El vicepresidente de la República ni siquiera cumplió o al menos parece no haber cumplido con el deber que se le encomendó en la mesa técnica de medicamentos, como coordinador y responsable, para evitar el desabastecimiento público de medicinas.
Ninguna de las recomendaciones entregadas al presidente de la República han servido para nada. Ni el visto bueno para la compra de la lista de medicamentos homologados entre la CSS y el Minsa ni la iniciativa para reglamentar el artículo 18 de la Ley 97 de 4 de octubre de 2019, sobre el plan de garantía de abastecimiento de medicamentos, han surtido efecto.
Para garantizar el abastecimiento, se iba a diseñar una estrategia preventiva y un organismo negociador de precios de medicamentos e insumos para el Minsa, patronatos y otros. Pero parece que todo esto quedó en nada. Además, plantearon la necesidad de ampliar la cantidad de policlínicas que proveen los llamados medicamentos solidarios, pero esto parece no haber sucedido.
A principios de este año 2023, se anunció que se comprarían 132 medicamentos que se mantienen en la lista de desabastecimiento crítico, desde la misma mesa de medicamentos, bajo el mando y coordinación del vicepresidente, a través de la expedición del Decreto Ejecutivo 1 de 16 de enero.
Se presentaron cuatro proyectos de decretos ejecutivos para subrogar la reglamentación de la Ley 1 de 2001, reglamentar la política nacional de medicamentos, reglamentar el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá (Decreto Ejecutivo 2 de 16 de enero de 2023) y reglamentar el Plan Nacional de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos (Decreto Ejecutivo 4 de 19 de enero de 2023).
Pero nada de esto parece haber resuelto el permanente y continuo desabastecimiento de medicinas. También sigue en el aire el tema del decreto ejecutivo que modifica el arancel de importación para favorecer la compra de medicamentos para enfermedades crónicas. Y ante la falta de iniciativa, la mesa técnica de trabajo para resolver el desabastecimiento, coordinada por el vicepresidente, recomienda al presidente extender por seis meses más la medida del 30% de descuento a 170 medicamentos de la lista excepcional o de emergencia.
Esta medida, según el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), ha causado el cierre de 30 farmacias en el país durante los últimos seis meses, dejando a más de 100 personas sin empleo de forma directa y 50 de forma indirecta.
Pero el cuento aún no termina. Entre los compromisos incluidos en el Pacto del Bicentenario como proyecto terminado, está la supuesta sanción de la Ley 97 de 4 de octubre de 2019, que modificó y adicionó artículos a la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Ley que, según el gobierno, puso en función el nombramiento de la comisión, presidida por el vicepresidente, que declara el desabastecimiento crítico de medicinas.
Y como el papel lo aguanta todo, al no existir un mecanismo de seguimiento ni se ha diseñado la estrategia de comunicación para el Pacto del Bicentenario, el país se mantiene en la zozobra del “no hay” medicinas, mientras que quien supuestamente iba a resolver el desabastecimiento de medicamentos, el excelentísimo señor vicepresidente de la República, dice que necesita la ayuda de “todos” para ser el próximo presidente del país.
En conclusión, prácticamente no hay medicinas del todo para enfermedades autoinmunes y críticas; se enfocan en que mejore el precio en la farmacia privada cuando en la pública escasea; las citas telefónicas no funcionan; los sistemas en la CSS son manuales, habiéndose invertido millones para tecnificarlos; su planilla sigue abultada en detrimento de los medicamentos de los asegurados; continua el hacinamiento, los malos tratos y el largo tiempo esperando citas médicas, y no hay expedientes digitales, pero mientras tanto, los responsables de la debacle se dedican ahora a pedir votos desde un muy bien remunerado cargo público y sin haber rendido cuentas de su fallida gestión.
El autor es abogado
