Al gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen le ha correspondido la oportunidad de poder designar hasta la fecha a cinco de los nueve magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia. La designación de todos esos magistrados se ha dado dentro de un proceso público, transparente y científico, el cual ha sido respetado por la Asamblea Nacional al momento de su ratificación y reconocido favorablemente por la opinión pública.
El 31 de diciembre vence el periodo del magistrado José Ayu Prado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de escogencia de su sucesor sigue el camino recorrido por los cinco magistrados ya designados, quedando solamente la escogencia del mismo y su posterior ratificación por la Asamblea Nacional.
A nuestro juicio, esta designación, en función de las pruebas que está pasando nuestra administración de justicia en los casos de alto perfil de corrupción y de blanqueo de capitales, requiere que el señor presidente haga un análisis de la persona idónea para ese puesto, el cual indudablemente, además de reunir un alto nivel de conocimiento y experiencia, debe ser una persona intachable, proba, honorable, ética y respetuosa de la ley, además de no estar vinculada de ninguna manera con nuestra política criolla y sus respectivas particularidades, como ha sido el caso de los cinco magistrados ya designados por esta administración. Conviene al país que esta designación y aprobación no genere cuestionamientos públicos que empañen y disminuyan todo ese esfuerzo realizado hasta la fecha por dejar un importante legado institucional al país.
Hay que reconocer la gran labor que ha hecho Cortizo en restaurar la credibilidad del sistema judicial, que es el pilar más importante con el que cuenta un país para lograr la existencia de un pleno estado de derecho, como el que existe en países denominados del primer mundo. Es un legado que Cortizo deja al país y el cual la historia le reconocerá y agradecerá.
Señor presidente, solicitamos que su designación obedezca a los más altos intereses de la patria, consagrados en nuestra Constitución Política, que esté alejada de cualquier interés político y partidista, y que la misma refleje su voluntad de fortalecer a nuestro sistema de justicia, como se ha reflejado en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados durante su periodo presidencial 2019-2024.
El autor es abogado y exdirector de ASEP.
