Se repite la historia, esta vez con un tenue barniz de legalidad.
Un decreto reciente vuelve a colocar bajo el Ejecutivo una función que la Constitución reserva al Ministerio Público. En nombre de la eficiencia, Panamá corre el riesgo de normalizar una forma moderna de autoritarismo.
La Gaceta Oficial del 13 de octubre de 2025 publicó un decreto que crea una estructura adscrita al Ministerio de Gobierno, destinada a coordinar la defensa del Estado. Lo que parece una medida técnica toca el corazón de la República: la separación de poderes.
La Constitución, en su artículo 216, asigna al Ministerio Público la defensa de los intereses del Estado, de la sociedad y de los incapaces. Esa independencia no es una formalidad: es una garantía de que el poder político no se defienda a sí mismo disfrazado de legalidad. Por eso el procurador no debe depender del Ejecutivo, para no romper el equilibrio institucional que sostiene nuestra democracia.
El decreto introduce un riesgo que el país ya conoció. Durante el quinquenio 2014–2019 se constituyó una oficina similar para “ayudar” al Ministerio Público en los procesos contra exfuncionarios del periodo anterior. Aquella estructura terminó conocida como una procuraduría paralela. Hoy, el libreto se repite con el argumento de la eficiencia administrativa.
El presidente y la ministra de Gobierno sostienen que esta nueva oficina es necesaria ante la supuesta ausencia “en las instituciones del Estado de abogados penalistas”, y que por esa razón “los casos se caen”. La excusa es falaz.
Si el Estado carece de especialistas en derecho penal, la respuesta no es crear una oficina paralela bajo el control del Ejecutivo, sino fortalecer la Procuraduría General de la Nación, que constitucionalmente tiene esa función.
En nuestro sistema, la Contraloría General de la República ya resolvió una falencia similar formando personal especializado que trabaja en las instituciones y responde jerárquicamente a la Contraloría, no al ministro representante del Ejecutivo. Es la Procuraduría, por mandato constitucional, la llamada a resolver la escasez de penalistas en las instituciones.
Como médico, no puedo evitar la analogía: las ectopias enferman. En el organismo institucional del Estado, cada poder tiene su función y sus límites. Cuando el Ejecutivo ocupa el espacio del Ministerio Público, además de ectopia hay hipertrofia, que puede volverse tumoral y causar un daño irreversible si no se trata a tiempo.
La desconfianza hacia las instituciones ha crecido en los últimos años. Se cuestiona a la Fiscalía, a la Corte y al Legislativo, lo que permite al Ejecutivo utilizar esa crisis como excusa para acumular poder. Pero centralizar el poder agrava la crisis institucional.
El autoritarismo suele comenzar con argumentos razonables: se crean oficinas para “proteger al Estado”, “garantizar la estabilidad” y “defender la democracia” frente a quienes la cuestionan. El lenguaje puede terminar restringiendo derechos.
El presidente y sus ministros pueden organizar la administración, pero no reglamentar lo que la Constitución asigna a otro órgano. Las funciones del Ministerio Público solo pueden modificarse mediante una ley aprobada por la Asamblea y revisada por la Corte Suprema. Omitir ese proceso significa violar la Constitución que juraron respetar y defender.
No se trata de ideologías ni de afinidades políticas, sino de establecer límites. Por bien intencionado que sea, ningún gobierno debe situarse por encima del marco constitucional. Si permitimos hoy que el Ejecutivo asuma la defensa legal del Estado, mañana podría buscar influir en procesos penales o en decisiones judiciales. Las fronteras institucionales pueden desaparecer rápidamente si no se protegen a tiempo.
Aunque pueda parecer irrelevante, la concentración de poder limita la justicia independiente, la transparencia y el disenso. Si una investigación o sanción depende del Ejecutivo, será demasiado tarde para reclamar la autonomía del Ministerio Público.
Se requiere una respuesta cívica, no enfrentamiento político, sino defensa firme del Estado de derecho. Universidades, colegios profesionales, asociaciones civiles y servidores públicos deben recordar al gobierno los límites constitucionales. Defender la autonomía institucional significa proteger al gobierno, no oponerse a él.
Las obras del hombre casi siempre nacen con buena intención. Pero la historia enseña que muchas terminan sirviendo a los intereses que decían combatir. En nombre de la justicia se han levantado estructuras que luego amordazan; en nombre del orden se han creado oficinas que más tarde vigilan a los ciudadanos. Por eso las instituciones no se diseñan para confiar en las buenas intenciones, sino para limitar el poder, incluso el de los bien intencionados.
Panamá no es un país pobre, pero empieza a comportarse como un Estado débil: con instituciones que obedecen más a la coyuntura que a la ley. No necesitamos más decretos; necesitamos respeto por las normas que ya existen.
En medicina, la prevención es siempre mejor que la cirugía. En política, también. Si los órganos del Estado continúan invadiéndose unos a otros, cuando intentemos curar la enfermedad institucional, quizás sea demasiado tarde.
Este decreto debe ser discutido a la luz pública, no en los pasillos del poder. Que la sociedad entera escuche, opine y defienda su Constitución. Porque defender al Estado no significa fortalecer al gobierno, sino preservar la ley que limita su poder.
Si callamos ante este paso, el próximo no será una sorpresa. Será la consecuencia.
El autor es neurocirujano.
