Son muchas las deudas pendientes del Estado panameño como respuesta al flagelo de la violencia basada en género, gran parte de las estrategias que se deben implementar para minimizar los riesgos de los femicidios están ya contempladas en la Ley 82 de octubre de 2013 y en otras políticas públicas.
La tipificación del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ha contribuido a que se visibilice que este tipo de violencia, muy distinta a la violencia del crimen común, sigue siendo un problema de salud pública. Se requiere compromiso por parte de las personas tomadoras de decisiones en la agenda de Estado, como un tema de prioridad.
El extremo de la violencia basada en género es el femicidio, que se define en la prenombrada Ley como el acto de “causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia del sexo femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia”, en donde una de sus principales características son las relaciones desiguales de poder.
Cuando en un país uno de los delitos que más se denuncia a las autoridades judiciales es la violencia doméstica, estamos frente a graves problemas sociales que requieren una pronta, oportuna y estructurada respuesta para su debida atención, precisamente en cumplimiento de ese rol del Estado de garantizar los derechos humanos, incluyendo el de las mujeres, la mitad de la población.
El Estado debe trabajar en el fortalecimiento de las instituciones e instancias a las que les corresponden atender este tipo de violencia, asegurando un presupuesto adecuado y mecanismos que puedan brindar una atención integral a las víctimas. Esto incluye por supuesto, que estos espacios cuenten a nivel nacional además de infraestructura, con el personal idóneo, empático y especializado.
Programas de prevención de la violencia desde la educación, eliminación de contenidos sexista que discriminan a la mujer en los textos escolares, protocolos de atención, hasta redes de apoyo comunitarias, son parte de esos compromisos del Estado, fundamental para ir generando los cambios de comportamiento socioculturales que se requieren, en el que mujeres y hombres sean respetados como seres humanos.
Si las mujeres siguen siendo objeto de una educación que perpetúa una división de roles por sexo en el hogar, en el que se le exige mantenerse en el ámbito privado como el centro del hogar, cuidadora, tenedora de hijos como su principal compromiso, además de la pertenencia de sus cuerpos, en donde el Estado, las iglesias y el marido son los que deciden sobre éstos y, al hombre como el proveedor, con infinidades de oportunidades de desarrollar sus capacidades en el ámbito público, porque entiende “socialmente” que las responsabilidades del hogar no son de él, seguirá el ciclo de discriminación, aumentando la violencia doméstica, la violación sexual (por la pertenencia del cuerpo) y los femicidios.
Es sumamente importante que se cumpla en el sector educativo con la incorporación del respeto de los derechos humanos, libertades de las personas y un modelo de educación sexual integral, en el que la autoestima, la autonomía y la igualdad entre hombres y mujeres sea comprendida desde la infancia, imperando el respeto a los pensamientos, decisiones, a la individualidad y a la dignidad que todo ser humano se merece.
Un femicidio no debe ser un número o una estadística más, un femicidio debe ser comprendido desde lo más profundo de la dinámica social, como el resultado de una cultura que pone por encima uno de los sexos sobre el otro, en el que se naturaliza sin compasión que la mujer sea una pertenencia, una cosa u objeto y que quien se sienta dueño, pueda decidir sobre su dignidad y su vida sin compasión.
La violencia basada en género es un problema de salud pública que debe ser entendido desde la familia, generando cambios en la crianza de los hijos e hijas y atendido por el Estado como un tema de prioridad. Ni una menos.
La autora es abogada y defensora de derechos humanos.
