Panamá vuelve a hablar de reforma educativa. Mesas de trabajo, comunicados oficiales y buenas intenciones se multiplican mientras se anuncia la revisión de una Ley Orgánica de Educación que data de 1946. El debate es necesario y urgente. Sin embargo, antes de discutir estructuras, financiamiento o gobernanza, hay una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿para qué educamos?
En las discusiones actuales se habla de calidad, equidad, carrera docente, gestión y educación técnica. Todos son temas relevantes. Pero se ha dejado de lado el punto más importante: el objetivo superior del sistema educativo. Sin definir el fin, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio técnico sin impacto real.
Basta salir a la calle para entender el problema. Calles sucias, gritos, irrespeto, maltrato en oficinas públicas, indiferencia frente al otro. Y, atravesándolo todo, corrupción, tanto pública como privada. Estas conductas no aparecen de la nada. Son el reflejo de una educación que ha fallado en su misión esencial: formar ciudadanos.
Educar no es solo enseñar matemáticas o preparar para el mercado laboral. Es formar personas conscientes de que la escuela es un bien común que se cuida, que los libros no son desechables, que el espacio público no es tierra de nadie y que vivir en sociedad implica respeto, responsabilidad y límites compartidos.
La corrupción no es únicamente un problema de leyes o castigos. Es, ante todo, un problema cultural y educativo. Surge cuando los ciudadanos conocen sus derechos, pero ignoran —o deciden ignorar— sus deberes. Cuando se normaliza “jugar vivo”, sacar ventaja indebida, mirar hacia otro lado o justificar lo injustificable.
Una educación centrada en la ciudadanía debe enseñar, desde temprano, que los derechos no existen sin deberes. Que exigir servicios públicos de calidad implica rechazar el soborno. Que reclamar justicia requiere actuar con honestidad. Que el bien común está por encima del beneficio personal. Y que tolerar pequeñas faltas abre la puerta a grandes abusos.
Durante años, el sistema educativo panameño ha priorizado la formación de trabajadores por encima de la formación de ciudadanos. Pero una sociedad no funciona solo con mano de obra capacitada. Funciona cuando las personas conocen y respetan sus derechos y cumplen sus deberes. Como dijo Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Esa frase debería ser una lección básica desde la infancia, no una cita olvidada.
La crisis educativa que vivimos no es solo de contenidos o resultados académicos. Es una crisis de sentido. Hemos confundido metas técnicas con fines humanos, subordinando la educación a indicadores de corto plazo y a las urgencias del mercado.
Por eso, el norte irrenunciable de cualquier reforma debe ser uno solo: formar ciudadanos. Ciudadanos que sepan leer y escribir con comprensión, que puedan transmitir su pensamiento de forma clara y coherente, que piensen críticamente, que participen, que respeten al otro y que entiendan que su libertad termina donde empieza la del vecino. Ciudadanos capaces de comunicarse con su entorno y de actuar con responsabilidad.
Sin esta definición clara, cualquier cambio legal será superficial. Panamá no necesita solo mejores programas ni más presupuesto. Necesita una educación que vuelva a enseñar a convivir, a respetar, a asumir deberes y a rechazar la corrupción como práctica social.
Sin ciudadanos, no hay democracia. Y sin ciudadanos íntegros, no hay sociedad que resista.
Educar para vivir juntos, no solo para trabajar
Cada vez que se habla de educación en Panamá, el debate suele concentrarse en empleo, productividad y competitividad. Se repite que el sistema educativo debe formar a los estudiantes para el mercado laboral. El problema es que, en ese camino, hemos ido olvidando formar personas.
La educación del siglo XXI no puede reducirse a producir trabajadores eficientes. Una sociedad no se sostiene únicamente sobre habilidades técnicas, sino sobre ciudadanos capaces de convivir, participar y pensar en el bien común.
Un primer pilar fundamental es la alfabetización integral. Leer y escribir no son simples destrezas escolares; son herramientas de ciudadanía. Quien no comprende lo que lee, quien no puede expresar ideas con claridad, queda excluido de una participación plena y equitativa en la vida democrática. Garantizar que todos los niños dominen la lectura y la escritura debe ser entendido como un derecho, no como una cifra estadística. Comprender, analizar, sintetizar y aplicar lo aprendido es una obligación ineludible del sistema educativo.
Pero saber leer no basta si no se sabe convivir. Por ello, la educación debe formar ciudadanos éticos, participativos y solidarios. No se trata solo de memorizar valores, sino de vivirlos cotidianamente en la escuela: respetar normas, participar, resolver conflictos sin violencia y cuidar lo que es común.
En muchos países admiramos conductas que parecen espontáneas: estudiantes que limpian sus aulas, ciudadanos que respetan filas, conductores que ceden el paso, personas que ofrecen su asiento a adultos mayores o mujeres embarazadas, peatones conscientes de que el espacio público es compartido. Nada de esto es casual. Es el resultado de una educación que enseña desde temprano que vivir en sociedad implica considerar al otro.
Ser ciudadano en el siglo XXI va mucho más allá de votar cada cierto tiempo. Implica informarse, cuestionar, respetar la diversidad, defender los derechos humanos y comprometerse con el entorno. En una era marcada por la sobreinformación y la manipulación, el pensamiento crítico resulta tan esencial como cualquier competencia técnica.
Esto no significa ignorar la formación laboral. Significa equilibrarla. El enfoque tecnocrático ha subordinado la educación a la empleabilidad inmediata, debilitando su misión formativa. Es indispensable integrar una formación humanista, ética y ambiental en todos los niveles educativos, junto con el desarrollo de competencias socioemocionales y conciencia ecológica.
Una nación no se construye solo con técnicos eficientes, sino con ciudadanos sensibles, críticos y responsables. Personas capaces de trabajar, sí, pero también de convivir, deliberar y cuidar lo que es de todos.
El episodio público de la última campaña electoral, donde un aspirante al solio presidencial fue incapaz de resolver un problema matemático básico y luego trivializó su falta de preparación, no es una anécdota menor. Es un síntoma de una formación básica deficiente, donde el razonamiento, la serenidad y la capacidad de reconocer límites no fueron adecuadamente cultivados.
La mala formación genera dependencia: intelectual, económica y social. Una sociedad mal educada se vuelve vulnerable, fácilmente manipulable por ideologías vacías o por un mercantilismo desmedido que reduce al ciudadano a consumidor.
Panamá necesita un nuevo pacto educativo. Uno que entienda que leer y escribir es pensar, que educar es formar carácter y que producir no puede estar divorciado de la dignidad humana.
Por último —aunque debería ser lo primero—, cabe una pregunta esencial: ¿qué deseamos como sociedad formar con el sistema educativo que vamos a aprobar e implementar con la nueva reforma educativa? Mi respuesta es clara: debemos formar ciudadanos, así, en minúscula tipográfica pero en mayúscula ética; después vendrá lo demás.
Sin ciudadanos, no hay desarrollo sostenible ni democracia posible.
El autor es ciudadano.
