El concepto de ministerio gubernamental ha evolucionado desde los antiguos “ministros del rey”, servidores personales de los monarcas, hasta convertirse en órganos técnicos y políticos del Estado moderno. En el ámbito social —educación, salud, igualdad y medio ambiente— los ministerios representan el compromiso del Estado con los derechos ciudadanos. Son instrumentos de política pública que garantizan equidad, participación y desarrollo sostenible.
En Panamá, la creación del Ministerio de la Mujer en 2023 marcó un avance institucional y simbólico de gran relevancia: el reconocimiento de la igualdad de género como asunto de Estado y no como un tema accesorio o asistencial.
El camino hacia su creación fue largo. Desde la Ley 4 de 1999, que estableció la igualdad de oportunidades, Panamá transitó por distintas estructuras: primero el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (1997) y luego el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) en 2008, con autonomía administrativa pero limitado poder político.
La Ley 375 del 8 de marzo de 2023 corrigió esa asimetría al elevar la institucionalidad de género al rango ministerial, otorgándole voz en el Consejo de Gabinete y autoridad para coordinar políticas públicas intersectoriales. Esta reforma alineó a Panamá con las mejores prácticas internacionales y con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y la Convención Interamericana de Belém do Pará.
El nuevo Ministerio no solo articula políticas de igualdad, sino que atiende directamente a miles de mujeres víctimas de violencia, impulsa la participación económica femenina y lidera la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas. En su primer año abrió centros de atención integral en casi todas las provincias, estableció alianzas con otros ministerios para prevenir la violencia doméstica, presentó la Agenda Económica de las Mujeres Rurales (2023) y la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2024–2034.
En un país donde los femicidios y la violencia intrafamiliar siguen siendo problemas estructurales, estas acciones son esenciales para proteger vidas y fortalecer el tejido social.
La reciente propuesta del Ejecutivo panameño de eliminar el Ministerio y reducirlo a una dependencia del Mides constituye un retroceso alarmante. El argumento de que se trata de una medida para racionalizar el gasto público carece de fundamento, sobre todo ante la ausencia de criterios similares en otros sectores.
No se han reducido los presupuestos desproporcionados de la Asamblea Nacional, ni los gastos suntuarios en renovaciones de edificios de lujo o recepciones para visitantes VIP. En ese contexto, dirigir los recortes hacia un ministerio de bajo costo pero alto impacto social evidencia miopía política y ética.
Más que un ahorro fiscal, la eliminación del MIMujer significaría una pérdida institucional y simbólica profunda. Desmantelar el único ministerio dedicado a garantizar los derechos de la mitad de la población enviaría un mensaje devastador dentro y fuera del país: que la igualdad de género, la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos humanos han dejado de ser prioridades.
Sería además una evidente contradicción con los compromisos internacionales de Panamá ante la ONU, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde el país ha proclamado su liderazgo en materia de equidad y empoderamiento femenino.
Los ministerios sociales no son gastos, sino inversiones en cohesión, justicia y futuro. Reducirlos por motivos contables equivale a desmontar los pilares de la democracia moderna. Panamá ha avanzado, con tropiezos pero con determinación, hacia un Estado más inclusivo y participativo.
Renunciar ahora al Ministerio de la Mujer sería enviar a la ciudadanía —especialmente a las jóvenes generaciones— el mensaje de que la igualdad es negociable.
En tiempos en que las democracias enfrentan crisis de legitimidad y los derechos adquiridos se ven amenazados, retroceder en políticas de género es retroceder en la civilización. Panamá debe reafirmar que el verdadero gasto improductivo no es el que busca justicia e igualdad, sino el que perpetúa el privilegio, la opacidad y el despilfarro.
Mantener y fortalecer el Ministerio de la Mujer no es un lujo: es una obligación moral y política de un Estado que aspira a ser democrático, equitativo y moderno.
El autor es médico salubrista.
