Muchos repiten: “Cómprate un eléctrico y salva el planeta”. Gobiernos y marcas lo impulsan; en Panamá, la Ley 295 de 2022 presenta la movilidad eléctrica como el futuro. Pero esa narrativa puede ser más comercial que ecológica: los eléctricos no siempre contaminan menos que los de combustión, y pocos lo discuten porque el negocio es grande.
Un motor de combustión emite gases por el escape; un eléctrico es eficiente en movimiento, pero arrastra una “mochila” ambiental desde su origen. Fabricar un vehículo eléctrico y su batería genera entre un 50% y 80% más de emisiones de CO2 que un auto convencional, según el ICCT (International Council on Clean Transportation). Ese déficit inicial persiste incluso al salir de la agencia.
En Panamá, con cerca del 60% de generación hídrica, según el CND (Centro Nacional de Despacho de ETESA), un conductor necesita recorrer entre 30,000 y 45,000 kilómetros para compensar la huella de carbono frente a un auto de gasolina. Hasta entonces, el eléctrico ha contaminado más. Además, en temporada seca, cuando aumenta el uso de plantas térmicas, esa ventaja se reduce.
El peso es otro factor. Las baterías incrementan entre un 20% y 25% el peso respecto a un vehículo equivalente de gasolina. Ese sobrepeso, sumado al torque instantáneo, acelera el desgaste de los neumáticos. Estudios como el de Timmers y Achten (2016) advierten que este desgaste genera más partículas no exhaustivas —microplásticos y residuos de caucho— que afectan el aire y el agua, con implicaciones para la salud pública que la movilidad eléctrica no resuelve.
La Ley 295 contempla estaciones de carga, pero la fiscalización real sigue siendo limitada. ¿Existen medidores calibrados y protocolos de inspección para cargadores públicos y privados? Sin regulación estricta, el usuario puede pagar por energía cuya exactitud no se audita. La “carga verde” corre el riesgo de convertirse en un negocio poco transparente, donde el consumidor asume costos de una infraestructura no verificada.
No se trata de demonizar la tecnología. Los vehículos eléctricos son silenciosos, reducen la dependencia del petróleo importado y requieren menos mantenimiento mecánico. En Panamá, con su potencial hidroeléctrico, pueden ser adecuados para ciertos usos. Pero presentarlos como la solución definitiva es una simplificación. La movilidad eléctrica no elimina la contaminación: la desplaza hacia la extracción de litio, la producción de baterías, el desgaste de infraestructuras y la disposición final de componentes que aún no reciclamos a gran escala.
Hace falta regulación y, sobre todo, datos locales. Es urgente que la ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) fiscalice los cargadores, que se desarrollen estudios sobre el impacto del desgaste de neumáticos y que se evalúe el ciclo de vida completo de los vehículos. Si seguimos sosteniendo que el auto eléctrico tiene cero emisiones, solo estaremos protegiendo la conciencia de quienes venden el sueño, mientras el planeta sigue esperando soluciones reales.
El autor es empresario.
