Hace casi cien años, en el México convulsionado de la posrevolución, Plutarco Elías Calles ideó una fórmula para perpetuarse en el poder sin violar formalmente la Constitución. Tras concluir su mandato presidencial en 1928, se proclamó “Jefe Máximo de la Revolución” y gobernó durante seis años mediante presidentes subordinados, en un período que la historia mexicana denominó el Maximato. Sólo la determinación de Lázaro Cárdenas, quien en 1936 lo expulsó del país, puso fin a ese experimento de poder indirecto que había vaciado de contenido real a la democracia mexicana.
Un siglo después, en una Costa Rica considerada uno de los sistemas democráticos más sólidos de América Latina, el presidente saliente Rodrigo Chaves parece intentar una fórmula similar. Al concluir su mandato, no regresaría a la vida privada, sino que permanecería en el gobierno de Laura Fernández ocupando dos carteras estratégicas: Hacienda y Presidencia. De ese modo, buscaría conservar una influencia decisiva sobre el aparato estatal. La “sombra de Rodrigo Chaves”, según diversos análisis de la prensa costarricense, se perfila como uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno.
En Costa Rica, el ministro de la Presidencia ya es una figura central en la coordinación política del Ejecutivo. Si a ello se le añade el control de Hacienda, la supervisión de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la conducción del gabinete económico, emerge la figura de un “superministro” con un nivel de poder inusual y potencialmente superior al de la propia presidenta.
Las motivaciones de este posible Maximato tropical parecen múltiples. La primera, la necesidad de preservar influencia y protección política frente a cuestionamientos crecientes. Durante su administración, una comisión parlamentaria concluyó que el gobierno debilitó la seguridad pública y favoreció, por omisión, el fortalecimiento de estructuras criminales. A ello se agregan denuncias de corrupción y otros señalamientos que podrían traducirse en procesos judiciales una vez concluido el mandato presidencial y desaparecidos los mecanismos de protección institucional asociados al poder.
La segunda motivación es ideológica y tiene como referencia el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. El llamado “bukelismo”, basado en una fuerte concentración de poder, debilitamiento de contrapesos institucionales y creciente control sobre las instituciones del Estado, parece ejercer una evidente influencia sobre Chaves. Para reproducir parcialmente ese modelo en Costa Rica, sería necesario conservar posiciones estratégicas dentro del Estado y avanzar gradualmente en la erosión de las instituciones democráticas que han caracterizado al país durante más de siete décadas.
En ese contexto, resulta especialmente polémico el uso de instrumentos de presión política asociados a la relación con el gobierno de Estados Unidos. Desde 2024, Washington ha revocado las visas de al menos catorce figuras públicas costarricenses, entre ellas políticos, magistrados y empresarios. Entre los afectados figuran el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias y el magistrado Fernando Cruz. A comienzos de mayo de 2026, el Departamento de Estado también revocó las visas de directivos del periódico La Nación, uno de los medios más influyentes e independientes del país. La medida fue interpretada ampliamente como una acción política dirigida contra voces críticas del gobierno.
Para numerosos observadores, estos episodios reflejan la cercanía entre Chaves y sectores vinculados al movimiento MAGA en Estados Unidos, así como su disposición a utilizar herramientas diplomáticas como mecanismos de presión política regional. El impacto de estas acciones resulta especialmente delicado en Costa Rica, país que abolió su ejército en 1948 y construyó una institucionalidad democrática considerada ejemplar en América Latina.
La paradoja costarricense radica en que la amenaza no proviene de un golpe militar ni de una ruptura abierta del orden constitucional, sino de una erosión gradual desde el interior mismo del sistema democrático, bajo formas legalmente permitidas pero inspiradas en una lógica caudillista y populista.
En México, hizo falta la decisión de Lázaro Cárdenas para desmontar el Maximato y restaurar la autoridad presidencial efectiva. En el caso de Costa Rica, el país deberá encontrar su propio mecanismo de defensa democrática: con la fortaleza de sus instituciones, la independencia de su prensa, la vigilancia ciudadana y la memoria histórica de todo lo que costó construir el modelo democrático liberal que hoy enfrenta tensiones crecientes. Se abre un nuevo frente de batalla en la lucha contra el autoritarismo anti-liberal, que podría tener consecuencias graves para países vecinos expuestos a las mismas amenazas a su libertad y autodeterminación.
El autor es médico salubrista.
