El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos fue presentado como la gran oportunidad para transformar al sector agropecuario nacional. Sin embargo, más de una década después de su entrada en vigor, la realidad demuestra que las exportaciones de carne bovina y porcina hacia el mercado estadounidense continúan siendo una promesa incumplida. Mientras los productos norteamericanos ingresan al país con crecientes beneficios arancelarios, los productores panameños siguen enfrentando obstáculos técnicos y regulatorios que limitan su acceso al mayor mercado consumidor del mundo.
La trampa de la asimetría y el “Cuarto de al Lado”
El TPC nació con una marcada desigualdad derivada de su propio proceso de negociación. Tradicionalmente, estos acuerdos son liderados por equipos diplomáticos enfocados en objetivos macroeconómicos, donde el sector agropecuario suele convertirse en una moneda de cambio para obtener ventajas en áreas como la logística, los servicios o la inversión.
Durante las negociaciones, los gremios productores y especialistas técnicos fueron relegados al llamado “Cuarto de al Lado”, desde donde participaron únicamente como observadores o asesores ocasionales. Mientras tanto, se acordaban calendarios de desgravación arancelaria que posteriormente demostraron ser difíciles de sostener para sectores sensibles.
Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), ha señalado que el tratado profundizó los desequilibrios derivados de la enorme diferencia económica entre ambos países, afectando especialmente a la leche y la carne, rubros que nunca contaron con condiciones equivalentes para competir frente a la mayor potencia agroalimentaria del mundo.
Trazabilidad y equivalencia: la tarea pendiente del Estado
No toda la responsabilidad recae sobre Estados Unidos. Panamá también acumuló importantes retrasos en las inversiones necesarias para cumplir plenamente con los estándares internacionales.
Aunque los tratados eliminan aranceles, el acceso efectivo depende del reconocimiento de equivalencia sanitaria otorgado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Para obtenerlo, un país debe demostrar que sus leyes, laboratorios, sistemas de inspección y plantas de sacrificio ofrecen un nivel de protección equivalente al estadounidense.
Durante años, Panamá avanzó lentamente en aspectos esenciales como la trazabilidad bovina, el fortalecimiento de los laboratorios oficiales y los programas permanentes de vigilancia sanitaria. Diversos dirigentes ganaderos han cuestionado que estas inversiones fueran postergadas durante décadas, pese a constituir requisitos indispensables para acceder a mercados de alto valor.
Sin un sistema que permita rastrear cada animal desde su nacimiento hasta el sacrificio y sin laboratorios plenamente acreditados, superar las auditorías internacionales resulta extremadamente complejo, independientemente de los esfuerzos diplomáticos.
El caso porcino: el mismo desafío
La carne porcina enfrenta una realidad muy similar. En los últimos años, la porcicultura panameña ha incrementado significativamente su productividad. Según cifras de la Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPOR), en 2025 el país produjo más de 58 mil toneladas de carne de cerdo, mientras las importaciones superaron las 32 mil toneladas.
Pese a ese crecimiento, el acceso al mercado estadounidense sigue siendo limitado. Mientras Panamá cumple los compromisos de importación establecidos en el TPC, los productores nacionales continúan enfrentando exigencias relacionadas con equivalencia sanitaria, certificación de plantas procesadoras y cumplimiento de estrictos requisitos regulatorios.
Anapor ha sostenido que la producción nacional tiene capacidad para abastecer gran parte del consumo interno y ha solicitado revisar las políticas de importación cuando estas afectan directamente al productor local. El gremio considera que la apertura comercial difícilmente puede calificarse como recíproca mientras persistan obstáculos técnicos que impiden exportar carne panameña hacia Estados Unidos.
Asimismo, ha insistido en que el fortalecimiento de la competitividad del sector debe ir acompañado de una estrategia nacional orientada a conquistar nuevos mercados mediante infraestructura sanitaria moderna, inspecciones confiables y certificaciones internacionalmente reconocidas.
El muro político de los “Cuatro Grandes”
Las dificultades tampoco terminan al otro lado de la frontera. El procesamiento de carne bovina en Estados Unidos está altamente concentrado en cuatro grandes compañías: Tyson Foods, JBS USA, Cargill y National Beef, que controlan alrededor del 80 % del mercado de procesamiento.
Esta concentración otorga un importante poder de influencia a la industria cárnica estadounidense y a las organizaciones que representan a sus productores.
Diversos gremios agropecuarios de América Latina consideran que, aunque las normas sanitarias responden formalmente a criterios técnicos, en la práctica terminan funcionando como barreras no arancelarias que retrasan el ingreso de nuevos competidores.
Desde la perspectiva de numerosos productores panameños, los prolongados procesos de auditoría, validación y reconocimiento de equivalencia reducen considerablemente la posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece un tratado comercial.
La exigencia actual: el agro en la mesa principal
La falta de avances técnicos durante años ha colocado al sector pecuario en una posición especialmente vulnerable.
Voceros de Anagan han advertido que, conforme avanza el calendario de desgravación del TPC sin que Panamá logre abrir efectivamente nuevos mercados para sus productos, aumenta el riesgo de que varios rubros agropecuarios pierdan competitividad, con consecuencias económicas y sociales para miles de familias rurales.
Por ello, el sector productivo reclama un cambio de enfoque. Las futuras revisiones del tratado, las auditorías sanitarias y las negociaciones técnicas con Estados Unidos no deberían quedar únicamente en manos de diplomáticos o funcionarios políticos. Productores, médicos veterinarios, especialistas en inocuidad alimentaria y técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) deben participar directamente en la conducción de estos procesos para garantizar que las decisiones respondan a criterios científicos y a las necesidades reales del campo panameño.
Si Panamá aspira a que su carne bovina y porcina llegue al mercado estadounidense, deberá convertir la sanidad agropecuaria en una verdadera política de Estado. Laboratorios acreditados internacionalmente, trazabilidad digital obligatoria, servicios veterinarios fortalecidos y una estrategia técnica permanente son condiciones indispensables para competir en igualdad de condiciones.
De lo contrario, el Tratado de Promoción Comercial continuará siendo percibido por miles de productores como un acuerdo que abrió ampliamente el mercado panameño a las importaciones estadounidenses, sin generar una reciprocidad efectiva que permita a la carne producida por ganaderos y porcicultores nacionales acceder al mercado de Estados Unidos en condiciones de verdadera igualdad.
El autor es productor agropecuario, miembro de Anagan y de Asoproc.
