Dentro de los modelos de crecimiento económico, el capital humano ocupa un papel fundamental, especialmente cuando se combina con el uso de bienes de capital (maquinaria, equipo, infraestructura) y tecnología. Sin una fuerza laboral preparada, ninguna economía puede sostener su crecimiento en el largo plazo.
A pesar de que algunos niegan la importancia del crecimiento económico, los datos muestran lo contrario: los países que más crecen tienden a ser menos desiguales, porque más personas logran integrarse al proceso productivo. Además, el crecimiento permite ampliar el acceso a servicios públicos —agua, energía, telecomunicaciones—, mejorar la eficiencia en el uso de recursos, elevar la calidad ambiental y aumentar la esperanza de vida. En síntesis, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, pero es la condición necesaria para mejorar todos los indicadores sociales.
Panamá necesita mantener ese dinamismo si aspira a ingresar al grupo de países desarrollados. Sin embargo, el actual problema de empleabilidad y capital humano amenaza con truncar ese objetivo. Aunque el país aún no enfrenta una crisis demográfica, sí sufre las consecuencias de una educación pública deficiente y centralizada, que controla más del 80% de la enseñanza primaria y secundaria. Un sistema que, en lugar de preparar para el futuro, parece anclado en el pasado.
A este problema estructural se suma otro: la burocracia estatal. Gobierno tras gobierno, se han multiplicado los trámites, regulaciones y proteccionismos. Un ejemplo claro es la gran cantidad de carreras protegidas y una política migratoria poco atractiva, que obstaculiza la llegada de talento y capital humano extranjero.
Este exceso de burocracia le cuesta al país más de 4 mil millones de dólares anuales, generando un intervencionismo tan asfixiante que ha provocado que muchas empresas cierren, se muden al exterior o desistan de invertir. Los costos de formalizar una empresa o contratar personal son tan elevados que Panamá ha dejado de ser un destino atractivo para hacer negocios.
Las consecuencias ya son visibles. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para septiembre de 2025, el país registraba un desempleo del 10.4% y una informalidad del 47.1%. De los desempleados, el 44.5% son jóvenes entre 15 y 24 años, precisamente quienes deberían estar construyendo la nueva generación productiva. Contratar a un joven recién graduado se ha vuelto costoso y riesgoso en una economía estancada. Lo más preocupante es que el 70% de los desocupados tiene estudios secundarios o universitarios; es decir, estamos educando jóvenes para el desempleo.
Ante la falta de oportunidades, muchos terminan en el sector informal, donde los ingresos son bajos e inestables. En 2024, el ingreso promedio de un trabajador informal fue de 600 dólares mensuales, pero el 17% gana menos de 100 dólares, y solo un 1.3% supera los 1,500. Además, la informalidad implica la ausencia de contrato, cotización para pensión, acceso al crédito o estabilidad laboral. Es, en resumen, una trampa de pobreza.
Panamá atraviesa un mercado laboral enfermo, con síntomas evidentes: desempleo juvenil, informalidad creciente, pérdida de productividad y fuga de talento. Y si el país no actúa con decisión, se arriesga a perder su ventana de oportunidad demográfica y su capacidad de sostener el crecimiento.
El crecimiento económico no depende solo de las cifras del PIB, sino de la calidad de las instituciones, la libertad económica y la fortaleza del capital humano. Urge una reforma educativa, laboral y regulatoria que devuelva al mercado panameño su dinamismo y competitividad.
De lo contrario, seguiremos viendo cómo un país con tanto potencial se estanca por decisiones políticas que prefieren el control al progreso, y el proteccionismo a la libertad.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
