Durante las últimas cuatro semanas, la República de Panamá ha vivido las más grandes movilizaciones y protestas de su segunda era democrática. Dicha situación ha traído consigo fundados cuestionamientos sobre la estabilidad política del país y ha puesto en tela de duda el denominado excepcionalismo panameño, aquel cimentando en la democratización exitosa luego de la invasión, en la regeneración del partido aliado a la dictadura militar y en el rápido crecimiento económico, a pesar de niveles extremadamente altos de corrupción y una débil institucionalidad.
¿Y qué era lo que nos hacía, para algunos, un caso excepcional? Puede ser, debido al hecho de que según el “Polity Score” de 2018 somos una democracia con una puntuación alta de 9, siendo -10 el rango máximo para las autocracias y 10 para las democracias. O que según el reporte “Freedom in the World 2021″, Panamá fue calificada como un país libre con una puntuación de 83 sobre 100. También podríamos referirnos al “Democracy Report 2022″ del V-Dem Institute en el que se nos considera como una democracia electoral.
No obstante, a pesar de ser considerados una democracia electoral libre, otros indicadores levantaban muchas alarmas, que terminaron por manifestarse en la ola actual de protestas. Tal es el caso del índice de percepción de la corrupción en el que obtuvimos una pobre calificación de 36 sobre 100, ocupando la posición número 105 de 180 países estudiados. Si nos comparamos con nuestros pares, los países con la misma calificación (36/100), sépase Ecuador y Perú, ambos Estados, vivieron, en los últimos dos años, serios episodios de inestabilidad política. Si nos vamos un poco más arriba en la escala, nos vamos a encontrar con Kazajistán y Sri Lanka (37/100), y ambas referencias son de preocupación. Kazajistán a inicios de año lidió con una ola de protestas que solamente se calmaron con la intervención militar rusa y las reformas del gobierno de Tokayev. El caso de Sri Lanka es tan reciente y conocido por todos, que su cercanía con Panamá en el IPC abona aún más a la preocupación. Un poco más abajo que Panamá encontramos a Bosnia y Herzegovina y a Tailandia (35/100). En octubre de 2022, Bosnia y Herzegovina tiene agendadas unas elecciones que pondrán a prueba la frágil estructura de repartición de poder sustentada en los acuerdos de Dayton (1995), mientras que, en Tailandia, a pesar de que la junta militar ya no ejerce el poder, las elecciones de 2019 fueron un intento más por tratar de legitimar la continuidad del sistema que apoyan.
Nuestro parlamento fue calificado como el cuarto más opaco de la región, superado por Perú, pero por encima de Bolivia, Honduras y Venezuela. La constante en este grupo de cinco países es que todos, menos Panamá, han experimentado en los últimos años alguna crisis política de considerable magnitud
Si hacemos un análisis similar con el índice latinoamericano de transparencia legislativa, los resultados también deben ser fuente de preocupación. Nuestro parlamento fue calificado como el cuarto más opaco de la región, superado por Perú, pero por encima de Bolivia, Honduras y Venezuela. La constante en este grupo de cinco países es que todos, menos Panamá, han experimentado en los últimos años alguna crisis política de considerable magnitud en las que sus parlamentos han jugado algún rol.
Los resultados obtenidos en estos y otros índices, de la mano con los recientes acontecimientos en nuestro país, nos reiteran la importancia del vínculo existente entre la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Esto, a su vez, nos debe alertar sobre una posible deriva anocrática, ese peligroso punto medio entre las democracias y las autocracias. También cuestionan el excepcionalismo panameño y nuestra estabilidad político-social ante la pérdida de la esperanza y con una incipiente faccionalización.
En muchas ocasiones una determinada parte de la población de un país puede sufrir mucho, por mucho tiempo y permanecer callada, viviendo en discriminación y con pobreza. Tal como lo señala Barbara Walters, una cosa que sí no soporta este sector de la población es la pérdida de la esperanza, de mirar al futuro y solo ver su estigmatización continuada y más sufrimiento para los suyos, ahí es cuando empiezan a ver en la violencia, una alternativa. Las protestas, nos dice Walters, son fundamentalmente sobre esperanza, pues las personas son optimistas ya que genuinamente piensan que las consignas, las pancartas y las marchas harán que el sistema se corrija. El fracaso reiterado de las protestas y la negativa sostenida del sistema en corregirse, según la propia Walters, es lo que termina por eliminar la esperanza, incentivando a la violencia. Las protestas son una advertencia más de que el sistema funciona pero que tiene serios problemas que necesitan ser abordados. En el caso panameño, estos problemas son múltiples y conocidos, la lista incluye, pero no se limita a la corrupción, la desigualdad, la pobreza, el costo de la vida, la educación, la cleptocracia, el transitismo y el clientelismo. Este istmo de renta alta y con un canal interoceánico tiene todo el potencial para ser “un gran país” pero hasta tanto no se reconozca la existencia de estos múltiples problemas, no podremos tomar los pasos necesarios para realizar ese potencial.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional.
