La definición convencional de Estado incluye como elementos de su conformación el gobierno, la soberanía, el territorio y la población; y como fin principal, “el bienestar social de la población que conforma el Estado”.
¿Qué pasa en un Estado cuando no se generan los empleos necesarios?
Su población —uno de los elementos del Estado— se ve significativamente afectada, porque no tiene poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, movilidad, vivienda, vestimenta y servicios públicos como el agua y la energía. Necesidades básicas que, en la teoría del Estado moderno, deben ser satisfechas a través de los salarios que generan los empleos.
Según las últimas estimaciones del INEC, a septiembre de 2025, la tasa de desempleo se sitúa en 10.4% y la de informalidad en 47.7%, que, traducidas en números, representan a más de un millón de personas que no tienen un empleo formal y que generan —con suerte algunos— un ingreso por debajo del salario mínimo mensual más bajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que “el empleo formal es el pilar fundamental para lograr la paz, la justicia social y el equilibrio económico dentro de las sociedades”.
Y es que el acceso a un empleo formal es crucial para disminuir la pobreza, la vulnerabilidad y la inestabilidad de un Estado, porque, de lo contrario, al no existir salarios formales, aumentan los problemas sociales, la criminalidad y la inseguridad ciudadana; y se contrae de igual forma el índice de consumo anual en miles de millones de dólares, lo que afecta nuestra calificación como una economía estable y saludable.
Por ejemplo, al cierre de 2024, la masa salarial en Panamá y Panamá Oeste (trabajadores formales) se redujo en 60.2 millones de dólares mensuales (49.5 y 10.3, respectivamente). Y, a nivel macro, si usamos como muestra lo publicado por el INEC en cuanto a la tasa de desempleo a septiembre de 2023, que era de 7.4%, y la confrontamos con la publicada en septiembre de 2025, que subió a 10.4%, eso representó un incremento del desempleo de un 3%, que, en cifras, es un poco más de 66 mil salarios formales que se perdieron en ese período y que contrajo el consumo en más de 1,600 millones de dólares, porque esos salarios formales se invertían directamente en nuestra economía, propiciaban liquidez y generaban otros empleos indirectos e inducidos.
En menos palabras: esa masa salarial se esfumó, dejó de circular y afectó el equilibrio social de convivencia pacífica en los hogares, en los barrios y comunidades.
Según el Banco Mundial, “el desempleo afecta profundamente la economía de un país, principalmente al limitar el crecimiento económico y aumentar la pobreza, porque reduce el consumo, aumenta el déficit público, reduce la recaudación de impuestos y aumenta el gasto social”. Esto es así porque un país con altas tasas de desempleo e informalidad es menos competitivo y promueve bolsones de pobreza, al haber menor posibilidad de cubrir la canasta básica de alimentos y la canasta básica familiar ampliada, que incluye el consumo de otros productos.
Cuando un país enfrenta simultáneamente una alta tasa de desempleo (10.4%) y de informalidad laboral (47.7%), se genera una crisis estructural que afecta profundamente su economía y el tejido social del Estado, propiciando un círculo vicioso de precariedad y bajo crecimiento.
Esta situación provoca un estancamiento económico, donde la falta de empleo formal empuja a la gente a trabajos precarios —es decir, a camaronear el día a día o tomar lo que salga—, limitando el desarrollo, reduciendo la recaudación fiscal y aumentando la desigualdad social.
Unido a este fenómeno de bajo consumo, producto de la crisis de desempleo e informalidad, se suman dos ingredientes más. El primero, el caso de la familia monoparental, que es cuando en ese núcleo uno de sus miembros está al frente del hogar y tiene la responsabilidad de aportar el recurso económico para su subsistencia. Y el segundo, que no existe con exactitud cuántos hogares ganan menos del salario mínimo en Panamá, ya que las estadísticas suelen enfocarse en la población ocupada y la alta tasa de informalidad complica el cálculo exacto de ingresos familiares.
Sin embargo, datos del INEC 2024-2025 reflejan una situación laboral aún más compleja: un sector significativo de la población ocupada, aproximadamente el 30%, percibe ingresos mensuales por debajo de los 600 dólares, lo cual suele situarse por debajo o en el límite del costo de vida; incluso, el gasto total mínimo por hogar es de B/.1,579.87 y, para que pueda ser cubierto, se necesita del ingreso de dos salarios mínimos en promedio. Por lo tanto, esta radiografía socioeconómica es una realidad que, aparte de afectar a la población desempleada, también impacta a un 30% de la población ocupada y asalariada.
Y es que el estallido social está en la “paila” y es al Gobierno —otro elemento del Estado convencional— a quien le toca enderezar el rumbo de manera urgente, apuntando hacia una política agresiva que recupere la confianza para que llegue la inversión extranjera directa y se puedan generar “de una vez por todas” los empleos esperados o también proyectados en el Presupuesto 2026 de 11 mil millones en inversión para obras de infraestructura pública; y así, pueda salvaguardar su territorio —otro elemento del Estado— de los altos índices de criminalidad e inseguridad que van en aumento.
Al INEC, por su parte, le toca publicar las cifras —que no se han actualizado desde septiembre de 2025— para que los organismos que conforman el Gobierno puedan velar por su población y, de manera más precisa, medir el impacto negativo en la calidad de vida de los hogares frente a la pérdida de los empleos, la informalidad, el aumento de precios de los alimentos y la cadena inflacionaria de otros rubros.
Solo con la generación de nuevos empleos formales se fortalece el equilibrio social.
El autor es exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y exdiputado.
