Hace un par de semanas, cuando nuestra atención no estaba puesta en la nueva royal panameña, la distracción para más de cuatro fue pegar el grito al cielo en contra del proyecto de ley que brinda Acceso Integral a la Gestión Menstrual, impulsado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.
En vez de pensar en los beneficios de esta ley y lo que significa para lograr la equidad de género y la dignidad para miles de mujeres y niñas panameñas, nos enredamos en las patas de los caballos, creyendo teorías de conspiración, comiéndonos el cuento de que quieren borrar la palabra “mujer” de nuestro vocabulario y que todo es parte de una agenda hacia un nuevo orden mundial. Spielberg se nos queda corto con el peliculón que nos montamos.
“Pero las mujeres toda la vida han menstruado”, dicen por ahí. Es cierto. También es cierto que desde tiempos bíblicos, el periodo ha sido considerado como inmundicia. En Levítico 15, por ejemplo, la mujer en su periodo y todo lo que tuviese contacto con ella era considerado impuro. Aún en pleno siglo 21, mujeres e incluso sus hijos mueren por inhalación de humo por las fogatas que encienden para mantenerse calientes en las chozas precarias a las que son confinadas por sus propias familias, porque supuestamente contaminan sus hogares. Estos casos pueden sonar extremos, sacados de sociedades, según nuestra perspectiva, “menos civilizadas”, sin embargo, promover la eliminación del impuesto a los productos de higiene menstrual es lo mínimo que se puede hacer en cuanto a reparaciones por siglos de injusticia.
Según datos de la organización humanitaria Plan Internacional, el costo promedio de un paquete de toallas sanitarias en Centroamérica es de $1.87, lo cual parece un gasto marginal. Pero este es un pensamiento privilegiado. Resulta que en nuestro propio Panamá, próspero y pujante, según datos de la Contraloría General de la República para 2019, el 21.5% de la población vive en pobreza y 10% en pobreza extrema. Esto quiere decir que viven con ingresos mensuales de entre $144 (pobreza general urbana) a $59 (pobreza extrema rural).
En este escenario, menstruar, en el mejor de los casos, es un gasto inevitable que literalmente desangra el bolsillo. Pero para miles de niñas y mujeres en condiciones precarias, la pobreza menstrual implica ponerse trapos, enfermarse, dejar de ir a la escuela o trabajar, poniendo en riesgo su salud, desarrollo psicosocial y oportunidades para un futuro digno. Es un problema que trasciende a toda la sociedad.
Tal vez este tema suene muy “progre” para esta columna, pero, ¿qué más liberal se puede ser cuando se busca la justicia fiscal a través de la eliminación de impuestos?
No faltará quien proponga el uso de productos como la copa menstrual, pero no nos engañemos: alternativas como esta, si bien representan un ahorro significativo a largo plazo y es ambientalmente amigable, implican un gasto inicial alto, y más importante, es inviable si no se cuenta con agua potable y facilidades para esterilizarla, como es el caso aún para la pobreza urbana.
Los productos de higiene menstrual son artículos de primera necesidad, no lujos. Al contrario de proponer subsidios, este proyecto de ley llama a la eliminación de un impuesto que genera un perjuicio desproporcionado a mujeres y niñas en situación de pobreza. El sacrificio fiscal sería mínimo, si consideramos lo que ya perdemos a causa de la corrupción y de subsidios sin fecha de expiración.
Si representa una disminución en cargas impositivas, es algo que merece respaldo. Todo lo demás es ruido y mojigatería.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
