El extractivismo ha permitido que el colonialismo interno perviva en Panamá bajo nuevas formas: hoy son el propio Estado y, con él, la ciudadanía quienes reproducen la lógica colonizadora que antes se atribuía solo a potencias extranjeras. El sociólogo Aníbal Quijano llamó a esta continuidad «colonialidad del poder»: una forma de dominación que sobrevive al fin de la colonia y se arraiga en las instituciones, en la economía y en las jerarquías sociales. Entender esto ayuda a ver que las prácticas colonizadoras ya no dependen de una potencia externa: se han internalizado y normalizado en la gestión del Estado panameño.
En un artículo anterior señalé que nuestro pacto fáustico con la vía interoceánica nos ha llevado a que «el canal nos consuma a nosotros». Hoy, en la cuenca del río Indio, la internalización del extractivismo revela con crudeza el carácter colonizador del Estado. La ilusión de que, después de 1999, la colonialidad se había marchado se revela insostenible: el colonizador nunca se fue; fue absorbido por la propia estructura del Estado. Al observar el avance de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el proyecto «Aguas del Futuro», resulta evidente que hemos terminado por convertirnos en colonizadores de nuestra propia gente.
Para dimensionar el despojo que se cierne sobre el occidente panameño con el proyecto del río Indio, es imprescindible exhumar la memoria de los «pueblos perdidos» (como propone Marixa Lasso): comunidades vibrantes que, hace un siglo, fueron borradas del mapa bajo las aguas del lago Gatún. Entonces, la maquinaria imperial estadounidense justificó el desplazamiento forzado y la destrucción de su tejido social transformando a los ciudadanos republicanos en meros «nativos» selváticos, despojados de su historia y de sus derechos civiles para legitimar la reconfiguración territorial del istmo.
Hoy, bajo el eufemismo tecnocrático de la «sostenibilidad hídrica», el Estado panameño, junto a la ACP, recicla esta misma violencia estructural contra las poblaciones campesinas. Si desmenuzamos el término, su carga ideológica es evidente: «sostenibilidad» se entiende como mantener los flujos de mercancía, y «hídrica» se usa principalmente en función de la rentabilidad del Canal, no del derecho humano al agua. Esta lógica permite desperdiciar cincuenta y dos millones de galones de agua dulce —unos doscientos millones de litros—, mientras muchas comunidades siguen sin acceso a agua potable. En este marco, propongo analizar el carácter colonial interno del Estado panameño y nuestra propia complicidad como ciudadanía, que decreta, con frialdad contable, qué geografías y qué vidas son sacrificables.
Sin embargo, este andamiaje extractivo no se sostiene solo con la alteración física de nuestras cuencas hidrológicas; requiere también la colonización del imaginario social y el cierre de cualquier horizonte de disidencia. Vemos, con honda alarma, cómo el Estado ensaya esta lógica de despojo directamente desde los espacios pedagógicos. En una maniobra reciente e inconsulta, el Ministerio de Educación (Meduca) incorporó en el currículo oficial de química de duodécimo grado un eje obligatorio sobre minería y metalurgia avanzada en Panamá. Bajo la apariencia de debates académicos sobre si los nuevos materiales metálicos son solución o problema ambiental, se instala un sofisticado dispositivo de legitimación ideológica destinado a normalizar la extracción a gran escala en la mente de nuestras juventudes.
Aquí la estrategia discursiva es clara: se introduce la minería como sinónimo de progreso y desarrollo nacionales, presentando la extracción como inevitable y benéfica. Metáforas como «minería: motor del futuro» o frases que describen la explotación de los recursos naturales como un paso necesario hacia la modernidad privilegian una visión en la que lo extractivo se confunde con bienestar colectivo, ocultando sus costos sociales y ambientales. Identificar este marco es clave para cualquier resistencia efectiva: nombrar estos dispositivos permite a educadores, estudiantes y activistas cuestionarlos abiertamente y disputar el sentido común impuesto por el Estado.
