemplo, se ven perseguidos y penalizados por expresar su opinión. De eso ya tenemos a dos manos con los grupos religiosos anti-derechos que pretenden distorsionar con fórmulas morales, válidas para ellos dentro de su libertad de pensamiento y fe, las políticas públicas que deben estar basadas en la legalidad y la evidencia.
Nos toca estar vigilantes, a riesgo de repetirlo mil veces: la democracia requiere demócratas, defendamos el espacio de acción cívica.
La autora es abogada y escritora
