A Martín Torrijos le decían “El Muñeco que pasea”: un apodo que mezclaba una popular muñeca de la época con la crítica a sus frecuentes viajes. Dos décadas después, José Raúl Mulino acumula 24 viajes internacionales en casi 24 meses de gobierno. Un viaje por cada mes que ha pasado en la Presidencia.
Es temprano todavía para saber si superará los promedios de sus antecesores. Ricardo Martinelli realizó 96 viajes en total, un promedio de 1.6 por mes. Torrijos hizo 89, equivalentes a 1.48 mensuales. Juan Carlos Varela terminó con 70, para un promedio de 1.17 por mes. Cortizo viajó poco por las limitaciones de la pandemia.
Pero la discusión no debe centrarse en cuántas veces despega el avión presidencial, sino en qué aterriza en Panamá después de cada viaje. Como cualquier gasto financiado por los contribuyentes, los viajes presidenciales deberían superar una prueba sencilla: que sus beneficios para el país justifiquen su costo. Más importante que el número de viajes, es la duración de los mismos y los resultados logrados.
De hecho, Mulino ha defendido los viajes como una herramienta para atraer inversiones, comparándolos con los que hacía cuando era abogado. “No me hace falta ser Presidente de la República para viajar. Así como hice buenos acuerdos cuando viajaba en el sector privado, lo haré como presidente para todo el país. Cada balboa invertido se multiplicará en beneficios para Panamá”, dijo el pasado 2 de enero.
Pero con 24 viajes realizados, aún no existe un solo recuento detallado de la multiplicación de esos beneficios. Tomemos como ejemplo el viaje actual a Grecia. Posidonia es la principal feria marítima del mundo y Panamá tiene razones de sobra para estar allí. Mulino es el único mandatario extranjero que encabezó la delegación de su país en el evento.
Antes de llegar al Palacio de las Garzas, el presidente era abogado del sector marítimo. Por eso resulta inevitable preguntarse dónde termina su antigua actividad privada y dónde comienza su actual agenda pública. Nadie discute la importancia estratégica del sector marítimo para el país. Nuestra bandera sigue siendo la más grande del mundo, con cerca del 15% de la flota mercante mundial. Pero el desafío actual no parece ser simplemente atraer más barcos.
En los últimos años, Panamá ha tenido que cancelar el registro de más de 650 embarcaciones vinculadas a sanciones internacionales y a la llamada “flota oscura” que transporta petróleo iraní, ruso y venezolano, incluyendo operaciones vinculadas a Cuba.
Si de algo debería servir Posidonia es para fortalecer la credibilidad de una bandera sometida a creciente escrutinio internacional, no simplemente para aumentar la cantidad de registros, un negocio que beneficia mucho más a los abogados que al país en su conjunto.
En diciembre de 2024, Estados Unidos sancionó siete buques de bandera panameña y una sociedad registrada en Panamá por facilitar el comercio petrolero iraní. Esa sociedad, Ocean Glory Giant, tuvo como agente residente hasta mayo de 2024 a la firma Mulino & Mulino, donde hoy ejercen como abogados los hijos del presidente.
Ese precedente hace más legítimas las preguntas sobre quiénes integran las delegaciones oficiales. Si la presencia del contralor en Brasil provocó un necesario debate nacional, el mismo estándar debe aplicarse a los empresarios, asesores y familiares del mandatario presentes en los viajes. La Secretaría de Comunicación confirmó a esta columna que el hijo del presidente no viajó como parte de la comitiva oficial.
Por transparencia elemental, el gobierno debería dar el listado completo de quiénes viajan, quién paga esos costos y qué beneficio concreto obtiene el país de cada participación. Y es que para fortalecer la credibilidad internacional y atraer inversión extranjera no hace falta que el presidente haga un viaje mensual, sino que envíe señales claras desde Panamá sobre el respeto a las reglas y la distancia que está dispuesto a mantener frente a intereses cuestionados.
Ahí están los hermanos Carretero Napolitano, que pese a las sanciones de la OFAC, siguen apareciendo vinculados a contratos con el Estado panameño.
Pues bien, parece que ni la claridad de objetivos ni la austeridad ni los beneficios concretos caracterizan la afición viajera del presidente. Y en tiempos como estos, la misma resulta bastante inconveniente: un país con desempleo de dos dígitos, graves problemas de seguridad y de servicios públicos, no está para que el presidente ande viajando a todo y con todos. Mucho menos cuando no hay un vicepresidente que se quede a cargo del país.
Los viajes presidenciales no son paseos. Son inversiones de recursos públicos que exigen rendición de cuentas y resultados concretos. Y como nada de eso se ha demostrado hasta ahora, me permito robarle el apodo al expresidente Torrijos. Claro está que nadie llamaría a Mulino un muñeco, a menos que esté hecho, como Pinocho, de madera... pero chiricana. Hasta que la transparencia y los réditos de los viajes demuestren lo contrario, vamos a llamarlo: El Mulino que pasea.
