El sistema internacional de posguerra, construido bajo el liderazgo de los Estados Unidos (Bretton Woods, Dumbarton Oaks), ha entrado en una fase de desmantelamiento. La reconfiguración del orden mundial que presenciamos en este 2026 no es una transición ordenada, sino un retorno brutal al realismo político. En este nuevo escenario, el multilateralismo que alguna vez prometió igualdad jurídica entre naciones ha sido reemplazado por una anarquía en la que la validez de un tratado depende exclusivamente de la capacidad militar de quien lo firma. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una posibilidad real.
Para Panamá, este cambio de paradigma es alarmante. Estamos transitando de un mundo regido por el derecho a otro dominado por esferas de influencia. Bajo esta lógica, Washington parece haber desempolvado una versión agresiva de su política exterior: el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Esta visión no solo reclama “América para los americanos” como una extensión de los lineamientos de la política exterior de America First de la administración Trump, sino que subordina la soberanía de los Estados de la región a los imperativos de seguridad nacional de Estados Unidos, ignorando las normas del Derecho Internacional.
Bajo este mismo prisma, potencias como Rusia y China aplicarían una lógica similar en sus respectivas latitudes, como en los casos de Ucrania y Taiwán, respectivamente, sin necesidad de reclamos cruzados entre actores con conductas de facto equivalentes.
En este tablero de ajedrez, el Canal vuelve a colocarse en el centro de la tormenta. Durante décadas, nuestra neutralidad —consagrada en los Tratados Torrijos-Carter— fue el escudo que permitió a Panamá navegar las tensiones globales. Sin embargo, en un mundo donde impera la fuerza, la neutralidad es percibida por las potencias como un vacío de poder o, peor aún, como una oportunidad para el adversario.
El escenario más sombrío, que el realismo obliga a examinar, es el de una intervención directa. Si la tensión con potencias extrahemisféricas escala, no es descartable que Estados Unidos, invocando la protección de una infraestructura crítica para su seguridad, decida tomar el control físico del Canal por la fuerza. En una era de desprecio por el derecho internacional, el argumento de la “necesidad estratégica” podría aplastar la soberanía panameña en cuestión de horas.
Panamá debe comprender que su mayor activo es también su mayor vulnerabilidad. La defensa de nuestra soberanía en 2026 exige una diplomacia de extrema sofisticación, capaz de gestionar la relación con Washington sin alienar a otros socios, aun sabiendo que, en la práctica, el margen de maniobra se estrecha peligrosamente.
El desafío para la clase política es evitar que Panamá se convierta en un peón sacrificable en la pugna de las grandes potencias por el control del comercio global y por su valor geopolítico como choke point.
Lo preocupante es la percepción de complacencia ante una aparente calma que da falsamente la impresión de que las exigencias y presiones de Washington han cesado o disminuido en intensidad, y de que la eventual “toma del Canal” y su periferia ha sido zanjada con controvertidos arreglos bilaterales de “botas” sobre el terreno, entre otros. Este error de cálculo político-estratégico requiere una inmediata rectificación ante la realidad cambiante. Ante el ocaso de las normas en el sistema internacional, el riesgo de una intervención en el Canal se convierte en una realidad potencial del uso de la fuerza bruta.
El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad internacional.
