El 9 de septiembre, en Washington, el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y el Centro para la Democracia Global de Vanderbilt presentaron el informe 2026 del Barómetro de las Américas. La noticia regional es buena. Después de más de una década de deterioro, el apoyo a la democracia volvió a subir en casi todos los países encuestados y alrededor de dos tercios de los latinoamericanos hoy la prefieren a cualquier otra forma de gobierno, seis puntos más que en 2023. Panamá acompaña esa recuperación con un 65% de apoyo a la democracia, el nivel más alto desde 2012 y once puntos por encima del piso de 2018.
Hay otra cifra panameña que merece mayor atención.
Empecemos por lo que ya sabíamos. Los panameños están hartos de sus gobernantes y la encuesta lo confirma sin ambigüedades. Apenas el 14% califica el trabajo del Ejecutivo como bueno o muy bueno. La confianza en la Presidencia llega a 32 puntos en una escala de 0 a 100, lo que sitúa a Panamá en el puesto 19 entre 21 países. La confianza en la Asamblea Nacional se mantiene en 31. Ocho de cada diez panameños creen que la mitad o más de los políticos están metidos en la corrupción. Siete de cada diez dicen que la economía del país empeoró en el último año. La satisfacción con el funcionamiento de la democracia se sitúa en el 32%, en el puesto 17 entre 20 países. Las 1,051 entrevistas se realizaron entre el 28 de octubre de 2025 y el 16 de enero de 2026.
Con ese cuadro, la ciencia política predice algo bastante claro: que crezca la disposición a aceptar atajos autoritarios. Eso fue justamente lo que pasó en Panamá durante doce años. En 2012, apenas el 4% de los panameños justificaba que un presidente cerrara la Asamblea Nacional en momentos difíciles. La cifra subió al 21% en 2014, al 23% en la ronda de 2016, al 25% en 2018, al 32% en 2021 y al 37% en 2023. Cada medición era peor que la anterior.
En 2026 cayó al 18%.
Son diecinueve puntos de caída y el resultado resiste las pruebas estadísticas habituales, incluido el ajuste por el diseño muestral. El intervalo de confianza del 95% ubica el descenso entre 14 y 24 puntos. La justificación de que el Ejecutivo disuelva la Corte Suprema bajó del 34% al 24%. En términos comparativos, Panamá quedó en el puesto 14 de 17 países en tolerancia al cierre del Legislativo, muy por debajo de El Salvador, donde la cifra llega al 44%, y de Perú, donde alcanza el 47%.
Conviene ser honestos sobre los límites de esta lectura. Un 57% de los panameños está de acuerdo en que un presidente electo debería poder gobernar sin obstáculos, y un 44% opina que el Ejecutivo debe anteponer la voluntad del pueblo a los derechos de las minorías, cifra que supera la mediana regional. Además, la pregunta sobre si se justificaría un golpe de Estado frente a la delincuencia, que en 2023 llegó al 43% en Panamá, no se planteó esta vez. Lo que los datos permiten afirmar es más limitado. Los panameños rechazan la destrucción de instituciones concretas, aunque siguen cómodos con la idea de un Ejecutivo fuerte.
La raíz de esa resistencia es histórica y, en gran medida, antecede a la coyuntura actual. Veintiún años de gobierno militar terminaron con una invasión extranjera que dejó centenares de civiles muertos. La generación que vivió en 1989 todavía vota y quienes nacieron después crecieron oyendo el relato en casa. Los datos de 2026 no muestran diferencias generacionales relevantes en este punto, lo que sugiere que el rechazo se transmitió con bastante eficacia.
El año previo a la encuesta también cuenta. La Ley 462 de marzo de 2025 abrió el ciclo de protesta más largo en años. El 20 de junio, el Consejo de Gabinete decretó, mediante el Decreto 27, el estado de urgencia en Bocas del Toro, que suspendió ocho artículos de la Constitución y extendió la medida hasta el 29 de junio. Quienes se movilizaron ese año canalizaron el descontento por la vía gremial y por los tribunales, sin que apareciera una figura que ofreciera resolverlo todo desde la Presidencia. Un dato acompaña esa lectura: la confianza en la Policía Nacional bajó de 57 a 52 puntos, el único indicador de legitimidad que retrocedió en esta ronda.
Hay algo que la encuesta no alcanzó a ver. El trabajo de campo cerró el 16 de enero de 2026, trece días antes de que el Pleno de la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato ley con Panama Ports Company, un fallo que quedó en firme con su publicación en la Gaceta Oficial el 23 de febrero. Tampoco registró el arbitraje internacional que la empresa activó el 3 de febrero, ni la pelea por el proyecto de ley 226, ni la propuesta de reconfiguración de los circuitos electorales que discute la Asamblea. Todo eso pone a prueba, justamente, la relación entre el Ejecutivo y los otros dos órganos del Estado que los encuestados dijeron querer preservar.
Y una advertencia. Una actitud que se movió 19 puntos en menos de tres años puede moverse de nuevo. Se trata de un juicio que la gente evalúa según lo que ve. Si las instituciones que hoy defiende siguen sin entregar resultados, la ronda de 2028 puede devolver la cifra a donde estaba o más arriba.
Los panameños que desconfían de sus gobernantes y, aun así, defienden las reglas están sosteniendo el sistema con muy poco a cambio. Ese respaldo también es el menos firme de los que mide la encuesta. Once rondas muestran que se mueve rápido y en las dos direcciones, y que responde a lo que los gobernantes hacen en periodos de dos o tres años. Panamá encara la disputa portuaria y una decisión sobre Cobre Panamá, que representa cerca del 5% del producto interno bruto. Reabrir la mina o dejarla cerrada tendrá en contra a una gran parte del país, y esa decisión se tomará sobre la base de la más variable de sus reservas políticas.
El autor es profesor de ciencias políticas, University of North Texas at Dallas.
