Digamos las cosas como son: vivimos en la segunda república de Panamá. El Estado del Istmo fue nuestro primer experimento soberano: es decir, contó con Constitución, gobierno autónomo, ejército, relaciones exteriores y administración nacional sin tutela de Bogotá. Aunque tuvo una existencia de poco más de un año (del 18 de noviembre de 1840 al 31 de diciembre de 1841), su relevancia fue considerable.
En 1839, el gobierno de la Nueva Granada (la actual Colombia) cerró varios conventos religiosos en el departamento de Pasto. Esta decisión provocó que distintos grupos regionales se alzaran en armas contra el gobierno central, en lo que se conoce como la Guerra de los Conventos. Este conflicto también es conocido como la Guerra de los Supremos, por los caudillos que encabezaron las rebeliones en cada región, como José María Obando en el departamento del Cauca y Tomás Herrera en Panamá.
Ante el elevado gasto militar y la precaria situación fiscal, el gobierno neogranadino ordenó al departamento de Panamá aumentar de forma exponencial los impuestos a sus ciudadanos y enviar esa recaudación a Bogotá para financiar la guerra contra las regiones insurgentes.
Esta presión fiscal se sumó a la precariedad económica que vivía Panamá, ya que la guerra había paralizado el comercio regional, generando una situación fiscal insostenible. Además, el deseo de mantenerse al margen del conflicto dio a la clase política y mercantil panameña motivos suficientes para proclamar la independencia el 18 de noviembre de 1840. También influyó la frustración de la élite comercial ante la falta de visión de los gobernantes colombianos sobre el enorme potencial del istmo como ruta entre océanos.
Antes de estos acontecimientos, en Panamá surgió el movimiento conocido como la Sociedad de Amigos del País, que abogaba por una mayor autonomía. Su activismo en los medios y en la sociedad desempeñó un papel clave en el rechazo de las políticas del gobierno central de Bogotá.
En la Ley Fundamental del 18 de marzo de 1841, el nuevo Estado del Istmo estableció la posibilidad de reintegrarse de forma voluntaria a la Nueva Granada, siempre y cuando esta adoptara un sistema de gobierno federal. Panamá exigía que se le reconociera un régimen autonómico, sobre todo en materia comercial y fiscal, para poder efectuar las políticas económicas necesarias y así aprovechar su ubicación geográfica.
Durante la existencia de este experimento soberano, Costa Rica nos reconoció en un tratado fronterizo y, el 8 de junio de 1841, aprobamos una Constitución Política. Poco después, el general Tomás Herrera asumió la presidencia de la nueva república tras haber desempeñado el cargo de jefe civil.
Destaca también que, por primera vez, se promulgaron leyes especiales para fomentar el desarrollo del libre comercio, estableciendo incentivos fiscales para inversiones, sobre todo en el sector del transporte marítimo.
El avance arrollador de las tropas del gobierno central, bajo el mando de Tomás Cipriano de Mosquera, dejó claro a fines de 1841 que derrotarían pronto a las fuerzas insurgentes de Pasto y otros departamentos. Ante esta situación, el gobierno panameño inició negociaciones para reincorporar Panamá a la Nueva Granada. Tomás Herrera, al frente del gobierno, exigió que Bogotá asumiera el pago de la deuda soberana contraída por el Estado del Istmo, respetara las sentencias judiciales emitidas durante el periodo soberano y otorgara amnistía a todos los que participaron en la administración istmeña.
Aunque Panamá no obtuvo el estatus autonómico que buscaba, Bogotá aceptó las demás condiciones. Por ello, el 31 de diciembre de 1841, el país volvió a unirse políticamente a la Nueva Granada. Si bien esta primera experiencia de soberanía fue breve, representó en su momento un paso decisivo en los esfuerzos panameños por alcanzar su ansiada autonomía política. Tras la reunificación, este anhelo se mantuvo vivo y ganó fuerza entre la población, especialmente a través de los ensayos elocuentes y visionarios de Justo Arosemena.
En conclusión, desde 1903 no somos la primera, sino la segunda república de Panamá. El antecedente del Estado del Istmo (1840-1841), demasiado ignorado, merece convertirse en un punto de partida imprescindible para el relato nacional.
El autor es abogado.
