La decisión iraní de impedir el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz, como consecuencia del inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel, ha materializado las preocupaciones históricas de analistas geopolíticos y responsables de política energética respecto a las vulnerabilidades de los sistemas energéticos nacionales, en muchos casos estructurados en redes que trascienden las fronteras.
El conflicto pone de relieve dos dimensiones centrales de esta vulnerabilidad. Por un lado, expone la fragilidad de la producción petrolera y gasífera de los países de la región frente a conflictos bélicos. Por otro, revela la elevada dependencia de los países consumidores respecto a flujos de petróleo, gas natural y derivados concentrados en una región históricamente marcada por tensiones geopolíticas, en las que los petrodólares desempeñan un papel central en la configuración del poder doméstico y externo de los Estados productores.
A lo anterior se suma la dependencia de los actores del mercado de corredores logísticos críticos y su inclusión como objetivos en escenarios de conflicto. En este contexto, el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de estrangulamiento del abastecimiento energético mundial, se revela como un eslabón crítico cuya interrupción pone de manifiesto la instrumentalización de la posición geográfica como arma geopolítica, generando graves disrupciones en el suministro energético global y consecuencias económicas severas.
¿Qué ha pasado?
El 28 de febrero, con el inicio de las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidas de represalias iraníes, se paralizaron los flujos de transporte de petróleo, gas natural y otras materias primas a través del estrecho de Ormuz, afectando aproximadamente el 19% de la oferta global de petróleo y el 20% del gas natural licuado (GNL).
Como consecuencia directa, se generó una brecha de oferta cercana a 11 millones de barriles diarios. En el caso del gas natural, se interrumpieron aproximadamente 286.000 millones de metros cúbicos de GNL, un volumen comparable al que dejó de suministrarse desde Rusia a Europa al inicio de la invasión a Ucrania.
El bloqueo también afectó el abastecimiento de fertilizantes, helio y azufre, ampliando el impacto hacia sectores como la agricultura y la industria química.
Las consecuencias
El conflicto revirtió la tendencia a la baja en los precios energéticos observada durante 2025. El Brent superó los 100 dólares por barril, reflejando la incertidumbre sobre la duración del conflicto.
Los efectos se propagaron rápidamente: Asia, altamente dependiente de las exportaciones de Oriente Medio, enfrenta presiones de abastecimiento, aumento de costos y medidas de emergencia como subsidios y racionamiento. Europa y África comienzan a experimentar impactos similares.
Para contener la crisis, se han adoptado medidas como la flexibilización de sanciones, redirección de exportaciones por rutas alternativas y liberación de reservas estratégicas por países de la OCDE. Estas acciones han reducido parcialmente el déficit de oferta, aunque la situación sigue siendo inestable.
Aun con un alto el fuego anunciado el 7 de abril, la normalización de los flujos energéticos podría tardar meses. Una escalada mayor podría derivar en una crisis energética comparable o superior a la de 1973 o al impacto inicial de la guerra en Ucrania.
Alternativas
El escenario obliga a los países importadores a prepararse para gestionar impactos crecientes en los costos energéticos. A corto plazo, es fundamental implementar mecanismos que protejan a las poblaciones más vulnerables.
A mediano y largo plazo, se requiere diversificar fuentes de suministro, mejorar la eficiencia energética y promover alternativas de menor intensidad de carbono. No obstante, la dependencia global del petróleo y el gas limita una transición inmediata, especialmente en sectores como transporte pesado, aviación y petroquímica.
En síntesis, el conflicto no solo representa una disrupción coyuntural, sino que expone límites estructurales de un sistema energético altamente concentrado geográficamente y dependiente de rutas críticas. La seguridad energética vuelve a consolidarse como eje central de la estrategia global en un contexto marcado por la incertidumbre.
El autor es doctor en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Es fundador y presidente de la ONG Venezuela Global, con sede en Río de Janeiro, Brasil.
