Llevamos dos contratos mineros declarados inconstitucionales, confeccionados por equipos de negociadores gubernamentales de dos administraciones distintas, con los mejores, prestigiosos y reconocidos bufetes de abogados.
Es obvio que las negociaciones fueron muy buenas, y que los contratos fueron muy bien hechos; fueron revisados y aprobados por dos distintas asambleas de diputados para convertirlos en leyes de la república y así quedar blindados ante cualquier disidente. Por la importancia para las partes, la minería pareció tener prioridad sobre otras leyes y sectores económicos del país. Supongo que esa discriminación hacia el resto del país pasó inadvertida para los negociadores, concentrados en un solo fin: obtener el máximo beneficio posible sin proteger los bienes e intereses de todos los panameños.
También es claro que el poder político y económico influyó en ambas negociaciones. El alinear el poder del Ejecutivo con la Asamblea es bien conocido por todos. Creo que estas influencias prevalecieron, y cuesta imaginar las celebraciones de los equipos negociadores en cada ocasión en que su “contrato” fue aprobado.
No sé si la historia aplicará el título de “traidores” a algunos negociadores o si la ciudadanía los mantiene presentes. Esos dos contratos fueron escritos en contra del país, sin el menor intento de defenderlo. Todas las administraciones gubernamentales han tenido numerosos miembros con conflicto de interés en el tema minero y esta no es la excepción. Tampoco tengo claro si algunos piensan que estamos en un juego en el que llevamos dos strikes y llegó la hora del ponche, o si esperan un home run. ¿Nos encontramos en una situación en la que ni siquiera sabemos cuáles son las reglas? Lo anterior es realmente un desastre. Las reglas existen, pero no queremos cumplirlas, y lo peor es que se persiste en pretender legal un contrato y validar a un “socio” desleal.
Lo cierto es que la inconstitucionalidad declarada por la Corte dejó por fuera otros aspectos lesivos a los intereses nacionales de los que no se habla. Lo anterior recuerda las debilidades mencionadas en la Evaluación de Marco de Políticas Mineras de Panamá, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en la que se concluye que Panamá no tiene la institucionalidad para manejar la minería. Y lo sucedido parece confirmarlo. Ahora nuestros “magos” quieren crear una institucionalidad con una varita mágica. Este acto de magia, ¿resuelve nuestro futuro o el de ellos?
El gobierno nuevamente nos falla en varios aspectos. Continúa negociando a espaldas de los ciudadanos; esto no es una negociación entre privados, como se quiere hacer ver. Los minerales son recursos no renovables, bienes de la nación que requieren un manejo especial que no hemos discutido como sociedad. La auditoría de la mina debe ser integral, lo cual abarca elementos que van más allá de los compromisos del estudio de impacto ambiental y requiere un análisis de la actuación de las instituciones del gobierno en todo lo sucedido. Decirnos que tendremos una auditoría integral cuando los términos dicen otra cosa es incorrecto e indigno de los funcionarios de gobierno. Por favor, corrijan y seamos serios. Los ciudadanos no desean jugar a detener goles. La auditoría debe cubrir todos los aspectos que puedan servir en cualquier futuro arbitraje que deba enfrentar la nación. ¿O no?
Esperamos que la Presidencia y el Ministerio de Comercio e Industrias sepan que el borrador de la Autoridad Nacional Minera no es la solución que la mayoría de los panameños desea y que podría producir protestas como las de 2023, algo que ningún sector quiere.
La mejor publicidad que puede tener el país para atraer inversiones es una competencia abierta y un combate efectivo a la corrupción, con una ciudadanía empoderada, participativa y comprometida en exigir rendición de cuentas, transparencia y vigilancia de la cosa pública.
El autor es presidente de la Fundación para la Protección del Mar PRO-MAR.
