El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador constituye una megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 en Tecoluca, diseñada para albergar a más de 40,000 pandilleros. El CECOT es una pieza fundamental en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, caracterizada por un aislamiento total, la vigilancia extrema y la ausencia de visitas.
Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha renovado 48 veces un estado de excepción que le ha permitido capturar a un importante contingente de las pandillas. Durante el estado de excepción, el gobierno salvadoreño ha podido reducir la tasa de homicidios a unos niveles históricos, especialmente en los tres primeros años de aplicación de este régimen de excepcionalidad.
La construcción de megacárceles ha sido copiada por países centroamericanos como Costa Rica y Guatemala, lo que la consolida como alternativa para solucionar los problemas de inseguridad ciudadana en la región. Pero, por otra parte, el CECOT está sujeto a denuncias de organismos de derechos humanos por incumplimiento de garantías y libertades mínimas. A finales de marzo de 2026, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentaba en su espacio web los resultados de un informe de juristas internacionales que denuncian la existencia de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
La política de seguridad salvadoreña se ha visto empañada por escándalos. En 2025, en un artículo publicado por el diario El País, se dio a conocer que el gobierno de Bukele imposibilitó una investigación que se estaba realizando desde Estados Unidos sobre la relación de las autoridades salvadoreñas con la pandilla MS-13 e impidió que algunos de sus integrantes fueran extraditados para ser interrogados. Recientemente, en otra investigación basada en documentos internos de inteligencia, se reveló que el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban en los registros policiales como pandilleros, previamente a decretar el régimen de estado de excepción, lo que deja una cifra de más de 33 mil encerrados sin una causa criminal conocida.
Pero, a pesar de estas informaciones, llama la atención que, siguiendo datos de encuestas demoscópicas, este tipo de políticas tienen aparentemente muy buena acogida en la región. En el Latinobarómetro 2024, Nayib Bukele es el líder mejor valorado entre los 17 países consultados en América Latina y el Caribe. El 53.3% de las personas encuestadas en los 17 países lo evalúan de forma positiva o muy positiva (de 6 a 10 en una escala del 0 al 10), el líder mejor valorado por encima de otros líderes latinoamericanos o internacionales, incluso mejor valorado que el propio Papa, en una región de mayoría católica.
En el caso de Panamá, este porcentaje es incluso mayor, llegando al 78.2% los que valoran de forma positiva o muy positiva al presidente salvadoreño, 33 puntos por encima de la valoración del santo padre, que ocupa el segundo lugar tras el líder salvadoreño. Panamá es el cuarto país en la región que mejor valora al presidente salvadoreño, tras El Salvador, Honduras y Ecuador, países que han sufrido problemas de inseguridad mucho mayores que el Istmo, con tasas de homicidio muy superiores.
Según el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), el Istmo sufre una tasa de homicidio moderada, es decir, no es alta, pero sí requiere atención: 12 homicidios por cada 100 mil habitantes en el país frente a 20 por cada 100 mil habitantes en la región. No obstante, la percepción ciudadana sitúa en un 72.3%, en la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos (CIEPS, 2025), a las personas que consideran que Panamá no es un país seguro. Es necesario atender estas percepciones sobre la inseguridad porque pueden tener consecuencias sobre el sistema de libertades.
Por otra parte, en las cárceles de Panamá existe hacinamiento y sobrepoblación, pero abordar esta problemática con la construcción de una megacárcel en régimen de excepcionalidad contraviene los principios de rehabilitación, así como los derechos humanos.
El interrogante que dejan estos datos es si realmente este tipo de políticas es la opción elegida por la ciudadanía y hasta qué punto la sociedad está dispuesta a cruzar determinados límites. ¿Está segura la sociedad de adoptar estas medidas, aunque no respeten ni los derechos ni las garantías básicas de toda la población? ¿Podría el país aceptar un largo estado de excepción que implique encerrar a miles de personas que no tienen delitos conocidos?
Pero, más importante que esto, ¿es asumible suspender principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia o la posibilidad de defensa, para otorgar capacidades extrajudiciales a las autoridades?
Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, esto supondría un tránsito hacia un proceso de deterioro institucional que haría imposible mantener aquello que, en un sentido normativo, define a las instituciones republicanas: que todos y todas son iguales ante la ley.
El autor es investigador del Cieps.