Aunque el pueblo panameño rechazó masivamente en las calles la minería metálica y el sacrificio de nuestro corredor biológico, el aparato estatal insiste en formar a las nuevas generaciones para que legitimen su propia ruina ecológica, educándolas para administrar dócilmente un territorio concebido como depósito de recursos. Aun así, es necesario recordar que las aulas, lejos de ser solo espacios de reproducción, también pueden convertirse en lugares donde se incuben formas de resistencia activa y de democratización.
Cuando esta hegemonía ideológica fracasa y la ciudadanía ejerce su legítimo derecho a la movilización, el Estado no titubea en desplegar una pinza opresiva para disciplinar el espacio público. La reciente iniciativa del Órgano Ejecutivo, que pretende incorporar el artículo 169-A al Código Penal para castigar con hasta seis años de prisión el uso de capuchas o máscaras durante las manifestaciones, constituye un mecanismo de coacción y control social difícilmente compatible con un enfoque garantista de derechos. Bajo la excusa de salvaguardar la seguridad ciudadana, se genera un efecto de miedo y enfriamiento sobre el derecho constitucional a la protesta: se castiga la cobertura del rostro como un atajo autoritario para intimidar y criminalizar a quienes se atreven a cuestionar la configuración del Estado.
Este impulso autoritario del gobierno encuentra una resonancia directa en el asfixiante acoso judicial, instrumentado por el capital corporativo, para silenciar a la sociedad civil. El conflicto en torno al megaproyecto Puerto Barú ha mostrado con claridad cómo el sistema de justicia panameño puede convertirse en un arma de desgaste financiero mediante los llamados litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP).
Organizaciones clave en la custodia de nuestro patrimonio, como CIAM y Adopta Bosque, enfrentan hoy querellas penales por supuestos delitos contra la economía, el congelamiento de sus cuentas bancarias y el insólito secuestro judicial de reservas naturales privadas dedicadas a la preservación de la biodiversidad.
Al combinar la inminente intervención sobre las comunidades campesinas de la cuenca del río Indio con este aparato represivo, el adoctrinamiento proextractivista en las aulas, la amenaza carcelaria en las calles y la asfixia patrimonial en los tribunales, se revela la arquitectura completa de un colonialismo estrictamente interno. Este andamiaje institucional no es una anomalía coyuntural ni un simple exceso de autoridad, sino la condición que sostiene un modelo de desarrollo que requiere la pacificación forzada del territorio y la subordinación sistemática de sus habitantes.
El Estado panameño, operando bajo una racionalidad expoliadora que ha hecho suya, decreta con frialdad qué geografías son prescindibles y qué voces ciudadanas deben ser anuladas para garantizar la rentabilidad ininterrumpida de nuestra posición geográfica. La violencia estructural de la que hablo no necesita una bandera extranjera; hoy se diseña y ejecuta desde nuestros propios órganos del Estado, que transforman el aparato legal y el currículo educativo en tecnologías de desposesión que blindan el mandato colonial frente a cualquier escrutinio democrático.
En esta aceptación tácita radica el núcleo de nuestra complicidad ciudadana. Al observar con pasividad la consolidación de este pacto sociopolítico, hemos validado la premisa de que el sacrificio de nuestros ecosistemas, el despojo de nuestros campesinos y la criminalización de quienes defienden la naturaleza son costos colaterales aceptables en nombre del interés nacional.
Embriagados por el espejismo de la soberanía territorial recuperada a finales del siglo XX, nos negamos a ver que hemos asumido la lógica del dominador hasta convertirnos en sus administradores más eficientes. Si seguimos normalizando esta violencia institucionalizada, confirmaremos una de nuestras paradojas más trágicas: expulsamos al imperio de nuestro istmo solo para asumir nosotros mismos la gestión dócil de nuestra propia ruina ecológica.
Desmantelar este consenso exige admitir, con profunda honestidad, que mientras avalemos en silencio la consolidación de un Estado colonizador, seguiremos siendo devorados por la misma megainfraestructura que creemos gobernar.
La autora es investigadora doctoral en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y asistente de investigación en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Panameña interesada en ecología política y desarrollo nacional.
