El gobierno de Laurentino Cortizo se jacta de haber creado y mantenido las condiciones necesarias para que los panameños pudiesen tener la posibilidad de salir de la crisis económica provocada por la pandemia, lo que permitió a la empresa privada trabajar en armonía y con tranquilidad. Hace énfasis en “la hambruna” sorteada a “los que menos tienen” y, de esa manera, haber evitado la anarquía que hubiese generado saqueos, confrontación entre panameños y turbas organizadas por la delincuencia. Pero, ¿de qué manera supuestamente ha logrado el gobierno nacional esta paz social?
Tal vez debido a la utilización de $2,263 millones que, según el director general de Ingresos, se estarían “invirtiendo” anualmente en la población para aliviar su carga social. Sobre estas acciones, como también la decisión de controlar los precios de los alimentos y forzar descuentos de los medicamentos, ha dicho la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP): “El Gobierno Nacional enfrenta ahora su deber de reevaluar sus acciones y su equipo de actores, frente a las eminentes consecuencias de sus erráticas decisiones, que producirán más frustración en la población”. Estas palabras no parecen demostrar un esfuerzo gubernamental para sacar a los panameños de su crisis económica, social y laboral, siendo calificados estos actos de gobierno por la CCIAP como “pan para hoy y peores condiciones para mañana”.
Adicionalmente, el Gobierno nacional no ha dado seguimiento a los objetivos del Pacto del Bicentenario que le fueron entregados en el mes de julio, no ha implementado su plataforma tecnológica ni diseñado la estrategia de comunicación. Ha preferido a su vez, abultar la planilla estatal con cargos inoperantes e innecesarios a costa, por ejemplo, de la inyección de fondos a la micro, pequeña y mediana empresa. Tampoco ha facilitado suficientes fondos a la inversión pública, superados con creces por los gastos operativos.
Al mes de agosto de 2022, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) había informado sobre la quiebra de algunas empresas de sus afiliados, debido al no pago, que iba por $700 millones, a los contratistas del Estado. Mientras tanto, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) advirtió este mes de noviembre recién terminado que mientras el gobierno apenas concreta el pago de $300 millones, se generaba una nueva deuda que superaba esa cantidad.
Paralelamente, la Cepal acaba de ubicar en la pobreza a 700 mil panameños al 2021, en su informe presentado el 24 de noviembre en Santiago de Chile, o sea, un 15.6% de la población. Mientras que la pobreza extrema estaría en un 5.7%.
La población panameña, desde que este país se constituyó como Estado independientemente en 1903, ha sabido sortear el flagelo de la violencia, generada principalmente desde las altas esferas gubernamentales. Sobre todo, durante los 21 años de dictadura militar cuando hubo desaparecidos, decapitados, exilados y grupos paramilitares como los Batallones de la Dignidad, creados por el dictador de turno. Y tampoco ha sido ni será la pandemia la que promueva la violencia entre panameños. La violencia, en tal caso, será la acumulación de frustraciones generadas por el despilfarro de los fondos públicos, la corrupción desenfrenada desde la cosa pública, el camino hacia la quiebra del IVM y la penetración del crimen organizado en las altas esferas de los tres órganos del Estado. Y toda esta experiencia penosa ya inició y seguirá sin detenerse, frente a la necesidad del gobierno actual de mantenerse a toda costa en el poder. Porque la paz social no es solamente no tirar piedras, no cerrar calles, no destruir las estaciones del metro, no apedrear los metro buses, no quemar la Asamblea, no tomar la justicia en manos propias o la inexistencia de grupos guerrilleros. La paz social implica además recoger la basura, arreglar las calles, adecuar las aceras, reparar las escuelas, acondicionar los hospitales, detener la ignorancia, vigorizar la educación, atender la salud, salvar el IVM, ajustar los recursos públicos, adaptar los presupuestos estatales, contener los asaltos a los comercios, bancos o joyerías, frenar la indigencia y, lo más importante como funcionario, dar el ejemplo entre muchas otras cosas.
Pero nada de esto está en el radar de los actuales gobernantes, cuando no otorgan suficiente presupuesto para el Gorgas, el Oncológico, la Senacyt, la Universidad de Panamá o la Autoridad de Aseo, mientras que a la Asamblea Nacional le han dado este año 224 millones (79 millones de dólares más de lo que se le otorga a la Asamblea Bicameral de Colombia, con 296 curules entre senadores y representantes, en un país de 51 millones de habitantes). O al haber permitido que, de los fondos de la descentralización, se disponga un 40% de éstos para excesivos gastos de funcionamiento y planillas de los municipios.
La corrupción y el desenfrenado despilfarro continuarán en nombre de la cacareada paz social, hasta que el hartazgo haga mella en una población cansada de tanta desidia y desconexión de quienes ostentan hoy el poder público.
El autor es abogado.
