Entrar a evaluar hoy la decisión tomada hace ya 16 años, cuando se reestructuró el antiguo Ministerio de Gobierno y Justicia, exige un ejercicio de madurez analítica. Es indiscutible que resulta sencillo emitir juicios con el diario del lunes; por ende, estas líneas no pretenden ser una crítica retrospectiva simplista, sino un diagnóstico riguroso desde la perspectiva que nos otorga el presente. Es de justicia reconocer que, en aquel entonces, dicho ministerio era un macroorganismo hipertrofiado y de compleja gobernabilidad, lo que justificaba una reorganización estructural que, en su momento, no fue objetada.
De aquella reorganización nacieron el actual Ministerio de Seguridad Pública y el reconfigurado Ministerio de Gobierno. Sin embargo, al examinar las repercusiones de esa metamorfosis con la óptica de hoy, emerge como la evidencia más alarmante el estado crítico de nuestros centros penitenciarios. Nos enfrentamos a infraestructuras que, en su mayoría, han perdido la capacidad fáctica de contención. Además, las cárceles ya no operan únicamente como «escuelas del delito», sino como ecosistemas de supervivencia hostil, donde el interno se ve compelido a profundizar su conducta criminal solo para salvaguardar su integridad, obtener un espacio digno para pernoctar o evitar el despojo de sus pertenencias mínimas. En este entorno, el delincuente primerizo o de menor perfil termina inexorablemente subordinado a las estructuras criminales más experimentadas, tejiendo alianzas que fortalecen de manera exponencial el tejido delictivo transnacional y local. El valor estratégico de las prisiones para el crimen organizado ha crecido a niveles impensables en 2010, cuando el control estatal era más riguroso y la hiperconectividad tecnológica aún no se había masificado.
En 2010, la gestión de los penales comenzó a regirse por una lógica estrictamente administrativa y política, inherente a la naturaleza del Ministerio de Gobierno, desvinculándose del enfoque técnico en seguridad que históricamente la había caracterizado. Hoy la República paga con creces esa desatención. Esta disociación permitió, e incluso propició, que los centros de reclusión se transformaran en los nodos operativos y de comando de las organizaciones criminales que azotan a nuestro querido Panamá. Es necesario dejar claro que fue así, de manera sutil pero sostenida, como se inició la erosión del control penitenciario.
Esta fragmentación, lamentablemente, no es un fenómeno exclusivo del sistema penitenciario. Es un patrón que se replica en otras agencias neurálgicas para la seguridad nacional, tales como la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), entre otras. Por ello, es imperativo ser categóricos: urge reconfigurar la arquitectura de seguridad del Estado, la cual hoy se encuentra peligrosamente parcelada. El desafío actual no radica en la complejidad ni en enredos legislativos; radica en el conocimiento geopolítico y estratégico de cómo opera la delincuencia contemporánea en los ámbitos regional, nacional e internacional y, sobre todo, en la voluntad política. Sin este último componente, el país avanzará inercialmente hacia el abismo de un Estado fallido, porque la corrupción actúa hoy como un elemento transversal que corroe los poderes del Estado, y su erradicación es una condición sine qua non si pretendemos retomar las riendas de la seguridad nacional.
Resulta paradójico que, mientras nuestros delincuentes asimilan e importan sofisticados modelos delictivos foráneos, la institucionalidad sea incapaz de resolver vulnerabilidades operativas elementales, superadas hace décadas por sistemas penitenciarios eficientes en el mundo. El tráfico ilícito de estupefacientes, armamento, licores y demás prebendas ampliamente documentado por la opinión pública, sumado a anomalías silenciadas, como el ingreso descontrolado de visitas no autorizadas, responde a la laxitud de los controles actuales. La solución no reviste una complejidad técnica inalcanzable: bastaría con implementar de manera sistemática regímenes de visitas familiares «sin contacto», mediante locutorios blindados equipados con sistemas de intercomunicación. Una medida de ingeniería de seguridad tan estándar como esta reduciría en más de un 80 % el flujo de sustancias y objetos prohibidos hacia el interior de los penales. No es un reto tecnológico; es un asunto de firmeza política y de análisis táctico.
A esta acción debe sumarse una política urgente de rotación general de los cuerpos de custodios a nivel provincial. El diseño actual permite que muchos de estos funcionarios vivan en los mismos entornos sociales que los privados de libertad, compartiendo vínculos vecinales, familiares o de amistad previa. Esta alarmante proximidad anula cualquier principio de autoridad, neutralidad y disciplina, por más que exista una intención voluntariosa de ejercer el orden. En un sistema estructuralmente degradado, resulta utópico exigir heroísmo individual a funcionarios que, tanto dentro como fuera de los penales, coexisten bajo la constante presión de organizaciones delincuenciales que instrumentalizan la violencia para garantizar sus intereses.
El autor es comisionado con formación militar/policial.
