Desde hace varias semanas, el debate político en Panamá ha desplazado progresivamente la ironía y el argumento razonado hacia el insulto como respuesta habitual ante opiniones contrarias. Lo que antes podía ser una falta de respeto ocasional se ha convertido en un recurso frecuente: cuando un político opta por descalificar al adversario con adjetivos que menoscaban su carácter, en lugar de responder con datos, propuestas o razonamientos sólidos, no está debatiendo, sino desertando del intercambio de ideas. El insulto puro, desprovisto de sustento argumental, no es una forma legítima de confrontación ideológica; es un reconocimiento público de la ausencia de una respuesta convincente.
Como señalaba Aristóteles en su Retórica, los discursos efectivos apelan al logos (razón), al pathos (emoción) y al ethos (credibilidad). El insulto prescinde casi por completo del logos y recurre a un pathos primario: indignación y molestia, desprecio inmediato y satisfacción emocional al humillar al “enemigo”, mientras erosiona el ethos del oponente sin demostrar nada. Se trata de una maniobra de bajo costo cognitivo y alto rédito inmediato. Este recurso recibe un nombre preciso en la lógica informal: la falacia ad hominem. Atacar a la persona en vez de refutar su argumento no invalida lo dicho, pero desvía la atención del público.
Ante críticas concretas como el aumento de la pobreza, el fracaso de una reforma o las contradicciones entre promesas electorales y hechos, resulta más sencillo desacreditar al mensajero que responder al mensaje. Insultar no exige evidencia; demostrar que una acusación es infundada requiere datos, contexto y paciencia. En contextos de alta polarización, el insulto cumple además una función de señalización tribal: no busca convencer al adversario ni a los indecisos, sino reforzar la cohesión del propio grupo mediante emociones de pertenencia y rechazo al “otro”. Estudios de comunicación política muestran que los mensajes cargados de desprecio generan más interacciones y visibilidad que los razonados, lo que los hace rentables en una economía de la atención dominada por algoritmos y redes sociales.
Sin embargo, el precio es elevado. Cuando los insultos sustituyen sistemáticamente a los argumentos, el debate público se degrada en un griterío sin sentido: se pierde la deliberación colectiva, se normaliza la descalificación como método legítimo y se erosiona la confianza en las instituciones. Una asamblea o un órgano ejecutivo donde los representantes se atacan con adjetivos infundados deja de ser un espacio de resolución de conflictos para convertirse en política del espectáculo sin reglas. La ciudadanía, al presenciarlo, termina desencantada o reproduciendo el mismo patrón en sus conversaciones.
En última instancia, el insulto sin argumentos revela tres realidades simultáneas: falta de preparación o ideas propias, desprecio por el interlocutor y, por extensión, por la ciudadanía que observa, y una apuesta estratégica por la emoción cruda en lugar de la persuasión racional. Cuando un político recurre exclusivamente al insulto ante una pregunta o controversia incómoda, el mensaje real no es “mi adversario está equivocado”, sino “no tengo nada mejor que ofrecer”. Es una rendición disfrazada de agresividad.
Una democracia sana requiere adversarios que se respeten lo suficiente como para escucharse y rebatirse con razones, no con adjetivos. Recuperar ese estándar no es mera cortesía, sino una necesidad práctica: sin argumentos sólidos ni disposición a confrontarlos honestamente, solo queda ruido. Y el ruido, por intenso que sea, nunca ha resuelto un problema estructural de la sociedad. Mientras el insulto siga siendo premiado como sustituto del pensamiento, permaneceremos atrapados en un ciclo de descalificaciones, titulares virales y problemas nacionales sin resolver. Gritar un insulto es fácil; explicar cómo mejorar la vida de la gente exige esfuerzo, rigor y la valentía de aceptar que uno puede estar equivocado. Solo cuando juzguemos a nuestros representantes por la calidad de sus respuestas y no por la creatividad de sus agravios, el insulto volverá a ser un lapsus ocasional, no una estrategia de poder.
Una crítica es válida en política cuando contribuye efectivamente al fortalecimiento de la democracia, a la rendición de cuentas y a la búsqueda del bien común, en lugar de atacar, polarizar o manipular. No toda crítica merece credibilidad: muchas son ruido, propaganda o desahogo emocional. Su validez surge cuando se sostiene en hechos verificables y evidencia concreta (no en rumores ni generalizaciones vagas), está orientada a la mejora y al bien común (señala fallos, explica su relevancia y, cuando procede, propone alternativas viables), se centra en políticas, decisiones y resultados (no en ataques personales), se expresa con respeto y civismo en contextos adecuados (evitando odio, burla o desprecio) y proviene, idealmente, de fuentes creíbles o de buena fe (sin conflictos de interés evidentes ni whataboutism).
En síntesis, una crítica política válida se apoya en hechos, propone soluciones, enfoca lo que se hace y no quién lo hace, se formula con respeto y busca genuinamente que las cosas funcionen mejor para la sociedad. Cuando cumple estos elementos, fortalece la democracia mediante transparencia y mejora continua. Cuando faltan, se convierte en ruido que erosiona la confianza, profundiza la polarización y favorece formas degradadas del poder. La crítica verdaderamente valiosa no es “decir sin filtro”, sino argumentar con rigor y responsabilidad para construir un mejor presente y futuro colectivo.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
