La reciente maniobra del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, al recombinar bonos y emitir miles de millones en nueva deuda, presentada como “gestión financiera”, no es sino la perpetuación de un espejismo económico. Desde la óptica praxeológica de la Escuela Austriaca, esta acción estatal es la antítesis de la eficiencia y de la creación de riqueza genuina. Todo acto humano es intencional; sin embargo, la intervención estatal, desprovista de las señales del mercado, inevitablemente genera consecuencias no intencionadas y perniciosas para la sociedad.
En el corazón de este problema radica la preferencia temporal. Los actores políticos, inherentemente cortoplacistas, exhiben una alta preferencia temporal. Se inclinan por el consumo y el gasto presentes (proyectos vistosos, subvenciones, expansión de la burocracia) a expensas de la acumulación de capital y la prosperidad futura. La emisión de deuda pública es la manifestación más clara de esta preferencia: se socializa el costo futuro (vía impuestos o inflación) para financiar beneficios percibidos en el presente, que casi siempre recaen en grupos de interés específicos o en la burocracia misma. Esto contrasta de forma cruda con la disciplina del ahorro y la inversión a largo plazo que caracteriza a los individuos y empresas prudentes en un mercado libre.
Ludwig von Mises demostró de manera irrefutable el problema del cálculo económico bajo el socialismo. Este mismo impedimento aflige a cualquier institución estatal. Al no poseer propiedad privada de los medios de producción, al no operar bajo un sistema de precios reales generados por la oferta y la demanda, y al no estar sujeta al férreo mecanismo de pérdidas y ganancias, el Estado es incapaz de asignar recursos de manera racional y eficiente. No puede conocer la utilidad marginal subjetiva de los innumerables bienes y servicios para los individuos que componen la sociedad. Por lo tanto, cada dólar captado por el Estado a través de deuda, en lugar de ser una inversión productiva, se convierte en un potencial malgasto, capital desviado de usos más valiosos y generadores de riqueza en el sector privado.
En Panamá, vemos esta mala inversión en proyectos de infraestructura que exceden presupuestos sin justificación económica clara, en la expansión de una burocracia que no genera valor y en programas sociales que crean dependencia en lugar de empoderamiento. Estos no son “errores” aislados; son la consecuencia lógica de un sistema que ignora los principios fundamentales del cálculo económico. El capital es un recurso escaso, y su asignación a través de la coacción estatal, en vez de la coordinación voluntaria del mercado, siempre resultará en su dilapidación.
El Estado, al endeudarse, no está “gestionando” la economía; está interfiriendo en ella. Está distorsionando las señales de precios, aumentando artificialmente la demanda de ciertos bienes y servicios (aquellos que benefician a sus aliados políticos o a la burocracia), y extrayendo capital que, de otro modo, se emplearía en inversiones productivas que realmente satisfacerían las preferencias más urgentes de los individuos. La solución no reside en una mejor “gestión” de la deuda, sino en el reconocimiento de que la deuda pública es un síntoma de una patología sistémica. Solo un mercado verdaderamente libre, donde la acción humana voluntaria y el cálculo económico sean los pilares, puede conducir a la prosperidad sostenida. Panamá merece un futuro sin el lastre de esta ilusión fiscal.
El autor es analista independiente.
