El reciente fallo internacional que desestimó la multimillonaria demanda de Sacyr contra el Estado panameño debe ser, y en efecto ha sido, recibido como una victoria nacional. La postura firme del Gobierno fue respaldada por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, D.C., que no solo rechazó los reclamos por más de 2 300 millones de dólares, sino que además ordenó a la constructora española pagar a Panamá los gastos legales del proceso.
Frente a este resultado, no han surgido voces críticas. La decisión ha sido acogida como una reivindicación del manejo legal, contractual y técnico de los proyectos vinculados a la ampliación del Canal. Sin embargo, eso no borra una realidad de fondo: las críticas hacia la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no nacieron con este caso ni desaparecen con este triunfo. Son anteriores, persistentes y, en muchos casos, desconectadas de los logros concretos que la institución ha obtenido.
En Panamá hay una tendencia cultural instalada: cuando algo sale bien, lo celebramos con entusiasmo; cuando algo falla, buscamos culpables con vehemencia. Y en ese vaivén emocional, algunas instituciones se vuelven blancos recurrentes, más por percepción que por evaluación objetiva. La ACP ha sido uno de esos blancos, pese a que, año tras año, transfiere miles de millones al Estado panameño y mantiene estándares de gestión que pocas entidades públicas —y privadas— pueden igualar.
Este patrón se repite en casi todos los ámbitos. En el fútbol, si ganamos, los jugadores son héroes nacionales; si perdemos, el técnico es un incapaz y los futbolistas carecen de agallas. En la política, si una obra se entrega, es puro show; si se retrasa, es corrupción. Con el Canal, si gana un arbitraje, se dice que era lo mínimo esperable; si enfrenta una crisis climática, ya hay quienes piden renuncias inmediatas.
Pero en esta ocasión el país ha reaccionado como debe: reconociendo la victoria legal, institucional y soberana. Lo que no debe olvidarse es que esa misma ACP, tantas veces criticada, es la que ha entregado resultados consistentes a lo largo del tiempo. ¿Qué empresa mal administrada gana arbitrajes, sostiene operaciones globales y transfiere cada año miles de millones al fisco nacional?
Por eso, la crítica no debe dirigirse al Canal, sino al destino de los recursos que genera. ¿Qué hace el Gobierno panameño con los fondos que transfiere la ACP? ¿Cómo se distribuyen, se invierten o se diluyen esos ingresos? Porque si el país continúa arrastrando deficiencias estructurales en educación, salud, infraestructura y seguridad, no es por falta de dinero, sino por cómo se administra.
La experiencia canalera —con todas sus tensiones y desafíos— ha demostrado que un modelo técnico, autónomo y profesional puede rendir frutos. Quizás ha llegado el momento de pensar cómo replicar ese modelo eficiente en otras áreas del Estado. No se trata de privatizar ni de tecnocratizar sin alma, sino de entender que una buena administración no es un lujo, sino una necesidad nacional.
Reconocer los logros no impide vigilar. Exigir transparencia no es sinónimo de sospecha permanente. Y aplaudir una gestión exitosa no significa renunciar a la crítica cuando sea justificada. La madurez institucional empieza cuando dejamos de reaccionar por reflejo y comenzamos a evaluar por evidencia.
Hoy, la ACP ha cumplido. Lo ha hecho con firmeza, con resultados y con beneficio tangible para el país. La próxima tarea es hacer que ese modelo de gestión inspire al resto del aparato estatal.
El autor es máster en administración industrial.
Nota: Este artículo fue actualizado el 2 de noviembre de 2025 a las 12:30 p.m. para precisar que el arbitraje fue promovido por Sacyr contra el Estado panameño, y no contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La defensa del caso fue asumida por el Gobierno ante el CIADI, mientras que los arbitrajes de la ACP se ventilan ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
