La intelectualidad estatista suele vendernos la falsa ilusión de que la Revolución Industrial fue un mero accidente tecnológico o un proceso mecanicista desconectado de la acción humana. ¡Falso! Desde la óptica de la praxeología y el análisis institucional, la evidencia empírica sugiere una tesis contundente: el mayor salto de prosperidad en la historia no fue un milagro de laboratorio, sino el resultado de siglos de lucha ciudadana para limitar el poder absoluto del Estado y garantizar los derechos de propiedad y la libertad individual.
La historia de Inglaterra ilustra esta progresiva liberación frente a la coacción. Mientras en gran parte de Europa el absolutismo se consolidaba, en las islas británicas el orden social fue erosionando gradualmente el monopolio del poder. Todo comenzó en 1215 con la Carta Magna, cuando los barones limitaron los abusos fiscales del rey, sentando el precedente de que la ley está por encima de la voluntad del monarca. Este proceso continuó con el colapso del sistema feudal tras la Peste Negra en el siglo XIV: la crisis demográfica fortaleció la posición de los campesinos, quienes renegociaron su servidumbre, exigieron salarios y ganaron mayor autonomía frente al poder de los terratenientes. Finalmente, un punto de inflexión llegó con la Revolución Gloriosa de 1688 y el Bill of Rights, que limitaron el poder de la Corona y establecieron nuevas bases institucionales para el gobierno y la economía.
Detrás de estos procesos históricos se libraba el gran debate filosófico de la modernidad. Por un lado, la visión del Estado fuerte inspirada en el Leviatán de Thomas Hobbes, quien sostenía que “el hombre es un lobo para el hombre” y que, para evitar el caos, los ciudadanos debían someterse a un poder central fuerte. Frente a esta postura surgió el liberalismo de John Locke, que defendió los derechos naturales del individuo: la vida, la libertad y la propiedad. Locke también planteó que el poder político debía estar limitado y que el pueblo conserva el derecho de resistir cuando el gobierno vulnera esas libertades.
¿Qué relación tiene esta historia política con la máquina de vapor? Mucha más de la que parece. La innovación técnica de James Watt pudo desarrollarse y expandirse porque operaba dentro de un marco institucional que ofrecía mayor seguridad jurídica para la propiedad y la inversión. Su asociación con el industrial Matthew Boulton ilustra cómo la iniciativa privada, el capital y el riesgo empresarial pueden transformar avances científicos en progreso económico. Sin un entorno institucional relativamente estable, muchas innovaciones habrían tenido mayores obstáculos para prosperar.
Para países como Panamá, la reflexión es relevante. El desarrollo económico y tecnológico no depende únicamente de la acción estatal ni puede decretarse desde un despacho público. Requiere instituciones sólidas, seguridad jurídica, respeto a la propiedad, apertura económica y condiciones que fomenten la iniciativa privada y la innovación.
La prosperidad sostenible se construye cuando las instituciones logran equilibrar poder político, libertad económica y responsabilidad social. Solo así puede surgir un entorno donde la creatividad humana, el emprendimiento y el progreso tecnológico se conviertan en motores reales de desarrollo.
El autor es analista independiente.
