El gobierno de José Raúl Mulino se ha propuesto realizar el más descarado asalto a los recursos de los panameños que hayamos visto en décadas: expropiar los ahorros del pueblo panameño para garantizar más riqueza a los más ricos de Panamá.
Estudié el proyecto de Ley 163 que reforma la Caja del Seguro Social (CSS) y puedo concluir que es una traición al país. No es una reforma al sistema de pensiones para salvarlo. Es su destrucción y reemplazo con un fondo de inversiones privado que obliga a la sociedad a sacrificarse —y ser solidarios— con las familias más poderosas del país.
El objetivo de la reforma es sencillo: contar con miles de millones de dólares para especular en los mercados financieros y de esa forma enriquecerse aún más. Desean —como nunca antes— tener a su disposición todos los aportes en un solo fondo, como son las cuotas obrero patronal, contribuciones de independientes, transferencias del Estado, subsidios, utilidades de inversiones y multas.
Sin considerar los aportes adicionales y la unificación de subsistemas, la OIT estima que habrían más de 200 mil millones de dólares acumulados para 2095 en las cuentas individuales. Esos fondos —según se deduce en el proyecto ley 163— serán entregados a empresas financieras panameñas o extranjeras para que los usen en los mercados a su antojo como si fueran sus dueños. Con esa simple operación, expropiarán los recursos de la sociedad destinados al cuidado de los jubilados, inválidos y enfermos.
Si se aprueba la ley, la aristocracia financiera panameña tendrá miles de millones para especular en los mercados internacionales y para engordar sus propios proyectos en Panamá con inversiones en bienes muebles o inmuebles, compra de bonos, acciones, fondeo de sus bancos, etc. No hay límite alguno a los negociados multimillonarios que pueden armar. Desde financiar megaproyectos hoteleros o residenciales o el enésimo centro comercial de lujo, inyectarlos en sus propios bancos y fondos de inversión privados, o incluso, resucitar la minería “legal”. Un botín de recursos, inflando artificialmente sus negocios, que les da ganancias garantizadas sin asumir ni un solo riesgo. Todo el riesgo y el sacrificio es para los trabajadores. El pobre pone los costos y los ricos se quedan con las ganancias.
El proyecto de ley 163 impone el peor modelo de jubilación: un sistema de cuentas individuales. No habrá pensiones, solo ahorros. No se trata de salvar la Caja, sino de “sálvese quien pueda”. La jubilación que acumulamos por décadas se reduce a un ahorro de emergencia o suplementario, donde aún logrando sortear la inestabilidad y precariedad del mercado laboral panameño, concede una tasa de reemplazo en el sistema de cuentas individuales bajísima —no supera ni el 30% de tu salario. La gran propuesta del gobierno es trabajar hasta morir dejando como único beneficio definido un misero subsidio “universal” que no llega al salario mínimo.
Para maximizar ganancias, hay que minimizar gastos. Y para Mulino y Cía., eso precisamente son los asegurados: un gasto a reducir. He ahí la contradicción de la propuesta: se concentran y centralizan en un solo fondo los ahorros para maximizar los rendimientos de las inversiones y la rentabilidad de los administradores de fondos, pero se individualizan los flujos que sirven para calcular la pensión minimizando lo que recibe cada asegurado individualmente.
Sin embargo, no todo está perdido. Así como ellos han concentrado los fondos para robárselos, es posible juntarlos, pero para distribuirlos con equidad y solidaridad entre los jubilados, con un esquema de beneficio definido que establezca una pensión digna como derecho. Los mejores sistemas de pensiones del mundo, entre ellos los de Países Bajos e Islandia, son de beneficio definido. Pueden servirnos de referencia. Avancemos estructurando una unidad pública administradora de las inversiones, con normas de transparencia, rendición de cuentas y controles democráticos utilizando tecnología, que permita canalizar los recursos hacia el único sostén de todo sistema de pensiones y proceso de desarrollo nacional: más y mejores trabajos.
El autor es politólogo y fue candidato a la vicepresidencia de la República por la libre postulación en 2024.
