Panamá está frente a una de las decisiones estratégicas más importantes desde la ampliación del Canal. No se trata, simplemente, de construir un gasoducto para transportar propano, butano y etano. Se trata de dónde, cómo y, sobre todo, con qué visión de país hacerlo.
El proyecto del gasoducto del Canal de Panamá, concebido para liberar capacidad de esclusaje y permitir que los segmentos que pagan los peajes más altos sigan creciendo, es conceptualmente correcto. Sin embargo, cometeríamos un error histórico si asumimos que la ruta “natural” es, automáticamente, la que recorre la llamada Ruta Energética del Canal, en el eje oeste del patrimonio canalero.
En infraestructura estratégica, lo obvio no siempre es lo correcto.
El Canal no necesita más interferencias; necesita agua y más capacidad de esclusaje. El problema estructural del Canal de Panamá no es la falta de proyectos complementarios, sino el agua y el cuello de botella de las esclusas.
La experiencia reciente —sequías prolongadas, restricciones operativas y listas de espera— debería haber sido una lección aprendida. Antes de seguir cargando al Canal con nuevas infraestructuras lineales, terminales marítimas y tráfico adicional en su perímetro inmediato, el país debe tener absoluta claridad de prioridades.
El Canal debe concentrarse, sin distracciones, en asegurar su futuro hídrico mediante proyectos como Río Indio. Solo después de resolver ese problema estructural tiene sentido pensar seriamente en incrementar la capacidad de esclusaje, incluso evaluando un cuarto juego de esclusas cuando la demanda lo justifique.
Sin agua, ni siquiera podemos operar el Canal como existe hoy, mucho menos maximizar los ingresos que el país espera de él.
Cualquier infraestructura que compita por espacio en los canales de acceso, por recursos críticos como pilotaje o remolcadores, por la atención del administrador y de la Junta Directiva, por permisos ambientales o por ventanas marítimas alrededor del Canal, va en dirección contraria a ese objetivo fundamental: asegurar el agua.
Vale la pena recordar que, en 2019, el entonces administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, dejó listos los estudios que justificaban el reservorio de río Indio. La administración entrante del Dr. Ricaurte Vásquez optó por descartar esos estudios para “volver a estudiar lo ya estudiado”: represas parciales, separación del Brazo de Trinidad, uso de aguas de tratamiento, agua de mina, incluso desalinización de agua de mar.
Cinco años después, el Canal llegó a la misma conclusión original: lo que se necesita es Río Indio. Ese retraso ha sido costoso y revela un punto clave: postergar decisiones estratégicas tiene consecuencias reales.
Algunos han argumentado que el Canal no puede invertir fuera de su patrimonio. Esto no es del todo cierto. El propio Canal ha justificado inversiones y proyectos menores fuera del patrimonio canalero —como rehabilitación de carreteras— mediante acuerdos con el Estado. Pero volvamos al tema central de este artículo.
Un gasoducto sobre el eje del Canal añade más riesgos y costos ocultos. El trazado del gasoducto puede verse atractivo en el papel: menos kilómetros, integración directa y una narrativa sencilla. Pero cuando se analizan sus implicaciones reales, aparecen riesgos importantes.
Primero, la intervención de tierras nuevas, muchas de ellas cercanas a áreas boscosas que cumplen una función de protección ambiental para el oeste del Canal.
Segundo, la necesidad de dragados significativos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, para construir terminales en zonas donde hoy no existe infraestructura portuaria básica.
Tercero —y quizá lo más relevante—, esas terminales entrarían a competir directamente con el tráfico del Canal. Y no olvidemos el objetivo de fondo: liberar capacidad, no crear nuevos puntos de congestión.
Si Panamá quiere que el Canal dedique sus mejores espacios, tiempos y recursos a los buques neopanamax de los segmentos que generan mayor valor —portacontenedores, car carriers, cruceros e incluso recuperar el tráfico de LNG que se ha perdido por falta de capacidad—, entonces el gasoducto debe ir fuera del ecosistema del Canal, no encima de él.
La alternativa existe: Occidente, en donde opera el oleoducto, opción que la propuesta insiste en ignorar. No es nueva; ya está construida.
Petroterminales de Panamá ofrece algo que ningún trazado “canalero” puede igualar:
• Una servidumbre de su propiedad, que puede ampliarse para acomodar nuevas tuberías sin abrir nuevos corredores en el país.
• Un corredor transístmico probado, con más de cuatro décadas de operación segura.
• Calado natural en el Pacífico, que permite recibir grandes buques sin dragados costosos.
• Muelles diseñados para VLCC, lo que hace técnicamente viable la atención de grandes gas carriers, con adaptaciones razonables.
• En el Atlántico, un esquema de monoboyas que, aunque requiere evaluación para GLP, implica una inversión portuaria significativamente menor que construir nuevas terminales desde cero.
Sí, el recorrido es más largo: alrededor de 130 km, frente a los 76–80 km del Canal. Pero en infraestructura estratégica, el kilómetro más caro no es el más largo, sino el que no se puede construir, el que se judicializa, el que se atrasa diez años o el que pierde a los clientes por falta de certeza.
Hablemos con franqueza. Este gasoducto puede costar más que la ampliación del Canal. Para justificar una inversión de ese tamaño, no basta con buena voluntad ni pliegos bien redactados. Se necesita un compromiso firme de los usuarios, particularmente de los clientes finales en Asia y de los grandes exportadores.
Existe una realidad jurídica que no se puede maquillar: por mandato legal, el Canal no puede hacer joint ventures y solo puede otorgar arrendamientos o concesiones por períodos limitados. Eso obliga a pensar distinto.
La fórmula adecuada no es una simple concesión, sino una alianza público-privada, donde el Estado sea socio, aporte terrenos y servidumbres y capture valor de un commodity que, por razones geopolíticas y de mercado, seguirá transitando cada vez más por el istmo.
La geopolítica no espera: el mercado busca rutas confiables. Las tensiones en el estrecho de Ormuz no son una noticia pasajera; son una advertencia. El mundo energético está buscando rutas estables, seguras y políticamente confiables. Panamá cumple todas esas condiciones. Pero esa ventana no se queda abierta para siempre. Si Panamá avanza con lentitud, otro país —con menos ventajas naturales, pero mayor capacidad de decisión— capturará esa oportunidad.
Conclusión: el gasoducto debe construirse, pero no a cualquier costo estratégico. Panamá tiene una oportunidad histórica de crear un corredor energético de clase mundial, complementario al Canal, sin poner en riesgo su operación ni su futuro.
Panamá ya ha pagado demasiado caro, en su historia, por decisiones apresuradas o mal ubicadas. Esta vez, no podemos darnos ese lujo.
El autor es exdirector de La Prensa.
